El Fenómeno El Niño será una de las primeras grandes pruebas para el actual Gobierno, no solo por su capacidad para responder, sino tambien porque mostrará hasta qué punto el Estado ha aprendido a anticiparse a las consecuencias sociales de una emergencia.
Y una de esas consecuencias es la inseguridad alimentaria, ya que actualmente el 30.5 % de la población peruana se encuentra en esta situación. Es decir, aproximadamente 3 de cada 10 peruanos ya tienen dificultades para acceder a alimentos suficientes o adecuados, y por ende su alimentación ya esta vulnerada.
Por eso, mirar El Niño únicamente desde la infraestructura, sería una lectura incompleta. Ya que tambien habrán otras afectaciones como en la producción y abastecimiento de alimentos, en el aumento de los precios, e incluso en la ausencia de agua segura, situaciones que impactarán directamente en la nutrición de las familias.
Además, la situación económica hace aún más evidente la fragilidad en la que nos encontramos. En 2025, el 25.7 % de la población peruana se encontraba en situación de pobreza monetaria, es decir, 8.8 millones de personas. Pero a ello se le suma que el 32.8 % de la población era considerada no pobre vulnerable, esto significa que millones de personas pueden cubrir hoy su canasta básica de consumo, pero no tienen suficiente margen económico para resistir una crisis. Un aumento del precio de los alimentos o una reducción de los ingresos mensuales puede modificar rápidamente esa condición, y llevarlos a una situación de pobreza.
Por eso preocupa que la discusión pública sobre El Niño se concentre en obras y maquinaria, cuando el país ya debería haber aprendido que las emergencias no se miden solamente en kilómetros de carreteras dañadas, sino también se miden en hogares con menos alimentos, con una variedad alimentaria deficiente o falta de accesibilidad para comprar determinados alimentos.
De hecho los datos nutricionales tampoco permiten mirar hacia otro lado. En el Perú, la anemia afecta al 34.9 % de las niñas y niños de 6 a 35 meses, mientras que la desnutrición crónica infantil alcanza al 12.1 % de los menores de cinco años. Estas cifras no deberían ser tratados como un problema separado de la emergencia climática. Ya que si una familia pierde capacidad adquisitiva y comienza a reducir la cantidad o la calidad de los alimentos que consume, se afecta la seguridad alimentaria de la misma.
Por eso, una estrategia seria frente a El Niño debería incorporar explícitamente acciones para prevenir el hambre. Esto implica proteger a la agricultura familiar, fortalecer infraestructura hídrica y sistemas de riego, preveer rutas alternativas de abastecimiento y monitorear de manera permanente la disponibilidad y los precios de los alimentos. Además de priorizar la atención a las regiones del pais que tienen mayor inseguridad alimentaria y malnutrición como por ejemplo Loreto y Puno.
También implica preparar a las organizaciones sociales de base antes de la emergencia, esto debido a que el país ya ha visto cómo, frente a una crisis, son mujeres organizadas quienes terminan sosteniendo la alimentación de sus comunidades, por eso convertir esa capacidad de respuesta comunitaria en una excusa para la perpetuar la ausencia estatal, sería repetir una práctica que deberíamos haber superado como pais.
La verdadera prueba del gobierno, no será anunciar que el país está preparado para El Niño. La verdadera prueba de la capacidad de gestión, será demostrar en la cancha de lo que es capaz de hacer.
Y eso implica entender que una emergencia climática también puede convertirse en una emergencia alimentaria.
El Niño puede ser inevitable. Lo que sí depende del Gobierno es evitar que sus efectos terminen profundizando el hambre y la malnutrición. Y para eso no bastan las transmisiones en vivo ni los anuncios en TikTok: se necesita planificación, capacidad de anticipación y decisiones que se traduzcan en resultados concretos para las familias.
