En una anterior columna acerca del descenso de los nacimientos, destacaba que a partir de la pandemia por la COVID-19, se exacerbó una tendencia que ya llevaba establecida varias décadas, tanto en sus indicadores relativos (tasas de fecundidad, y de natalidad), como en números absolutos (nacimientos). También destacaba el interés creciente en torno a un proceso que, sin ser únicamente peruano, tenía vinculaciones con otros procesos demográficos de gran calado, como son los envejecimientos, tratado en otra columna.
Todavía a mediados del siglo XX, en un país rural, con bajos niveles de educación, y con alta mortalidad temprana, aproximadamente tres cuartas partes de la vida adulta de una mujer en el Perú estaban dedicadas al embarazo y a cuidar niños pequeños. En el año 2000 ya era cerca de la cuarta parte; antes de la pandemia, la quinta, y al 2025 se aproxima a un sexto. Y a niveles aún más bajos en los estratos más altos y con mayor educación.
Por cierto, que menos tiempo dedicado a la maternidad y a la crianza no necesariamente significa más tiempo para sí mismas, porque pasados los años reproductivos la crianza es reemplazada por el cuidado de sus padres y abuelos. Es una realidad que se hizo patente durante la pandemia de la COVID-19, poniendo al límite la conciliación entre el trabajo y la familia, y las posibilidades de los cuidados a cargo de las familias, en un entorno laboral altamente informal, y carente de un sistema de cuidados.
Las tendencias de la fecundidad en el Perú deben mirarse más allá de los promedios, a fin de identificar las desigualdades al decidir libre e informadamente cuándo y cuántos hijos tener. Pero también las barreras al querer tenerlos, como sucede al postergarse la edad de la primera maternidad, siendo muy limitada la oferta pública para la reproducción asistida.
Entre los censos de 1961 y de 1993, periodo en el que todavía predominaba la preocupación por la “explosión demográfica”, el número de hijos de una mujer peruana al final de sus años reproductivos (la Tasa Global de Fecundidad, TGF) bajó de 6,8 a 3,4. De los censos de 1993 a los del 2025 bajó otro 50%, a 1,7.
Asimismo, importan las edades de la maternidad. Asociado a los volúmenes de población, en la segunda mitad del siglo XX por cada nacimiento que ocurría después de los treinta años (sin ser necesariamente el primero) ocurrían dos antes de esa edad. Al 2025, tres nacimientos ocurren a partir de los treinta años, por cada cuatro que ocurren antes; y se proyecta que al 2050 esa relación sea de uno a uno.
En los estratos altos de nuestros principales centros urbanos la fecundidad baja o “muy baja” (<1,5) ya lleva establecida varias décadas, en niveles europeos, no habiendo generado ni ahora ni entonces mayor atención. Cuando hace algunas décadas, las mujeres de estratos bajos y medios de las grandes ciudades y de áreas rurales tenían niveles altos de fecundidad sí interesaban a las políticas públicas. Ahora que globalmente el país muestra una tendencia decreciente, vuelven a generar interés, si bien aún no desde las políticas públicas. Sí con un sentido de alarma e inquietud.
A mediados de los años ochenta, entre sus desigualdades, la TGF en Lima Metropolitana fue 2,5, habiendo sido 2 en mujeres con educación superior. Hace dos décadas, en mujeres del quintil superior de riqueza, y en quienes tenían educación superior ya era 1,6. Al 2025 se estimó que la TGF en Lima Metropolitana fue 1,3, como lo fue entre mujeres con educación superior de todo el país. Nuevamente niveles europeos para ese mismo año.
Y si lo reseñado se refiere a la fecundidad observada, también cuentan las expectativas reproductivas. Hace cuatro décadas, tres de cada cuatro mujeres querían tener hasta tres hijos; al 2025, tres de cada cuatro mujeres querían hasta dos. Hace cuatro décadas una de cada siete quería tener un solo hijo; al 2025, una de cada cuatro quiere uno. Pero también tres de diez mujeres unidas quisieran tener otro hijo, pronto o posteriormente.
¿Cómo así lo que legítimamente se considera un derecho y un logro de las mujeres de sectores altos y con mayor educación, y que lleva décadas de establecido, llama la atención cuando se trata de las más pobres y con relativa menor educación? La clave está en si esas recientes muestras de interés se orientan, o no, a garantizar el ejercicio de derechos. Y no caer en una suerte de pánico moral solo porque ahora las mujeres de estratos más bajos aspiran, deciden y tienen menos hijos.
En las últimas décadas algunas de las muestras de interés en torno a los derechos reproductivos, en especial los de las mujeres pobres, han apelado a una retórica moralizante. Si antes eran respondían a sus “instintos” del que solo derivaba mayor pobreza, ahora resulta que “tantos derechos” las habrían convertido en mezquinas, al punto de “no querer reproducirse”. Pero resulta que también los hombres comparten similares expectativas reproductivas, aunque sobre ellos se dice menos. ¿Casualidad?
Tratándose de una tendencia global, múltiples estudios muestran que no es que solo falte intención reproductiva, sino que sus condiciones de posibilidad y oportunidad no son atendidas por las políticas públicas. El acceso a la vivienda, restringido: en los censos de 1993, una de cada nueve era ocupada en condición de alquiler; al 2025, uno de cada seis. Y el alquiler representa, aproximadamente, la séptima parte del gasto de los hogares peruanos. Dos de cada tres viviendas estaban totalmente pagadas en 1993, mientras que dos de cada cinco lo estaban en el 2025. También cuenta la doble carga de trabajo. Los cuidados insumen el doble de tiempo diario en el caso de las mujeres (3 horas), en comparación con los hombres. Otro aspecto es la conformación de las familias, que se expresan en la disminución de los matrimonios, a contracorriente de lo que sucede con la convivencia, en expansión.
¿Qué políticas públicas, o su ausencia, generan las condiciones para que, aun queriéndolo, las parejas no alcancen oportunamente sus expectativas reproductivas? Que el foco de la atención generado por el descenso de la fecundidad y de los nacimientos siga puesto sobre las decisiones, posibilidades y condiciones habilitantes que a nivel individual gestionen las mujeres parece ser el principal obstáculo para que, junto con sus parejas, tomen decisiones informadas sobre cuándo y cuántos hijos tener. Que el estado que se comprometió a garantizarlas con sus políticas no cumpla su rol, y que la explicación con tonos moralizantes se desplace sobre las mujeres y sus decisiones individuales es el primer obstáculo a superar.
