Por Ana Romero Cano
Perú lleva ya muchos años inmerso en una política de apertura comercial que ha implicado una serie de tratados bilaterales de inversión (TBI) y tratados de libre comercio (TLC). Y una de las grandes preocupaciones desde sociedad civil ha estado -y sigue estando- enfocada en el mecanismo de protección de inversiones que está contenida en estos tratados.
Hoy en nuestro país contamos con 27 TBI vigentes que contienen la cláusula de solución de disputas inversor-Estado que permite a los inversionistas extranjeros demandar al gobierno peruano ante tribunales de arbitraje internacional cuando sienten que alguna medida adoptada por el Estado peruano estaría afectando negativamente sus ganancias. Dicha demanda no tiene que pasar por mecanismos nacionales en una clara intromisión de la soberanía.
De estos 27 TBI, existen 19 que ya tienen fecha caduca y 8 fueron renovados, pero ahora tienen una nueva fecha de caducidad. Existen tratados que han caducado incluso en el 2006 dado los artículos que permiten ser terminados unilateralmente, sin embargo, los gobiernos que han pasado desde aquel entonces no han hecho nada.
A ello hay que sumarle 14 acuerdos comerciales que cuentan con un capítulo de protección de inversiones y por lo tanto con la cláusula de mecanismos Inversionista-Estado. Incluso el TPP-11 que es el último acuerdo ratificado contiene un capítulo de inversiones.
Por supuesto, toda esta apuesta peruana por insistir con esta política de apertura comercial ha tenido consecuencias. Hoy somos por segundo año consecutivo el país más demandado del mundo. La mayor parte de las demandas vienen de inversores de Estados Unidos y Europa, un 80% aproximadamente, y se concentran sobre todo en el sector minero e hidrocarburos, que como sabemos involucran temas sensibles en nuestro país por su rol en la economía, pero también por la conflictividad en esos sectores, como el caso de la compañía canadiense Lupaka Gold Corp. que en octubre de 2018 las y los campesinos de la comunidad protestaban por la ocupación de sus terrenos y los daños ambientales en la zona. Hoy existe un arbitraje ante el CIADI exigiendo al gobierno periano US$ 100 millones.
La defensa de nuestro país frente a esas demandas y las preocupaciones expresadas desde sociedad civil se respalda en que el Perú ha ganado la mayoría de las demandas. Pero ojo, no solo se gasta cuando perdemos demandas. Cada demanda contra nuestro país representa gastos millonarios para el Estado peruano que son pagados con nuestros impuestos todos los peruanos y peruanas. Pagos a peritos, arbitrios, bufetes de abogados acá y en el país del inversor, gastos de viajes, entre otros. Gastos que no necesariamente son recuperados frente a un caso ganado.
¿Y qué hacer? Son varios los caminos. No firmar más acuerdos o tratados que involucren este mecanismo inversionista-Estado, denunciar los acuerdos que lo tienen, dar por concluidos los TBI con fecha caduca, entre otros. Sin embargo, sin una voluntad política esto no es posible. No podemos seguir firmando acuerdos o tratados sin un análisis de que ha significado esta política todos estos años. Es clave contar con un estudio de impacto para hacer cambios y ajustes necesarios en beneficio de los peruanos y peruanas.
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