Por Jaime Cruces
Valkiria II es el cinematográfico nombre de la operación que llevó adelante la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la madrugada del martes 11 de octubre, en la que 200 policías y 60 fiscales allanaron las oficinas parlamentarias y viviendas de los 6 “niños” de AP, de los llamados asesores a la sombra, de la hermana del presidente y de otros personajes del entorno de Castillo.
La operación Valkiria II, así la denominaron, precedió a la denuncia constitucional que la Fiscal de la Nación presentó horas después. Fue todo un teatro de operaciones digno de elogio, y concitó la atención de la comunidad nacional e internacional por lo espectacular del procedimiento con allanamientos, combazos y descerrajes que incluyeron oficinas del Congreso de la República.
Como se sabe la Operación Valkiria fue un complot para asesinar a Hitler el 20 de julio de 1944, cuando el curso de la II Guerra Mundial ya estaba definido, y que fracasó porque el maletín bomba destinado a liquidar al Führer fue movido de su lugar, la fiscalía ha denominado a su operativo Valkiria II, deben están seguros que este plan –para conseguir los votos- no va a fallar.
Esa denuncia constitucional era esperada desde que la fiscal, Patricia Benavides, concurrió a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, en donde para sorpresa de propios y extraños soltó la frase: “El Ministerio Público es una familia pobre en un país rico. Está en sus votos cambiar esta situación”, parodiando el famoso lema de campaña de Castillo: “No más pobres en un país rico”.
Si esa parodia hubiera salido de la boca de Patricia Chirinos, el marino Montoya o María del Carmen Alva sería comprensible, pero que la Fiscal de la Nación se ponga a ese nivel significa que ya no le interesa guardar las formas, a pesar de que es la responsable de conducir las investigaciones que por primera vez en la historia se hace contra un presidente en ejercicio, los anteriores Fujimori, Toledo, García, Humala y PPK estuvieron blindados.
En el ínterin, desde su presentación en el Congreso y la operación Valkiria II Patricia Benavides recibió una condecoración, nada menos que de los abogados vinculados a Castillo, quienes la denunciaron penalmente por formar parte de una presunta organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción de la justicia, por su intervención en el cambio de la fiscal que investigaba a su hermana por graves delitos.
La denuncia de los abogados de Castillo fue usada por la fiscal –imitando a Castillo- para victimizarse y eludir las acusaciones por conflicto de intereses, pero además la fiscal ha decido incursionar como columnista política del diario El Comercio, realizar conferencias de prensa al estilo de los políticos en campaña como Vizcarra o Keiko rodeada de su equipo más íntimo y lanzar proclamas moralistas.
Como era de esperarse, la reacción de Castillo y sus ministros ante la operación Valkiria II ha sido la de siempre, recurrir a la demagogia y a la victimización sin responder a las fundadas acusaciones de corrupción de su entorno y en su gobierno, insistir con la cantaleta que es atacado por su origen rural y negar las evidencias que le revientan en la cara.
Este espectacular operativo de la fiscalía ha cogido -sin lugar a dudas- con los pantalones abajo a Castillo y su corte de ayayeros (ministros), porque el objetivo final, aparte de arrinconar a los denominados congresistas niños, es también intimidar a los congresistas que no comulgan con el Gobierno ni con la posiciones de extrema derecha para que terminen votando a favor de la denuncia sin tocar el art. 117.
SUSPENDER, SUSPENDER
La denuncia constitucional, más penal que constitucional presentada al Congreso, en la que señala: «Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno», es el resultado de una investigación preliminar y llega en un momento en que el Ejecutivo y el Congreso se aferran al poder y no quieren irse.
Esta denuncia constitucional resultaría siendo una jugada maestra para que este poder del Estado suspenda a Pedro Castillo del ejercicio de la presidencia, de quien no tengo dudas ha cometido actos de corrupción, y mediante la figura de la suspensión la fiscalía podría continuar las investigaciones y hasta disponer la prisión preventiva de Castillo, investigaciones que pueden durar varios años.
Esa figura dejaría con las manos libres al Congreso para quedarse hasta el 2026, tomar el poder Ejecutivo y nombrar al general ® Williams Zapata como presidente de la República hasta el 2026, mediante la figura de la suspensión buscan eludir la convocatoria de elecciones generales e instaurar un gobierno autoritario que ponga mano dura si la población se levanta como sucedió con Merino.
Ahora se entiende con mayor claridad porque el Congreso se ha negado reiteradamente modificar o derogar el artículo 117 de la constitución del 93 que blinda a los presidentes corruptos en ejercicio, porque su objetivo no es perseguir la corrupción, su objetivo es eludir la convocatoria de nuevas elecciones y lo estarían consiguiendo aprovechando esta denuncia fiscal.
Sin embargo hay algo adicional que está pasando por agua tibia, si bien los argumentos penales de la denuncia no están en discusión, la fiscalía ha incorporado sutilmente, la narrativa política de que los congresistas que tienen una opinión diferente de cómo se debe acusar a Castillo o que no se alinean con las interpretaciones de la extrema derecha podrían ser cómplices de Castillo o habrían canjeado algún favor y eso es muy peligroso.
Todos los gobiernos elegidos en el Perú y en el mundo que no tienen mayoría parlamentaria, realizan acuerdos políticos o forman coaliciones en pos de la gobernabilidad, lo hizo Toledo con el FIM, Alan García se jaló a 14 nacionalistas liderados por el antaurista José Vega y a los 13 de Keiko, y es que los acuerdos o coaliciones no pueden ser considerados delitos. Distinto es cuando con pruebas en mano se demuestra que hay gobiernos que compran congresistas como Fujimori-Montesinos, que cajean votos por indulto (Kenyi Fujimori –PPK) o Castillo y los “niños”.
En resumen Castillo no va a renunciar, el Congreso tampoco lo quiere vacar, solo busca suspender, ojo, suspender a Castillo para quedarse hasta el 2026 e imponer al general® Williams Zapata como presidente de la República y la denuncia de la fiscalía tiene elementos de convicción penales pero no tiene sustento constitucional.
Por lo pronto el operativo Vlakiria II -conseguir votos en el Congreso- viene teniendo éxito, casi todos los “niños” ya han dicho que van a votar contra Castillo, y los congresistas que no son “niños” pero que tienen miedo a que les pongan la chapa y los vinculen con Castillo también se están sometiendo. Sin embargo, este procedimiento que comienza en la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales podría resultar largo y engorroso, hoy parece que la suerte de Castillo estaría echada, pero pasado el susto, nadie sabe lo que pueda pasar.
¡QUÉ SE VAYAN TODOS!