A pedido del fiscal de lavado de activos Richard Rojas, el juez Jorge Chávez Tamariz ordenó incautar más de S/2.3 millones de las cuentas bancarias de Vladimir Cerrón y su madre Bertha Rojas. Ello por el caso de presunto financiamiento ilícito de Perú Libre.
De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta organización criminal en Perú Libre tenía como fines “financiar indebidamente” las campañas políticas (distrital, regional, congresal y presidencial) “desde su fundación y sus anteriores denominaciones”.
La Fiscalía sostiene que se habrían financiado indebidamente procesos judiciales en los que se vieron inmersos dirigentes del partido. También señala que se habría incrementado injustificadamente el patrimonio económico de los integrantes de la presunta organización criminal.
Según la tesis fiscal, Vladimir Cerrón sería el presunto líder de una organización criminal, mientras que su madre Bertha Rojas tendría el supuesto rol de “testaferro”.
#Ahora A pedido del fiscal de lavado de activos Richard Rojas, el juez Jorge Cháve Tamariz ordenó incautar más de S/2.3 millones de las cuentas bancarias de Vladimir Cerrón y su madre Bertha Rojas. Ello por el caso de presunto financiamiento ilícito de Perú Libre. @Politica_LR pic.twitter.com/xkn8upmG0F
— Alonso Collantes (@acollantes_r) August 9, 2022
Luego de evaluar los elementos de convicción, el juez Jorge Chávez Tamariz aseveró que “la incautación resulta idónea, dado que es la más adecuada para el resguardo y aseguramiento de la suma dineraria, la misma que podría ser objeto de decomiso, por constituir efecto del delito de lavado de activos”.
“En cuanto a la necesidad, se considera que no existe otra medida menos lesiva para lograr el resguardo y aseguramiento del dinero y posterior decomiso. Finalmente, respecto a la proporcionalidad en sentido estricto, considera este juzgador, que resulta razonable limitar el derecho a la propiedad, en tanto, que se pretende lograr asegurar los efectos del delito de lavado de activos que genera una afectación pluriofensiva a los bienes jurídicos tutelados por la Constitución Política”, sostuvo el magistrado.
