Las recientes elecciones regionales y municipales han dejado en evidencia la degradación de nuestra conversación política. Los insultos entre rivales tienen una larga historia, pero hoy preocupa la facilidad con que se pronuncian, se celebran y se reproducen. La agresividad se presenta como carácter; la humillación, como franqueza; y la ausencia de argumentos se disimula levantando la voz.
La tesis es clara: el insulto no constituye una forma legítima de franqueza política, sino un recurso que sustituye el debate, deshumaniza a los adversarios y debilita la democracia. Cuando la descalificación, el sexismo, la homofobia y el terruqueo se convierten en herramientas habituales, la política deja de confrontar ideas y empieza a fabricar enemigos.
Un ejemplo de esta degradación es la actuación pública de Rafael López Aliaga, quien ha convertido la descalificación en una marca de su discurso, con ataques contra adversarios y periodistas. Su repertorio combina desprecio, sexismo y terruqueo, y alimenta una competencia en la que parece ganar quien consigue ser más ofensivo.
Rafael Santos llevó esa lógica al extremo cuando atribuyó el respaldo electoral a Verónika Mendoza en Cusco a una supuesta falta de oxígeno que impediría a sus habitantes pensar coherentemente. Aunque negó ser racista o clasista, sostuvo que la altura dificultaba comprender la realidad y tomar decisiones adecuadas.
La gravedad de esas declaraciones no reside únicamente en su tono ofensivo. Presentan a una población andina como intelectualmente inferior y desautorizan su derecho a decidir. Santos podía cuestionar las propuestas de Mendoza o explicar sus desacuerdos; prefirió denigrar a quienes la respaldaron. El mensaje resulta brutal: si la ciudadanía no vota como él espera, entonces sería incapaz de pensar.
La misma lógica aparece en los agravios sexistas y homofóbicos. No importa la trayectoria política de una persona ni si su vida privada ha interferido en su desempeño público: el objetivo es convertir su cuerpo, su orientación sexual o su intimidad en armas de descalificación. El uso exacerbado de recursos homofóbicos durante la última campaña nos ha devuelto a un oscurantismo que instala el odio y la discriminación como formas aceptables de participación política.
Este lenguaje también circula en programas de televisión, podcasts y transmisiones digitales, donde el insulto se transforma en entretenimiento. Las mentadas de madre aparecen como parte del habla cotidiana, como si las madres tuvieran alguna responsabilidad en aquello que se discute. Así, se utiliza a las mujeres para ofender a otros y luego se pretende que nadie examine los prejuicios que esas expresiones reproducen.
La situación se vuelve aún más grave cuando el insulto recibe respaldo desde el poder. Tras el enfrentamiento entre el ministro del Interior, César Astudillo, y el senador Iber Maraví, ocurrido durante el debate de facultades legislativas, Keiko Fujimori defendió a su ministro diciendo: “los perros ladran”. En el mismo pronunciamiento contrapuso estar con las Fuerzas Armadas a estar con Sendero Luminoso o el Movadef.
En ese contexto, la frase denigra a quienes cuestionan al ministro y la referencia al terrorismo desplaza la discusión de los asuntos concretos: qué reforma policial necesita el país, qué facultades requiere el Ejecutivo y bajo qué controles debe ejercerlas. La ciudadanía merece respuestas sobre esas decisiones, no etiquetas destinadas a invalidar a quienes preguntan.
El terruqueo cumple precisamente esa función. Introduce una sospecha que vuelve innecesario escuchar al otro: ya no se examina qué propone, qué evidencias presenta o qué objeciones plantea, sino que se lo ubica como representante de un enemigo que debe provocar miedo y rechazo. Sin embargo, una acusación de vínculos con el terrorismo exige pruebas. Utilizarla como recurso político deteriora la deliberación y, además, banaliza delitos gravísimos que han causado un profundo dolor en nuestra sociedad.
Las consecuencias de esta política del insulto son evidentes. Se empobrece el debate público, se normaliza la discriminación y se reemplaza la rendición de cuentas por la estigmatización. También se debilita la capacidad ciudadana para distinguir entre una crítica fundada y una agresión. Cuando la vulgaridad se celebra como franqueza, quienes tienen más poder para imponer su voz terminan definiendo los límites de lo aceptable.
Pero esta dinámica no se sostiene únicamente desde las autoridades. También somos parte del problema cuando la validamos con nuestra tolerancia. Ser indiferentes o celebrar el insulto porque se dirige contra alguien con quien no estamos de acuerdo legitima una práctica que puede emplearse contra cualquiera y que, una vez normalizada, resulta difícil de controlar.
Salir de este círculo exige un esfuerzo amplio y responsabilidades compartidas. Las autoridades y los partidos deben recuperar la argumentación y abandonar la estigmatización. Los medios y los creadores de contenidos tienen que dejar de convertir la humillación en espectáculo. Y las audiencias debemos exigir respuestas, afirmaciones sustentadas y debates centrados en propuestas.
No debemos entregar credibilidad a quien insulta más, ofende con mayor eficacia o recurre al recurso fácil de convertir al adversario en enemigo. Tampoco debemos celebrar la vulgaridad: lejos de ser franqueza, representa el deterioro de la política. Recuperar una conversación pública respetuosa no significa eliminar el conflicto, sino exigir que las diferencias se expresen con argumentos y dentro de los límites de la dignidad. Esa es la política que debemos defender y la que no debemos aceptar que se pierda
