El gobierno ha puesto en marcha un plan para expulsar a extranjeros que cometan delitos y que no cuenten con tres dosis de vacunación, para «hacerle frente» a la inseguridad ciudadana. Sin embargo, expertos señalan que esta medida no es viable y viola acuerdos internacionales.
En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, explicó que el contexto de inseguridad ciudadana «preocupa» especialmente en regiones como Lima, Callao, Trujillo, entre otros. Para combatir esto, el gobierno ha lanzado un polémico proyecto de deportación.
“Hemos aprobado el proyecto de ley que modifica el decreto legislativo 1350, decreto legislativo de Migraciones respecto a la expulsión de ciudadanos extranjeros que se encuentren ilegalmente en el país o que se hayan comportado al margen de la ley”, dijo el premier.
La propuesta se presentó el 5 de agosto por el Ministerio de Justicia y modifica el decreto legislativo 1350 sobre migraciones. En este caso, el artículo 54, por lo cual se eleva a 25 años el tiempo de prohibición para reingresar a Perú luego de ser expulsado.
Además, agrega al artículo 58 seis nuevos supuestos que podrían acarrear dicha expulsión.
A la lista se suman aquellos que no acaten las “disposiciones sanitarias”, es decir, los que no se vacunen contra la Covid-19. Además, también serán sacados del país los extranjeros que no porten su documento de identidad o que tengan en su poder armas de fuego, explosivos sin autorización, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas.
Otra causal para expulsar a un extranjero del país es que maneje y brinde servicio de delivery en moto sin el permiso de las autoridades, o conduzca vehículos sin acreditar la titularidad o la cesión de la unidad.
Igualmente, el decreto modifica el artículo 368 del Código Penal, sobre resistencia o desobediencia a la autoridad.
Se sancionará con una condena no menor de 3 años ni mayor de 6 años a la persona que “desobedece o resiste la autoridad legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención”.
Apoyo de la embajada de Venezuela
El presidente Castillo también dio a conocer que el programa para expulsar a los extranjeros que cometan delitos está en marcha.
He ordenado que se inicie a través del @MininterPeru, el programa “Retorno a su país” para que se expulse a todos los extranjeros que cometan delitos en el Perú. Agradezco la disposición de la embajada de Venezuela y demás embajadas con las que se viene coordinando.(1/9) pic.twitter.com/YL6VQ2ayUY
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) August 12, 2022
En su cuenta de twitter, el presidente agradeció el apoyo de la embajada de Venezuela.
Sin embargo, la medida puede resultar excesiva o desproporcional para los expertos.
Extranjeros en Perú
El Perú s el segundo país con mayor número de migrantes venezolanos en el mundo, con más de 1,3 millones de personas. De ellas, alrededor de 410.000 están bajo condición de refugiados.
En los últimos años han sido víctimas de múltiples actos de xenofobia por parte tanto de algunos grupos sociales, como de las propias autoridades peruanas.
Aunque el gobierno de Pedro Castillo ha procurado no mencionar a los venezolanos, muchos expertos señalan que sus discursos contra los extranjeros los afectan directamente.
El abogado penalista Mario Amoretti señala que antes de cumplir la condena los extranjeros no pueden ser expulsados.
“Esto es por una razón bien simple: quien ha cometido un delito aquí en el país tiene que ser investigado, juzgado y sancionado por las autoridades judiciales del Perú”, dijo a La República.
Medida xenofóbica
La Defensoría del Pueblo rechazó la aplicación de este decreto contra migrantes indocumentados. En twitter, calificó esta medida como discriminatoria y desproporcionada e instó al Congreso peruano a archivarlo mientras se debate una reforma con mayor enfoque en los derechos humanos.
#MigrarNoEsDelito Rechazamos proyecto de ley del Ejecutivo que promueve la expulsión de ciudadanas/os extranjeras/os indocumentadas/os y en situación irregular en el país, en el marco de lucha contra la inseguridad ciudadana. Propuesta es discriminatoria y desproporcional. (1/4) pic.twitter.com/Yiy4NWAGDU
— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) August 11, 2022
“El proyecto criminaliza la migración irregular y afecta la dignidad de personas refugiadas y migrantes. Los motivos propuestos para la expulsión no tienen una visión de la situación de personas extranjeras en el país y de barreras para acceder al proceso de regularización migratoria”, afirma.
