A más de un mes del inicio del gobierno de Keiko Fujimori, empiezan a aparecer señales de decepción entre quienes depositaron sus expectativas en esta nueva administración. De acuerdo con la última encuesta del BCR, la confianza empresarial a este gobierno cayó, y ¡Es comprensible! Las respuestas ante la inseguridad y el fenómeno El Niño no responden al discurso electoral “Vuelve el orden, se va el caos”. Y esta inseguridad no atendida de forma adecuada no solo afecta nuestra tranquilidad: también tiene consecuencias sobre la salud, los negocios, la economía familiar y la convivencia. Lo mismo ocurre con los riesgos asociados a los fenómenos climáticos, son problemas impostergables que requieren respuestas concretas.
Si bien la tarea es inmensa, un gobierno no puede limitarse a atender aquello que ocupa la agenda del día, también tiene que mirar los cambios que están transformando silenciosamente al país, y uno de ellos es el envejecimiento de nuestra población. Con él aparece una pregunta que todavía no estamos haciéndonos con suficiente seriedad: ¿quién cuidará a quienes necesiten cuidados? El Perú envejece y las políticas públicas todavía no terminan de asumir lo que esto significa. Según el INEI (2024), las personas de 60 años a más ya representan el 13,9 % de la población nacional, es decir, más de 4,7 millones de personas. Para 2050, esta proporción llegará al 24,1 %, al mismo tiempo, la tasa de dependencia de la población envejecida pasará del 23 % al 41,5%.
No se trata solamente de una cifra demográfica. Detrás de estos porcentajes hay millones de personas que, en los próximos años, necesitarán distintos niveles de apoyo para realizar actividades cotidianas, acceder a servicios de salud, mantener su autonomía o simplemente vivir con dignidad, y también habrá millones de familias que tendrán que preguntarse quién asumirá ese cuidado. Hoy, la respuesta sigue siendo demasiado predecible: las mujeres.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INEI, 2024), las mujeres dedican en promedio 35 horas semanales al trabajo no remunerado, frente a las 15 horas de los hombres. La brecha se mantiene especialmente alta durante las edades en las que muchas mujeres, además de trabajar y cuidar a sus hijos, comienzan a asumir el cuidado de sus padres.
De esta forma, hablar de cuidados no es hablar únicamente de un asunto familiar, tampoco es correcto reducirlo a una supuesta “vocación” de las mujeres para cuidar. Lo que existe es una división social del trabajo que ha trasladado a los hogares, y principalmente a las mujeres, una responsabilidad que también debería ser asumida por el Estado, el mercado y los hombres. El problema radica en que esta situación se acrecienta paulatinamente, sin la atención necesaria de las autoridades, por lo que, como consecuencia, se volverá cada vez más difícil de sostener a medida que la población envejezca.
No podemos esperar a que las familias estén sobrecargadas para recién preguntarnos qué hacer. La discusión sobre los cuidados debe formar parte de la agenda pública desde ahora. No solo porque necesitamos garantizar que las personas mayores puedan envejecer con dignidad, sino porque también necesitamos evitar que cuidar implique, una vez más, que miles de mujeres tengan que postergar su empleo, sus ingresos, sus estudios o sus propios proyectos de vida.
En los últimos años se han dado pasos importantes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció en 2025 el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo. En el Perú, además, desde 2022 se han planteado propuestas para avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados. Sin embargo, el tema todavía no ocupa el lugar que debería en la agenda política. Y aquí está el desafío para el gobierno: los problemas urgentes no deberían hacernos perder de vista los problemas estructurales.
La inseguridad requiere respuestas, la prevención frente a los fenómenos climáticos también. Pero el envejecimiento poblacional es una transformación que no se detendrá cuando termine una crisis o cambie la coyuntura política, el reloj demográfico ya está corriendo. Por ello, discutir una política nacional de cuidados no es adelantarnos a un problema futuro. Es empezar a responder al problema que ya tenemos. La pregunta, entonces, no es solo quién cuidará a nuestros adultos mayores, la pregunta es quién cuidará a quienes cuidan y, sobre todo, si el Estado seguirá dejando esta responsabilidad en manos de las familias, y de las mujeres dentro de ellas, o si finalmente asumirá que cuidar también es una responsabilidad compartida en una sociedad.
