El diagnóstico de los problemas del país en el primer mensaje presidencial de julio 2026, cien días después siguen pendientes de norte: “…un Estado debilitado por la improvisación, reflejada en la ausencia de una visión de país, que identifique los objetivos nacionales que demanda nuestro Perú…Un Estado a la deriva por la carencia de una gestión estratégica que organice a las entidades detrás de dichos objetivos…Un Estado debilitado por la corrupción, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos…Miles de obras paralizadas o mal ejecutadas. Un sistema de salud que llega tarde, o que nunca llega. Y un transporte caótico que les arrebata cada día, tiempo, oportunidades…a millones de peruanos…La situación…es tan catastrófica que ha generado que el Perú tenga hoy la mayor desigualdad de ingreso de toda América Latina…Mi objetivo final no es simplemente administrar el Estado, no basta con retomar el crecimiento económico; mi meta principal es cerrar el enorme déficit social que afecta a millones de peruanos…nuestra visión es la de transformar las bases de nuestra convivencia nacional, retomaremos el crecimiento económico que genera prosperidad inclusiva y solidaria…Vamos a poner en marcha una nueva forma de gobernar, el Estado volverá a estar al servicio del ciudadano…Estoy empeñada en lograr los objetivos de orden y de reconciliación nacional, términos perfectamente compatibles. Los verdaderos enemigos son los grandes y graves problemas del Perú…Asumo el mando con la firmeza que se necesita para gobernar, pero también con la sensibilidad necesaria para escuchar y sanar las heridas de nuestro pueblo”.
En primera instancia, en la reciente campaña electoral presidencial los peruanos tomamos nota del ofrecimiento electoral de Keiko Fujimori que desde el primer día en su gobierno actuaría con mucha fuerza y decisión para derrotar a la criminalidad, planteando la aplicación del Plan de Pacificación Nacional. Este fue el principal eje de su campaña electoral.
La especulación política en julio daba para esperar acciones interesantes y, acaso novedosas en cuanto orden público y seguridad, porque se había presentado en la campaña a un equipo de Fuerza Popular con un plan en esta materia, y porque se suponían que mantenían buenas relaciones y altas expectativas con los mandos de la policía y las fuerzas armadas. Pero, claro, los mandos necesitan órdenes y norte para moverse en un sentido u otro; esa es la falencia.
Por eso, los transportistas de pasajeros en agosto, a casi un mes del gobierno de Fujimori, empezaron a organizarse para promover un paro en la capital. Ministros y funcionarios del gobierno lograron disuadirlos; pero, se viene gestando un nuevo paro de transportistas, para noviembre, porque incluso con la creación del Comando Unificado, la extorsión y el asesinato de choferes y pasajeros no se ha reducido. Todo lo contrario.
Incluso medios de comunicación cercanos al gobierno anuncian en grandes titulares lo evidente: “Tasa de homicidios subió a 6.4% en octubre”. (En setiembre había sido 5.1- Diario Correo 01.11.26)
La presidente Fujimori señaló haber heredado un estado catastrófico, producto de los últimos gobiernos y también de los últimos parlamentos. Sumado a esto, no podemos olvidar la crisis de sucesión presidencial desde el 2016, unido a la crisis de representación, el deterioro del Estado y el avance del crimen organizado. Todo confluye en una gran crisis nacional. Sin embargo, el gobernante no solo debe mostrar el tamaño del mal, sino la ruta de la solución. Y, toda, catástrofe implica siempre un punto de quiebre que debiera avizorar un nuevo rumbo.
En agosto del 2026, Daniel Zovato, director y editor de Radar Latam 360 se preguntaba: “¿puede este “segundo fujimorismo” regresar al poder para reconstruir la gobernabilidad democrática, en lugar de volver a erosionarla?”
Una pregunta con respuesta pendiente, porque es claro que asistimos a un gobierno débil que se hizo de la segunda vuelta por la diferencia de 49 mil votos; muy parecido a sus antecesores. Esta constatación política implicaba como tarea de Estado, como desde esa debilidad se construye una coalición que busque el orden y la reconciliación objetivos presidencial planteados como compatibles en el mensaje presidencial de julio.
La primera tarea política de un gobernante que reconoce su debilidad política y tiene un diagnóstico duro de la realidad del país, se espera que busque una coalición política más allá de sus fueros o sus parecidos. Al revés, se priorizó un supuesto “gabinete de ancha base” con los líderes de los partidos Sí Creo, Libertad Popular y un candidato a senador de País para Todos, cuyo número de votos obtenidos, muestra una composición estrecha. Y, se intenta convencer de que se tiene una coalición aglutinando a un ministro miembro del Partido Popular Cristiano (PPC) y ex primer ministro de José Jerí; y un ex ministro del segundo gobierno del APRA.
Duverger en su obra “Los Partidos Políticos” señala que: “Las alianzas entre partidos tienen formas y grados muy variables. Algunas son efímeras y desorganizadas: simples coaliciones provisionales para beneficiarse de las ventajas electorales, para derrocar a un gobierno o para apoyarlo ocasionalmente. Otras son duraderas y tienen una estructura sólida, lo que las hace parecerse a un ultra-partido.”
