El 15 de mayo de 2026, el Ministerio de Educación derogó los Lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI) vigentes desde 2021 y los reemplazó por los “Lineamientos para la Educación Sexual con base científica, biológica y ética” (ES-CBE), mediante la Resolución Viceministerial N.º 085-2026-MINEDU. El origen de esta decisión, como bien sabemos no se ha dado por evidencias científicas, sino que es una decisión política impulsada por Renovación Popular, y en específico por la Congresista Milagros Jauregui de Aguayo. Vale la pena, por lo tanto, en la coyuntura actual, detenerse un momento a pensar en esta situación estructural.
Este mandato en su sexta disposición complementaria ordena incorporar un nuevo marco conceptual, “eliminando toda referencia a la educación sexual integral”, todo esto dado por la ley, sin tener ningún documento pedagógico que lo avale. Pero el principal cambio, que está basado más en temores infundados completamente dogmáticos e ideológicos, más que en evidencia científica, es la desaparición del concepto de “enfoque de género”, por el de “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, esto no solo en la resolución del Ministerio de Educación, sino para políticas públicas en general. Obviamente, un ataque directo de la derecha más conservadora.
Pero ¿Porque esto es importante? porque la pregunta que hay que hacerle a la reforma es ¿porque jamás existió un diagnóstico técnico público que respalde el cambio de enfoque? La ESI, como el propio exministro de Educación, Ricardo Cuenca, lo indica, está basado “en lineamientos sustentados en evidencia internacional, diagnósticos técnicos y un marco de derechos”, la norma actual solo “surge de un mandato político, ideológico” basado en el miedo y desconocimiento. Además, el nombre “Educación Sexual con base científica, biológica y ética” no tiene antecedente en la literatura internacional, ni UNESCO, UNFPA y OPS han dejado de hablar de educación sexual integral. Debemos mencionar también que las Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad —seguidas por UNESCO, ONUSIDA, UNFPA, UNICEF, ONU Mujeres y la OMS— asocian los efectos preventivos sobre violencia de género específicamente a los componentes de derechos e igualdad de género del currículo, no a los contenidos éticos o biológicos considerados por separado. Un consentimiento enseñado como norma de conducta individual, sin el análisis estructural que lo acompaña en el marco de derechos, no tiene por qué producir el mismo efecto que documenta esa evidencia. Entonces, ¿Cuál es el riesgo de eliminar la denominación enfoque de género en esta nueva normativa? Que todos los documentos técnicos en la actualidad asocian los efectos preventivos sobre violencia de género específicamente a los componentes de derechos e igualdad de género del currículo, no a los contenidos éticos o biológicos considerados por separado.
Hablemos entonces de la coyuntura actual
Dos episodios recientes, ayudan a dimensionar el problema que el sistema educativo enfrenta mientras ocurre este cambio. En Condorcanqui, Amazonas, se registraron 1,253 denuncias de violencia sexual contra menores entre 2024 y julio de 2026, concentradas sobre todo en niñas y adolescentes de los pueblos Awajún y Wampis, todas estas según las informaciones recientes, atribuidas a docentes y encargados de dichos colegios. Solo entre enero y julio de 2026 hubo 370 casos, según la Defensoría del Pueblo, y la gravedad llevó a la OEA a enviar una misión de verificación en septiembre. El otro caso, en zona urbana, ocurrido el 15 de septiembre, un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise denunció una agresión sexual por parte de diez compañeros de un grado superior, dentro de un bus escolar. Este panorama coincide con una tendencia que el propio Minedu registra en su plataforma SíseVe, donde se pueden encontrar 2,059 reportes de violencia sexual escolar entre enero y agosto de 2026, todas estas denuncias ocurridas entre estudiantes, con un crecimiento del 32.6% frente al promedio de los tres años anteriores. Entonces, me pregunto, cambiar una política educativa y social, sin apoyarse en evidencia, y tan solo en un interés meramente político en un país con cifras ya alarmantes y una curva ascendente en violencia sexual escolar, no es, un escenario ideal.
