La primera “gran” acción política del gobierno de Keiko Fujimori es pedir facultades legislativas (FL) por 120 días para legislar en materia Seguridad ciudadana, MYPE, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa.
Las principales voces del actual gobierno, ante las críticas que incluso aliados han hecho de gestión improvisada, desorden y falta de liderazgo, centran todo el poder de juego político y los resultados probables, en el 2027, a que se le puedan entregar estas facultades para legislar.
Es un fetiche que coloca toda su creencia política, casi mágica, de que con la delegación de facultades y la emisión de los decretos legislativos correspondientes se resolverán de manera automática problemas estructurales complejos como la criminalidad, la crisis económica o la ineficiencia del Estado. Todos sabemos que desde hace existe el fenómeno de una peligrosa desconexión entre la producción de leyes y la realidad social, provengan del parlamento o del Poder Ejecutivo.
No es una novedad pedir FL. La administración pública del Poder Ejecutivo (de acuerdo al cuadro adjunto que elaboramos) entre el gobierno de Pedro Castillo y el gobierno de José Jerí recibieron 420 días de facultades legislativas (un año y tres meses); y si se le otorga 120 días adicionales al actual gobierno serían 540 días entre el 2021 y el 2026 (casi un año y medio).
Es verdad que entre los años 2021-2026 hubo una extrema volatilidad y cambios sucesivos de administración, pero la delegación de facultades aparece como la herramienta para alcanzar una eficaz gobernanza y una reforma o modernización importante en el Perú.
Los temas más recurrentes de todos estos pedidos de facultades legislativas 2021-2026 en su mayoría se han centrado buscar luchar contra la inseguridad, la reactivación económica y la reforma estatal o modernización del sector público.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados tiene quince días hábiles para dictaminar el proyecto de FL. Fue derivado a esa Comisión el 31 de agosto, por lo que hacía el 21 de setiembre podría haber dictamen. Luego debe ingresar al pleno para su debate y aprobación y remitirlo a la Cámara de Senadores. El proyecto, en el mejor de los casos, en octubre sería visto en el Senado. ¿Y, mientras tanto?
La pregunta que surgen con esta data de facultades legislativas otorgadas es ¿Cuán diferente es la administración pública de los sectores que trabajan y proponen el contenido de estos recurrentes pedidos de facultades legislativas?
¿La administración pública, sus acciones, su capacidad interinstitucional e intergubernamental, su planificación y sus medidas económicas, ha variado sustancialmente entre el 2021-2026 o se parecen mucho?
Entre las críticas que también aliados le hacen al gobierno es el haber reciclado en la alta dirección pública a figuras que provienen de los últimos cinco años o fueron competidores electorales o provienen de gobiernos de hace algunas décadas.
El reciclaje se incrementa en direcciones generales, jefaturas, oficinas, secretarías, comisiones y demás espacios de organización gubernamental. Por eso la pregunta ¿Cuál es el diferencial del aparato público que hoy conduce el gobierno de Fuerza Popular?
Ante el anuncio de que estaban recibiendo un aparato público catastrófico, vale decir una situación trágica y desastrosa del Estado peruano, en respuesta se esperaba medidas y acciones que se correspondan con la situación. No ocurrió en el mensaje de 28 de julio, ni en la presentación del presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso.
La gran estrategia propuesta es el pedido de FL y por ser la sexta vez que se pide, desde el 2021, suena a continuidad.
El Plan de Gobierno de Fuerza Popular 2026-2031 plantea 42 acciones para luchar contra el crimen organizado. Hoy ni se mencionan. Muchas de ellas no necesitan FL. Incluso las acciones que plantean para los 100 días como iniciar operaciones del C5i (centro de control comando comunicaciones cómputo contacto ciudadano e inteligencia) en Lima y Callao; fortalecer Unidades de Flagrancia Express en Lima, Piura y Trujillo; intervención militar y policial en Tumbes para control fronterizo y reducción de crimen organizado; emisión de Decretos de Urgencia para financiar 1,000 patrulleros inteligentes, 10,000 cámaras interconectadas y modernización de 200 comisarías; se ven lejanas en su implementación, porque las voces centrales del gobierno, incluida la presidenta, han puesto toda su fe en el fetiche de las FL.
