Hace unas semanas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó una declaración de expertas y expertos independientes a propósito de dos fechas fundamentales: el Día Mundial de la Anticoncepción, el 26 de septiembre, y el Día Internacional por el Derecho al Aborto Seguro, el 28. Su advertencia merece atención en el Perú: la salud y los derechos sexuales y reproductivos necesitan protección frente a los retrocesos, la polarización y la falta de financiamiento.
El llamado reúne a especialistas de distintos mecanismos de derechos humanos de la ONU. Su mensaje es claro: los Estados deben enfrentar los crecientes ataques contra estos derechos, invertir en sus sistemas de salud y proteger los servicios esenciales.
¿De qué ataques hablamos? De leyes restrictivas, desinformación, estigmatización y esfuerzos deliberados por revertir los avances en igualdad de género. Sus consecuencias recaen especialmente sobre quienes ya encuentran mayores barreras para acceder a la atención: adolescentes, mujeres en situación de pobreza, indígenas, afrodescendientes, mujeres con discapacidad, migrantes y personas de la diversidad sexual.
El Perú conoce bien esta disputa. Los derechos sexuales y reproductivos se han convertido en un campo de intervención política para sectores que buscan imponer sus convicciones al conjunto de la sociedad. En esa agenda confluyen actores religiosos y políticos que se presentan como defensores de la vida. Pero esa identidad merece ser contrastada con las consecuencias de sus acciones.
¿Qué significa llamarse «provida» cuando se obstaculiza una atención necesaria para proteger la vida o la salud de una niña? ¿Cómo se sostiene esa bandera mientras se combate el acceso a métodos que permiten prevenir embarazos no deseados?
La contradicción es profunda. Defender la vida exige hacerse cargo de las condiciones en las que viven las personas: su salud, su autonomía, su seguridad y sus posibilidades de construir un futuro. Cuando se pretende que toda relación sexual quede sometida a una finalidad reproductiva, se desconoce que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y su maternidad.
La historia de la anticoncepción oral de emergencia muestra el costo de esta disputa. Incorporada a las normas de planificación familiar en 2001, atravesó más de dos décadas de controversias y decisiones judiciales, hasta que, en 2023, el Tribunal Constitucional ordenó su distribución gratuita en los establecimientos públicos de salud. La sentencia reconoció la vulneración de derechos reproductivos, de información y de igualdad y no discriminación.
Durante esos años, la posibilidad de comprarla en una farmacia marcó una diferencia decisiva. Quienes podían pagar tenían una alternativa; quienes dependían de los servicios públicos enfrentaban barreras adicionales. La controversia tenía, por tanto, consecuencias muy concretas sobre la desigualdad.
También se intentó anular judicialmente la guía nacional de aborto terapéutico. La Corte Suprema ratificó su constitucionalidad. Fue necesario defender en los tribunales un instrumento destinado a hacer efectivo un procedimiento permitido por nuestro ordenamiento jurídico.
En la atención de la violencia sexual, el kit de emergencia cuenta con una directiva nacional desde 2019 e incluye anticoncepción de emergencia. Su aprobación y su entrega efectiva son asuntos distintos: una norma sirve de poco si la víctima no recibe atención oportuna. ¿Cuántas niñas y mujeres pudieron haber evitado un daño adicional si hubieran encontrado una respuesta adecuada en los servicios?
A estas barreras se suma otra preocupación: sostener los recursos que hacen posible la atención. Debilitar a las organizaciones que acompañan a las mujeres, restringir la cooperación o restar prioridad presupuestaria a estos servicios puede profundizar las brechas existentes. Cada obstáculo administrativo, político o financiero termina afectando a alguien que necesita una respuesta.
Por eso, este pronunciamiento llega en un momento oportuno. Quienes toman decisiones deberían preguntarse qué vidas protegen sus políticas y qué daños producen sus omisiones. La salud sexual y reproductiva requiere servicios, presupuesto y decisiones basadas en evidencia. Defender la vida también exige responder por las consecuencias de impedir esos cuidados.
