Desde hace un siglo, la comunidad internacional ha construido gradualmente un sistema para proteger a las personas refugiadas: desde el Alto Comisionado para los Refugiados Rusos de la Sociedad de Naciones (1921), encabezado por Fridtjof Nansen, y el pasaporte Nansen (1922), hasta la creación del ACNUR en 1950 y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, ampliada por el Protocolo de 1967, que consagró el principio de no devolución.
Ese andamiaje, originalmente concebido para el desplazamiento europeo de la posguerra, resulta hoy insuficiente frente a nuevas realidades —políticas estatales cada vez más restrictivas, el auge de la xenofobia en los países receptores y la multiplicación de los flujos de migrantes económicos— que exigen respuestas innovadoras.
La masiva migración venezolana —de personas que califican como refugiadas y de muchas otras que son migrantes económicos— es un caso que demanda soluciones disruptivas. Se estima que cerca de 8 millones de venezolanos han emigrado de su país; alrededor de 2.8 millones se han radicado en Colombia y más de 1.6 millones en Perú. Amarga ironía: el chavismo, que invocaba el ideal bolivariano de unidad latinoamericana, terminó “integrando” la región a costa de expulsar a más de la quinta parte de su población. Para los países receptores, los costos son enormes y desbordan sus capacidades institucionales para acoger a los migrantes con dignidad y oportunidades; además, su atención presiona servicios públicos que ya resultan insuficientes para los propios ciudadanos. La cooperación del resto de la comunidad internacional ha sido extremadamente exigua frente al mayor desplazamiento humano de la historia reciente de América Latina y el Caribe, y uno de los más grandes del mundo en las últimas décadas.
En el caso del éxodo venezolano no existe una distribución equilibrada de responsabilidades, ni esta se traduce en recursos financieros para afrontarlo. Ello exige respuestas innovadoras, impulsadas por una diplomacia creativa de los países más afectados: los que acogen a millones de venezolanos abandonados por su gobierno.
El punto de partida para diseñar esas nuevas opciones ha de ser, ineludiblemente, el reconocimiento de la responsabilidad internacional del propio Estado venezolano como causante de tan colosal migración. Las desastrosas políticas públicas aplicadas durante casi tres décadas, la persecución de los opositores —con graves violaciones de derechos humanos documentadas por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas—, el desgobierno y la corrupción masiva en las altas esferas del poder son la causa de esta tragedia humanitaria. Conforme al artículo 31 de los Artículos sobre la Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos, aprobados por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en 2001, el Estado responsable está obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado por su hecho ilícito. Además de fuentes doctrinales que respaldan este razonamiento, existe un precedente pertinente: la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas (UNCC), prevista en la Resolución 687 (1991) del Consejo de Seguridad, que recibió, evaluó y pagó indemnizaciones por las pérdidas y daños directos derivados de la invasión y ocupación de Kuwait por Irak entre 1990 y 1991. Se financió con un porcentaje de los ingresos petroleros iraquíes, que llegó al 30% y luego se redujo al 5%.
En suma, la responsabilidad internacional del Estado venezolano debiera traducirse en mecanismos financieros innovadores que reduzcan los costos que hoy soportan los países receptores. Paradójicamente, Venezuela es un país rico en recursos naturales, en particular en hidrocarburos. Tras la intervención militar de los Estados Unidos y la captura del entonces dictador Nicolás Maduro, el 3 de enero último, ambos países suscribieron un acuerdo para la explotación de los recursos petroleros venezolanos, anunciado el 28 de agosto, cuya licitud ha merecido fundados cuestionamientos.
Varios medios de prensa acaban de informar que KPMG, por encargo del gobierno estadounidense, ha elaborado un informe sobre la “Cuenta de Custodia de Venezuela”, abierta por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para administrar los ingresos de las exportaciones venezolanas de petróleo, minerales y fertilizantes. Según dicho informe, entre el 3 de enero y el 30 de septiembre la cuenta recibió depósitos por 12 260 millones de dólares; la gran mayoría de esos fondos fue transferida a Venezuela poco después de ingresar, de modo que al cierre del periodo el saldo era de unos 170 millones de dólares, además de unos 12 millones generados en intereses.
Las carencias de infraestructura y de otros recursos públicos en Venezuela son inmensas, y se han agravado con el devastador doble terremoto de junio pasado. Tomará décadas recuperar lo perdido en los últimos casi treinta años; pero no puede ignorarse que, solo entre enero y septiembre de este año, el país ha percibido más de 12 000 millones de dólares por sus exportaciones de petróleo y otros recursos naturales, cifra que seguirá creciendo en los próximos meses. La pregunta es obvia: ¿por qué Colombia, Perú y los demás países que albergan grandes contingentes de migrantes venezolanos no exigen al gobierno de Venezuela que asuma la responsabilidad protagónica que le corresponde por el éxodo de sus ciudadanos y que financie los costos que este ha generado en los países vecinos? ¿Por qué no solicitan la cooperación de los Estados Unidos para que, valiéndose de la influencia determinante que hoy ejerce sobre el gobierno venezolano, promueva que este acuerde con los países de acogida mecanismos para financiar programas que garanticen la adecuada inserción de sus migrantes? Una reducida fracción de esos ingresos permitiría ejecutar, en los países de acogida, ambiciosos programas para regularizar la situación legal de los migrantes, generarles oportunidades laborales dignas, garantizarles acceso a servicios básicos como salud y educación, y combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, que victimizan a tantos de ellos y ellas.
Si se proyectan los ingresos por exportaciones de los últimos nueve meses, es razonable estimar que Venezuela percibirá no menos de 16 000 millones de dólares anuales, monto que crecería sustancialmente con la recuperación de su infraestructura e institucionalidad. Apenas el 5% de ese flujo —el mismo porcentaje que llegó a aplicarse a Irak en el caso de la UNCC— superaría los 763 millones de dólares que requiere el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP) 2026. Con esos recursos también podrían financiarse proyectos para facilitar el retorno y la reintegración de los migrantes que voluntariamente opten por hacerlo, con lo cual Venezuela empezaría a recuperar el capital humano perdido. En ello subyace, además, un interés propio de los Estados Unidos: regularizar la situación de los migrantes venezolanos en América Latina y garantizarles una inserción digna y productiva en la región reduce los riesgos de su migración secundaria hacia ese país.
Una alternativa de financiamiento como la propuesta podría complementarse con recursos de organismos financieros internacionales, cuyo reembolso correría a cargo del Estado venezolano, y con asistencia técnica no reembolsable de diversas entidades de cooperación internacional.
El drama de los migrantes venezolanos demanda respuestas financieras innovadoras, que hoy son factibles y constituyen ya un imperativo moral. ¡Es la hora de la concertación diplomática latinoamericana, honrando el legado de Simón Bolívar! Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil —países que albergan a la mayor parte del éxodo venezolano— podrían proponer en el Proceso de Quito, el foro regional sobre la movilidad humana venezolana, la creación de un Fondo Regional para la Integración de Migrantes Venezolanos, alimentado con un porcentaje fijo de los ingresos que transitan por la Cuenta de Custodia administrada por los Estados Unidos, y que debiera ser gestionado por un organismo multilateral —el BID o CAF— con auditoría independiente.
