La comisión de constitución y reglamento del Congreso de la República juega con fuego al aprobar el dictamen que reforma más de 50 artículos de la Constitución Política del Perú.
Tras oponerse a la convocatoria de una asamblea constituyente, la mayoría parlamentaria representada en la citada comisión ha propuesto modificar aproximadamente la cuarta parte del texto constitucional mediante un dictamen denominado Ley de Reforma Constitucional que Restablece la Bicameralidad en el Congreso de la República.
Se trata de un texto de 190 páginas en las que se va más allá del establecimiento del Senado de la República. El dictamen en cuestión incluye –además de la bicameralidad- la reelección de los congresistas: diputados y senadores por un solo periodo en la misma cámara, pero sin restricciones pasando de una a otra, lo que en Méjico se ha conocido como “chapulines” –grillos, para nosotros- que saltan de una cámara a otra sin final.
El dictamen establece, además, que para que la cámara de diputados sea disuelta constitucionalmente por el Presidente de la República se requiere que le haya negado la confianza al gabinete ministerial por tres veces, no por dos como es ahora. Se protegen.
Entre otros aspectos de especial preocupación, el dictamen de la comisión de Constitución señala que el Congreso puede suspender o inhabilitar a los miembros de los organismos electorales -JNE, ONPE y RENIEC- luego de una acusación de la cámara de diputados aprobada por el senado.
Esta figura es altamente riesgosa. Como acabamos de presenciar, el actual Congreso nombró una comisión especial investigadora de las elecciones generales del 2021 que recomendó acusar constitucional y penalmente a los titulares del JNE y de la ONPE; el informe –carente de sustento- fue felizmente archivado por decisión de la mayoría de congresistas. Pero si se aprobara el texto de la comisión de Constitución tendríamos a los organismos electorales bajo un permanente acoso de quienes –aun logrando representación parlamentaria- podrían usar sus prerrogativas para acusar si es que no se sienten “a gusto” con los resultados de los comicios.
Hasta aquí tres preguntas para la reflexión y el debate. La primera es ¿Por qué para restablecer la bicameralidad es necesaria la reelección de congresistas? La segunda ¿Por qué pasar de dos a tres negaciones de confianza para disolver la cámara de diputados? Y la tercera, ¿Por qué debilitar la autonomía de los organismos electorales y colocarlos bajo una espada de Damocles?
El dictamen en mención juega con fuego no sólo por las inconsistencias que revela, sino también por la ruta política que ha de seguir.
Se trata de una reforma constitucional y, por tanto, requiere ser aprobada por una de las dos siguientes vías. Una es la de 87 votos a favor en dos legislaturas sucesivas, un número de votos muy difícil de alcanzar. La otra es 66 votos a favor –por lo menos- y una consulta en referéndum.
He dicho que juega con fuego también por la ruta política. Según algunos medios de prensa, la directiva del Congreso pondría al voto el dictamen en la presente legislatura que, como sabemos, ha sido ampliada hasta el 8 de julio. De ser aprobado con menos de 87 votos –como podría ocurrir- queda la obligación de llevarlo a un referéndum para que la ciudadanía lo ratifique o lo desestime.
No sólo me resulta difícil imaginar un referéndum para una reforma constitucional de más de 50 artículos, sino que además preveo que incluir la reelección llevará a los y las votantes a inclinarse por el no. Esto sería una clara derrota para quienes desde el Congreso impulsan una reforma que, pese a su importancia, ha sido muy poco debatida y explicada.
Como dice la canción: no juegues con el diablo, el diablo come candela.