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miércoles, junio 12, 2024

La agenda política de los gobernadores

Por David Montoya

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) es una asociación civil creada el año 2007, promovida por algunos presidentes regionales de esa época con el apoyo y la promoción de la cooperación alemana GIZ y el Grupo Propuesta Ciudadana, motivada principalmente porque en el segundo gobierno de Alan García se cercenó la conducción del proceso de descentralización, que al final se redujo a una Secretaría dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros. Han pasado más de 15 años.

En un contexto de crisis generalizada en el país, la voz y la agenda política de los gobernadores regionales buscando salidas o enrumbar caminos aparece todavía muy débil para el problema  político no resuelto. Desde la presidencia de la ANGR se ha planteado como salida a la crisis la renuncia de la presidenta de la República o el adelanto de elecciones, actos que se encuentran paralizados por el juego en pared entre Ejecutivo y Legislativo para perdurar hasta el 2026. En ese escenario la ANGR tiene que construir su agenda política ante el gobierno nacional, principalmente para fortalecer el proceso de descentralización y su gestión pública.

El 2023, se cumplen 21 años de la reforma de la Constitución y la promulgación de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR).  El objetivo de la reforma era alcanzar un país más integrado, mejor representado y con niveles de desarrollo territorial importantes. Los plazos que se esbozaron en el debate y la interacción entre parlamento, Ejecutivo, sector privado, universidades y sociedad civil, planteaban que los primeros resultados de estas metas se irían a notar en unos veinte o treinta años. Pero, la descentralización que es un medio para alcanzar el desarrollo integral se ha convertido en un fin de los partidos políticos para participar cada 4 años en elecciones.

A la vuelta de dos décadas, es claro que pasará un largo trecho antes de avizorar cambios fundamentales, más aún en un escenario de una alta descomposición política y donde no se mejoran las políticas públicas.

Los gobiernos regionales que por costumbre o eufemísticamente llamamos regiones, no son tales y ese quizá es uno de los primeros cuellos de botella por definir o resolver. Precisamente porque no son regiones el Ministerio de Economía y Finanzas en aplicación del Decreto Legislativo N 955, Ley de Descentralización Fiscal, financieramente las trata como entidades transitorias sujetas, sólo a la primera etapa de asignación de ingresos a los gobiernos regionales, vale decir transferencias presupuestales desde el nivel central. Ingresar a la segunda etapa de asignación de ingresos implicaría que existan regiones, porque se trata de: “Transferencias presupuestales, asignación de los recursos efectivamente recaudados en cada Región por determinados impuestos del Gobierno Nacional, incentivos al esfuerzo fiscal”.

Avanzar a la constitución de regiones, no parece motivar a los partidos ni a las autoridades electas, entre otras cosas por el complejo trámite que implicaría reformar la Constitución y las leyes orgánicas de la descentralización. Una fórmula a debatir, sería potenciar las cinco regiones naturales que a decir de Rolando Arellano (Norte, Sur. Centro, Lima capital y Loreto un departamento-región) se están formando desde la economía. (ver aquí). Ello implicaría modificar la norma de descentralización fiscal para establecer los incentivos a los gobiernos regionales de estas “regiones naturales” y pueden interactuar preferentemente en estos espacios territoriales. Es tratar de iniciar un proceso de regionalización desde abajo.

En continuidad con los anterior, otra fórmula por ver es la propuesta del Banco Mundial que desde el 2017 señala que no se formarán regiones y lo que toca es darles a los departamentos todas las atribuciones de regiones plenas, entre ellas la  descentralización fiscal, y realizar la distribución en cuanto al cálculo producido por los impuestos en cada territorio. Adicionalmente, la ley de descentralización fiscal amerita cambios, porque es claro que Loreto es una región en si misma por su extensión territorial que posee y Lima, la capital, es un Régimen Especial y a través de la Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce funciones regionales, pero donde la Constitución señala que la capital no formará región. Si esto es así, nunca podría ingresar a la segunda etapa de la descentralización fiscal.

El funcionamiento adecuado de los sistemas administrativos en los gobiernos regionales es otro de los cuellos de botella que se reclama desde los GR sobre todo los referidos a los recursos humanos, el presupuesto y la inversión pública. Por eso las autoridades de los gobiernos regionales invierten tiempo importante de su gestión en venir a la capital y buscar recursos en los ministerios. La Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), desde el 2007 señala que la rectoría de estos sistemas se encuentra en el Poder Ejecutivo. Y, que éste adecúa el funcionamiento de estos sistemas al proceso de descentralización. Lo que no dice la LOPE es si esa adecuación de sistemas al proceso de descentralización es hacia los gobiernos regionales o para las regiones futuras.

Estos son sólo algunos de los muchos temas importantes por resolver a favor de los gobiernos regionales, pero que se puede resumir en una nula o débil conducción del proceso de descentralización, que se ha intentado superar con GORES Ejecutivos, Consejos Descentralizados y otras fórmulas, pero no han logrado superar los problemas principales. La Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización creó el Consejo Nacional de Descentralización, presidido por la PCM y con representantes de los GR y los municipios. Este es un tema fundamental que debiera ser parte de la Agenda Nacional de la ANGR y recuperar el espacio propio de conducción de la descentralización

En nueve meses o diez debe haber una nueva elección en la presidencia de la ANGR, por lo que este primer año del nuevo período de gobernadores regionales debe ser un momento para establecer unos lineamientos centrales de lo que debiera ser la agenda de los gobiernos regionales, frente al gobierno central y de cara al país.

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