Las evidencias son claras en cuanto al efecto de la ESI en la salud pública, un metaanálisis específico sobre educación sexual escolar y prevención de VIH en países de ingresos bajos y medios. Esta revisión documenta consistentemente que los programas de educación sexual integral (con el componente de derechos/género) se asocian a un mayor uso de condón y anticonceptivos, retraso del inicio de la actividad sexual, reducción de embarazos no planificados y de infecciones de transmisión sexual, y menor violencia de género y coerción sexual. La OMS resume el hallazgo central: los estudios muestran sistemáticamente que la ESI retrasa el inicio de la actividad sexual, reduce su frecuencia y el número de parejas, y da lugar a tasas más bajas de embarazos no deseados. La propia UNESCO subraya que estos beneficios son mayores específicamente cuando el currículo incorpora contenidos de género y derechos humanos, y se reducen cuando ese componente se retira —Un punto super sumamente importante en esta coyuntura tan triste, como la que vivimos hoy en nuestro país.
Datos por lo que importa la derogación de la ESI:
Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES-INEI) y el informe de UNFPA presentado en septiembre de 2026, la prevalencia nacional de embarazo entre adolescentes de 15 a 19 años bajó a 7,4% en 2025, tras mantenerse entre 8,2% y 9,2% durante el periodo 2020-2024. Sin embargo, esta cifra oculta brechas territoriales muy amplias: el16,3% de estos embarazos ocurren en zonas rurales (más del doble del promedio nacional), 14,6% en la Amazonía, y solo un 5,4% en zonas urbanas. Los datos más graves corresponden a las niñas de 10 a 14 años, un grupo cuyo embarazo se asocia casi siempre a violencia sexual, no a decisiones autónomas: en Perú, cinco niñas de ese rango etario dan a luz cada día. En este grupo es donde la mortalidad materna alcanzó 84 muertes por cada 100.000 nacidos vivos entre 2020 y 2024 —una cifra varias veces superior a la de la población adulta—. En el conjunto de adolescentes, el 15,3% de las muertes maternas registradas en 2025 correspondió a menores de 20 años, frente a 10,9% en 2019: un incremento de más de cuatro puntos porcentuales en seis años. La tasa nacional de nacimientos de niñas y adolescentes fue de 16,7 por cada 1.000 en 2025, con brechas territoriales similares a las del embarazo. Cerca de tres de cada cuatro embarazos adolescentes (15-19 años) no fueron intencionales.
Violencia sexual en contra de niños y adolescentes.
Tenemos que mencionar también en este contexto las cifras de los Centros Emergencia Mujer (CEM) del MIMP, los cuales muestran una tendencia sostenida al alza en el número absoluto de casos atendidos: de 15.579 en 2014 a 63.489 en 2024 —un incremento superior al 300% en una década—. De esos 63.489 casos de 2024, 22.788 correspondieron específicamente a violencia sexual, de los cuales 8.417 fueron violaciones sexuales. Entre enero y septiembre de 2025, el MIMP registró 16.120 niñas, niños y adolescentes víctimas de ataques sexuales, de los cuales el 93,4% fueron niñas y adolescentes mujeres. Un subregistro de UNICEF calculó 74.413 casos de abuso sexual reportados entre 2017 y 2022, con una proporción similar (92% mujeres). Conviene señalar una discrepancia real en estos datos, que conviene no ocultar: en paralelo al aumento de casos atendidos por los CEM, las encuestas de prevalencia (que preguntan directamente a la población, no solo cuentan denuncias) muestran una reducción de la violencia familiar reportada por los propios niños y adolescentes —de 49,8% a 34,7% en el grupo de 9 a 11 años, y de 44,6% a 32,9% en el de 12 a 17 años, entre 2013 y 2024, con una caída similar en el entorno escolar.
Estos datos sugieren que parte del aumento en cifras de atención, responde también a una mejor detección y una mayor disposición a denunciar, no necesariamente a más violencia real en términos relativos. Aun así, el número absoluto de menores que pasan por un CEM por violencia sexual —alrededor de 54 niñas, niños y adolescentes al día, según el cálculo de la Defensoría del Pueblo para 2024— señala una carga de daño que sigue siendo alta, independientemente de la tendencia de fondo. Sin embargo, esto demuestra, que el reconocer la dinámica de poder establecida entre el perpetrador y la víctima, se distingue cuando se habla claramente dentro de un marco conceptual de enfoque de género. Retirar por lo tanto este marco conceptual, en un país que ya registra una de cada 1.000 niñas de 10 a 14 años dando a luz cada día, y más de 60.000 casos anuales de violencia contra menores atendidos en CEM, no es una decisión neutra desde el punto de vista de salud pública, aunque su efecto real solo podrá medirse con datos de los próximos años —datos que, hasta ahora, nadie se ha comprometido a recoger de forma comparable al marco anterior.
