En el nuevo escenario político -y a un mes del nuevo Gobierno- quedan difusas las propuestas del Ejecutivo, subsumidas en su pliego de delegación de facultades. Estamos en un momento donde no tenemos mínimos de confiabilidad política para aceptar lo que nos proponen. La urgencia de la inseguridad ciudadana y los efectos del Fenómeno del Niño no pueden esconder cambios en otros ámbitos.
Las mujeres vivimos en la inseguridad, con altas tasas de violaciones, feminicidios, desapariciones, agresiones, documentadas, las mismas que no son mencionadas por la presidenta, quien ha convocado a una ministra con escaso conocimiento del sector, que sigue debilitando el MIMP desprendiéndose de personal capacitado en enfoque de género. Debemos tomar en cuenta que quienes se hacen cargo de las familias de las víctimas de extorsión, son mayormente mujeres.
Achicar el Estado, para dejar en desprotección a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan tener garantizados sus derechos, y terminar con las políticas de igualdad de género, es desconocer las urgencias del país. Bajo el punto de vista de la modernización no se pueden eliminar ministerios, ni juntarlos cuando sus competencias son diferenciadas. En cualquier estado democrático se tendría como eje central mejorar la vida de las mujeres y hombres en su diversidad. Seguimos con mucha atención los cambios, los silencios y las omisiones que detectamos en los documentos y en las acciones del Estado peruano. Y levantamos la voz para decir que se requiere mayor empatía con el país y su ciudadanía.
El Ejecutivo está en ruta para desmantelar al MIMP al quitarle sus políticas de igualdad de género. Sobre el MIMP: el presupuesto es menor al 1%, y somos las mujeres que aportamos con nuestro trabajo no remunerado el 23% del PBI. Es decir, el presupuesto público recibe mucho más de nuestro trabajo, con relación a lo poco que invierte el Estado en políticas de igualdad de género y en servicios públicos masivos para mujeres víctimas de violencias, entre otros.
En el escenario del Congreso, la Campaña Somos la Mitad queremos Paridad sin acoso político, ha presentado su paquete de legislación denominada ANTI-DERECHOS de las mujeres. Este paquete consta de 12 leyes que se aprobaron entre junio del 2022 y julio del 2026. Cuatro años de nefasto trabajo, sin debate público, pero también con resistencias valiosas de parlamentarias y parlamentarios.
Contaron con los votos necesarios para imponernos un paquete que atenta contra la sostenibilidad de la vida de las mujeres. Se inició con la suspensión del enfoque de género en la educación sexual integral en los colegios, la eliminación del lenguaje inclusivo en las comunicaciones y documentos del Estado, posteriormente la derogatoria de la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esta parte del paquete, viene siendo una copia burda de legislación que venía desde los fundamentalismos regionales e internacionales imponiendo a los congresos nacionales en América Latina.
Parte de este paquete busca revertir lo avanzado en el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y territorios, afectando especialmente, a niñas y adolescentes. Por ello aprobaron una legislación sobre los derechos del concebido, no importa si esto contribuye a desproteger a las niñas adolescentes embarazadas por violación sexual; y que no logran recibir atención oportuna para la interrupción de su embarazo poniendo en riesgo sus vidas por su edad.
Las denuncias de las niñas awajún y wampis han impactado internacionalmente y regionalmente. Del 4 al 11 de septiembre, una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, de la OEA, realizará una visita de asistencia técnica al Perú para conocer la situación de las niñas y adolescentes indígenas víctimas de violencia sexual en la provincia de Condorcanqui. Esperamos que sus recomendaciones y conclusiones sean escuchadas.
El otro grupo de legislación tiene que ver con el debilitamiento de la arquitectura de género en el Estado Peruano. Esto viene también con el papel que hoy tiene casi nulo, la Adjuntía de la Mujer en la Defensoría del Pueblo. Lo que fue la Comisión de la Mujer en el Congreso y que hoy en el Senado la han subsumido en comisiones más grandes, como si ya no constituyéramos las mujeres más de la mitad de la población. Sobre el paquete Anti-Derechos, queremos su derogatoria completa, lo reclamamos como un gesto a la Cámara de Diputadas y Diputados.
Cuando presentamos la Agenda Legislativa Feminista para la Igualdad y No Discriminación 2026-2031, destacamos 9 ejes. Primer Eje: Derechos políticos de las mujeres en su diversidad, para recuperar la alternancia perdida en las planchas presidenciales y la paridad horizontal. Así como recuperar el dictamen de la Comisión de Constitución sobre Acoso Político, precisar el rol y las competencias de las vicegobernadoras, regular la licencia por maternidad para alcaldesas, regidoras, gobernadoras, vicegobernadoras, consejeras. Un segundo eje: Derechos a vivir una vida libre de violencias de género. Un tercero sobre derechos sexuales y reproductivos, un cuarto sobre derechos laborales para las mujeres, un quinto sobre derecho a la igualdad y no discriminación, un sexto sobre el derecho a la alimentación y seguridad alimentaria, un séptimo sobre el derecho a los cuidados, un octavo sobre el derecho a la identidad, y un noveno sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes.
En este nuevo escenario parlamentario bicameral con 16 senadoras y 54 diputadas, queremos recuperar un grupo parlamentario de diputadas y senadoras por la igualdad, que estamos seguras tendrá respaldo ciudadano. Y desde el espacio cívico como lo denominan ahora, las mujeres en su diversidad seguimos siendo una fuerza innovadora y política expresada en sus cientos de organizaciones para recuperar nuestros derechos conculcados, nuestras políticas cercenadas, nuestros presupuestos rebajados. Nuestra invisibilización es inaceptable e incongruente con una democracia verdaderamente inclusiva, que todas y todos merecemos y por la que seguiremos luchando.
