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sábado, mayo 18, 2024

LA CUESTIÓN INDÍGENA A UN AÑO DEL “GOBIERNO DEL PUEBLO”

El gobierno de Pedro Castillo, con todo el simbolismo que implicaba tener al primer Presidente campesino, rondero y profesor rural en la historia del Perú, prometió al inicio de su mandato un énfasis especial respecto a los derechos de los pueblos indígenas. A un año del gobierno, se puede decir que no ha habido avances significativos. Es más, no se han planteado objetivos de gobierno concretos sobre el tema. Y los pocos temas que se plantearon no han sido desarrollados. Por ejemplo, en su discurso de investidura, Castillo manifestó que renombraría el nombre del Ministerio de Cultura para denominarlo “Ministerio de las Culturas”, y así reforzar el carácter pluricultural de la nación. Sin embargo, no se observa ningún esfuerzo en ese sentido. Y es que el recambio constante de ministros en el sector (4 hasta la fecha) hace muy difícil plantear, desarrollar y sostener políticas públicas que por naturaleza requieren de una alta legitimidad social. Otro ejemplo: justo antes del inicio del gobierno, el Ministerio de Cultura pre-publicó la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2030 y planteaba un plazo de 60 días para recoger los comentarios de la ciudadanía. Hasta la fecha no hay un documento aprobado y, más bien, organizaciones de la sociedad civil cuestionan el proyecto de documento por no contener las prioridades que las organizaciones y pueblos indígenas han estado demandando por décadas.

En efecto, un tema fundamental tiene que ver con la personería jurídica de estos pueblos. Experiencias como la de los Gobiernos Autónomos Territoriales Wampís y Awajún en la Amazonía han sido no solo ignoradas sino opuestas por el estado. Estos pueblos demandan su reconocimiento legal como naciones bajo el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, lo que fue reconocido por ordenanzas regionales de Cajamarca y Loreto. Sin embargo, en el 2019 el Tribunal Constitucional declaró que dichas ordenanzas eran inconstitucionales porque – siguiendo el argumento planteado por el Ministerio de Cultura – este tipo de reconocimiento solo correspondía al Ministerio de Cultura pues tendría “competencia exclusiva” para ello. A la fecha, sin embargo, no hay propuesta alguna ni en el proyecto de política mencionado ni en proyectos normativos para un reconocimiento de esta naturaleza. Lo mismo respecto al territorio indígena. Según la legislación nacional, en áreas forestales donde viven ancestralmente pueblos indígenas solo se les puede reconocer sobre su territorio derechos de “cesión en uso”, y no derechos territoriales. Las organizaciones indígenas vienen demandando desde hace varios años en los tribunales el reconocimiento de su territorio integral. Este gobierno pudo haber recogido estas demandas y trabajar propuestas de política pública, pero está muy lejos de ello.

En materia de consulta previa si bien se han desarrollado varios procesos en minería y en hidrocarburos, además de en políticas y planes que impactan directamente en pueblos indígenas, varias de las premisas de estos procesos no se han cumplido. Es decir, la consulta previa en muchos casos no ha reducido la conflictividad social, sino que ha abierto nuevos espacios para recibir demandas sociales insatisfechas. De hecho, varios estudios muestran como las consultas realizadas adolecen de problemas institucionales y estructurales. Un ejemplo del problema institucional es la falta de mecanismos de seguimiento de los acuerdos de consulta. Sobre el tema estructural, las profundas brechas sociales hacen que muchos pueblos consultados acepten cualquier condición para el desarrollo de proyectos (lo que luego termina generando conflictos sociales) o cuestionen todo el proceso de consulta por no incluir temas que van más allá de los proyectos pero que son urgentes (como la remediación ambiental y la titulación de tierras). La PCM vienen implementando un Plan de Cierre de Brechas en las regiones petroleras para enfrentar este problema, pero se denuncian atrasos en la ejecución y se critica el hecho de que no se consideraron las propuestas de las organizaciones indígenas para ser co-gestores en la implementación de este Plan.

Es importante mencionar finalmente la situación de los defensores y las defensoras ambientales, quienes sufren de acoso y victimización por actividades extractivas (muchas veces ilegales) en sus territorios. Las víctimas son por lo general miembros de comunidades nativas o campesinas que se oponen al desarrollo indiscriminado de estas actividades. Se calcula que cada año mueren alrededor de 5 personas defensoras ambientales. Sin embargo, el Perú no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, el cual obliga al estado a establecer mecanismos especiales para estas situaciones.

En fin, el tema indígena requiere de varias reformas, pero estas ni si quiera se han comenzado a plantear. No parece ser una prioridad de gobierno. ¿Qué países de la región podemos tomar como referencia? Varios. En Chile, la Convención Constitucional ha aprobado el proyecto de nueva constitución transformando radicalmente la forma jurídico y política del estado: se reconoce a Chile como un estado plurinacional. Esto tiene profundas implicancias en el reconocimiento de derechos territoriales y la autonomía de los pueblos indígenas. Es un modelo ambicioso que se ha venido implementando en Bolivia y Ecuador con avances y retrocesos pero que implica reconocer la deuda histórica que tenemos con las naciones originarias y la posibilidad de construir un futuro más plural y equitativo. En Colombia, el presidente electo Gustavo Petro ha anunciado un trabajo conjunto con los pueblos indígenas, resolver el problema de la tierra y tomar medidas para una transición energética considerando el conocimiento ancestral de las poblaciones originarias. Esta tendencia ecologista ambientalista debería ser considerada más seriamente no solo por las autoridades sino por la academia. Es un tema que ya está hace tiempo en la agenda de las organizaciones indígenas peruanas, pero no le damos la atención debida.

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