Lo que como madre y científica quisiera expresar, los años han pasado y los contextos han cambiado, la tecnología hace que un celular ponga en manos de niños y adolescentes, actos que hace 40 años muchos de nosotros ni sabíamos que existían. Las generaciones evolucionan, y nosotros debemos evolucionar con ellas, la importancia de una educación sexual integral va más allá del supuesto dogmático de hormonización o sexualización de niños y niñas -el cual alega la gente de RP-, y el cual es completamente ajeno a nuestra realidad. Por lo tanto, tener un marco normativo adecuado a la realidad, que ayude a visibilizar el abuso, y las dinámicas de poder, de cualquier tipo y en cualquier género, es crucial en el panorama actual. Entender, además, que ser padres conlleva una responsabilidad inmensa, y una estabilidad emocional que muchos no poseen, es también otro punto crucial. Los tiempos nos han enseñado que el tener hijos solamente para mantener la sobrevivencia de la especie, no nos ha llevado a buen puerto, y el panorama no es muy alentador para los próximos años, debido a la crisis estructural que cruza nuestro planeta y nosotros como sociedad. Entonces, me pregunto, ¿estos sucesos de violencia sexual podrían evitarse? Y creo que sí, un marco normativo adecuado podría ayudar, pero no en solitario, debe establecerse que queremos ser como nación, establecer una política se salud mental, de tipo comunitario, estableciendo relaciones que si bien muchos pueden creer pertenecen al ámbito familiar y personal, en situaciones como estas, trasvasan los límites de lo familiar y se convierten en problemas sociales estructurales, donde el rol de las autoridades y de los profesionales adecuados, cobrará, gran importancia en los próximos años. Revisémonos como población, hagamos un mea culpa estructural, tratemos de evaluar cuales acciones son las que nos están llevando a estas situaciones, y tal vez así podamos evitar este tipo de desgracias en el futuro.
- Chin HB, Sipe TA, Elder R, et al. (2012). The effectiveness of group-based comprehensive risk-reduction and abstinence education interventions to prevent or reduce the risk of adolescent pregnancy, HIV, and sexually transmitted infections: two systematic reviews for the Guide to Community Preventive Services. American Journal of Preventive Medicine, 42(3), 272-294.
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- Defensoría del Pueblo del Perú (2024). Se registran más de 46.000 denuncias de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Nota de prensa.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2025). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025.
- Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) (2025). Perú: Prevención del Embarazo y Maternidad en Niñas y Adolescentes. Informe con datos INEI-ENDES y CNV-MINSA.
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) (2024-2025). Estadísticas de los Centros Emergencia Mujer (CEM) y Programa Aurora.
- Ministerio de Educación del Perú (2026). Resolución Viceministerial N.° 085-2026-MINEDU, Lineamientos para la Educación Sexual con base científica, biológica y ética (ES-CBE).
- Organización Mundial de la Salud (OMS) (2025). Educación integral en sexualidad. Nota descriptiva.
- UNESCO, ONUSIDA, UNFPA, UNICEF, ONU Mujeres, OMS (2018). Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad: un enfoque basado en la evidencia. Edición revisada. París: UNESCO.
- UNESCO (2024). El camino hacia la educación integral en sexualidad: informe de situación global.
- Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (2026). Informe sobre embarazo adolescente en el Perú, presentado en la Semana de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, septiembre de 2026.
- UNICEF Perú (2022). Subregistro de casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, 2017-2022.
- Observatorio Nacional CEPLAN (2025). Persistencia de la violencia física y sexual en niños, niñas y adolescentes.
- Guevara Ríos E. (2024). Violencia sexual contra niñas y adolescentes. Revista Peruana de Investigación Materno Perinatal, 13(3).