No estamos en ninguno de estos supuestos porque no ha existido acuerdo de partidos, las marcas que han aglutinado no han obtenido representantes y se trata de acuerdos personales y no de organizaciones. Estas decisiones ratifican la condición de gobierno débil. La cosa se complica cuando en la PCM, el sector gubernamental más político, sigue una persona de su entorno de confianza, pero que no ha sido el vocero político principal del gobierno, ni el pararrayos que protege la figura presidencial.
En materia de lucha contra el crimen organizado, pasamos de una oferta electoral que se actuaría desde el primer día contra las bandas para imponer el orden, al pedido de facultades legislativas como acción principal para recién poder tener políticas y acciones contra la criminalidad. Un hecho que en un artículo anterior llamamos como “el fetiche de las facultades legislativas”.
Si bien el Congreso no les otorgó los 66 pedidos de facultades, si aprobó el 22 de octubre de 2026, la delegación legislativa en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno del Niño en 27 materias. Pero, en el gobierno dicen que en tres semanas deberían aparecer los primeros decretos legislativos. Parce que no había mucho apuro. Lo cierto es que el pedido de facultades legislativas intento cubrir la ausencia de plan contra el crimen organizado.
Respecto a las acciones para enfrentar el fenómeno del Niño, la salud o la propia criminalidad habría que preguntarse cómo un Estado debilitado por la improvisación, como lo señaló la presidente en el Congreso, con el sólo hecho de cambio de gobierno debía producir un salto cualitativo. Sí, el mismo Estado (aparato público) de Balcazar, Jerí, Boluarte, Castillo, sin un punto parte aguas mostraría un cambio sustancial en la gestión pública unitaria y descentralizada.
Sin decretos legislativos sobre los que habría una supuesta urgencia asistimos a un continuismo de acciones que vienen de gobiernos anteriores. La reclasificación de presos y el traslado de penales, también lo hicieron los antecesores de Keiko Fujimori; retomar el funcionamiento del edificio Trecca de ESSALUD es un convenio y adendas correspondientes firmado con AUNA, que hoy se vuelve a mostrar. En materia de construcción de megapenales en Huacho y repotenciar el penal de Challapalca, opciones que vienen desde el período Boluarte, vuelto a levantar en tiempos de Jerí y por el actual gobierno; pero que tienen un rechazo generalizado en estos territorios.
Pedirle a un gobierno débil que lidere una reforma o reajuste del Estado y de su aparato público son palabras mayores porque tendría que plantearse que hacer, por ejemplo, con la gestión pública descentralizada. No se trata de repetir las viejas formulas de articulación de la gestión pública vertical y horizontal y que se expresan en Consejos de Ministros Descentralizados con gobiernos regionales, GOREs y Consejo de Estado Regional. Se trata de apelar a los marcos que nos permiten actuar de manera eficaz y no quedarse en sólo administrar el Estado.
La continuidad en la gestión pública es importante, el continuismo no. Si por continuidad la constatación de la eficacia en los equipos, políticas y acciones. El continuismo suele expresarse en desarrollar puestas en escena, anuncios, es decir en propaganda. Allí está contenida la crítica de la ciudadanía en cuanto a su gestión pública.
Este gobierno para mejorar la gestión pública tiene un instrumento importante en la Ley N° 27658; Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. A esta norma han apelado el MINEM, MINSA y MIDAGRI para declararse en reorganización buscando reformas que eleven la eficiencia y optimicen los recursos públicos.
Al amparo de esta norma gobiernos anteriores lograron fusionar entidades creadas por leyes orgánicas, por lo es posible modernizar, mejorar, fusionar o reformar la gestión pública, claro, si sabe hacia donde y que es lo que se busca alcanzar.
De otro lado, recordemos al gobierno que de acuerdo al inventario de políticas públicas nacionales existe medio centenar de políticas públicas nacionales aprobadas y la mayoría con una extensión que va más allá del 2030; y otras 37 en proceso de aprobación, por lo que cuentan con instrumentos para una gestión eficiente, el papel de los gobiernos es generar conducción para obtener valor público en la gestión.
La ausencia de visión de país para alcanzar el desarrollo que se señaló en el primer mensaje presidencial tiene una relación directa con la pretendida búsqueda de reconciliación que se plantea en este texto e incluso con un vítor del final de este discurso: “¡Viva la reconciliación nacional!”
Las Naciones Unidas entiende por gobernanza como la capacidad de los países de resolver sus asuntos y alcanzar el desarrollo de sus territorios. Ello implica compartir una visión común, fruto de la alianza entre actores públicos y privados que comparten un objetivo único.
Y, es claro que a un país poralizado y dividido le será muy complicado a tener una visión común si antes no ha terminado de resolver las cosas que lo dividen y, que también se encuentren dispuestos ingresar a un proceso de reconciliación social y político. Lo más sencillo es señalar en el mensaje presidencial del 28 de julio que se buscará la reconciliación nacional, igual como Dina Boluarte el 2023 Dina Boluarte, planteara un pacto para la reconciliación. Lo más complicado es vestir esos anuncios, es decir, que pasos, que organización o cuál es el diseño de este proceso de reconciliación.
John Paul Lederach, en su libro Construyendo la Paz señala que: “la reconciliación representa un lugar, el punto de encuentro donde se pueden aunar los intereses del pasado y del futuro…Para que esto suceda las personas deben descubrir formas de encontrarse consigo mismas y con sus enemigos, sus esperanzas y sus miedos”.