Defensoría recordó que los funcionarios públicos deben hacer su labor sin prejuicios, y apegados a los tratados internacionales suscritos por la nación.
El representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en el Perú, Carlos Scull, respondió el anuncio del mandatario. “Estigmatizar (y) criminalizar a venezolanos y extranjeros culpándolos por la inseguridad ciudadana –cuando sabemos que no es así– no es la solución”, aseveró. También señaló que “es importante atacar la delincuencia de manera integral” y no solo culpando a la comunidad de ciudadanos extranjeros.
Presidente @PedroCastilloTe estigmatizar criminalizar a venezolanos y extranjeros culpándolos por la inseguridad ciudadana -cuando sabemos que no es así – no es la solución. https://t.co/0q0GnVpT0y
— Carlos Scull🇻🇪 (@carlosscull) August 12, 2022
Sobre esto, el colectivo Movilidad Humana Perú también se pronunció en contra.
Desde el Grupo de Movilidad Humana de la CNDDHH rechazamos la aprobación del Proyecto de Ley que modifica DL No. 1350 de MIGRACIONES y el Código Penal, fomentando la expulsión de extranjeros del Perú sin el debido proceso establecido por ley, presentado el pasado 10/08/2022. pic.twitter.com/ov526LrwlZ
— Movilidad Humana Perú (@PeruHumana) August 12, 2022
Citando a la Constitución y a los compromisos internacional que el Perú está suscrito, el colectivo señala que la norma enfrenta directamente las máximas de respeto y salvaguarda de los derechos humanos contenidos en distintos instrumentos.
En resumen, el colectivo señala que se vulneran los derechos de protección al núcleo familiar, a la no discriminación por razón de origen, a una vida digna, entre otros.
En ese sentido, citan el expediente N.° 0048-2004-PI/TC del Tribunal Constitucional:
«Cuando la desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional estaremos frente a una discriminación y por tanto frente a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerante (FJ 62)»
Por eso, piden a los congresistas no aprobar la norma que «afectará la integración positiva de los migrantes a la sociedad». Sin embargo, la postura del Congreso podría ser otra.
Congreso más cerca al Ejecutivo
La postura del Congreso es más cercana a la del Ejecutivo. En febrero de este año, la bancada de Acción Popular presentó un proyecto de ley (PL N° 1280/2021-CR) que proponía modificar el decreto de migraciones. El fin era el mismo: expulsar del país a extranjeros que cometan faltas o hayan sido sentenciados por delitos.
Sin embargo, también contenía algunas causales polémicas como expulsión por agredir físicamente y de manera inmotivada a un peruano, o actos de racismo, o que se encuentren bebiendo alcohol en las calles.
Por otro lado, el 7 de julio, el Congreso intentó aprobar un dictamen que modifica el decreto de migraciones y regula el ingreso de extranjeros en el país.
La iniciativa legislativa fue aprobada con 105 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones. Luego, la representación nacional la exoneró de la segunda votación con 100 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones. Se brinda esta información para entender que la postura del Congreso tiene una amplio apoyo.
La norma señala que por motivos de seguridad nacional, salud pública, orden interno, orden público y seguridad ciudadana se puede limitar el ingreso y tránsito de los extranjeros de conformidad con el principio de proporcionalidad y soberanía.
Sobre los servicios de hospedaje, se precisa que los arrendadores de inmuebles, cualquiera que fuere su naturaleza y objeto, deben exigir la presentación de un documento que acredite la situación migratoria regular del extranjero con quien suscriba contrato y de los otros extranjeros que habiten y formen parte del grupo arrendador en el mismo inmueble.
Actualmente el proyecto se encuentra en revisión por objeciones del propio Ejecutivo. Sin embargo, parece que el último dictamen del gobierno muestra cuál es su postura.
