Persistencia de la mentalidad colonial
En la mayoría de las provincias y distritos existen autoridades y pobladores que creen que la ciudadanía es un derecho de unos cuantos. La persistencia de esta mentalidad colonial, explica las relaciones de superioridad e inferioridad entre personas y grupos sociales. Portocarrero (2012) dice que, a fines de 1970, en Ayacucho los terratenientes casi habían desaparecido, pero persistía la «psicología abusiva del patrón». Y que, si bien la hacienda había entrado en crisis, no pasó lo mismo con el poder gamonal ni con las relaciones de servidumbre indígena.
Incluso Ávila (2001) sostiene que, aunque la reforma agraria de Velasco desarticuló el sistema gamonal, algunos sectores rurales —comerciantes, tinterillos, campesinos ricos, burócratas— continuaron «reconstruyendo la diferencia con algunos ladrillos del sistema anterior». Por ello no hubo un paso sólido del mundo gamonal de señores y siervos hacia una comunidad de ciudadanos. Sin una revolución democrática de las relaciones humanas y sociales, las estructuras de dominación del gamonalismo encontraron nuevas formas de reproducción y continuidad.
Ciudadanos de primera y segunda categoría
Las características resaltantes de estas relaciones son su naturaleza jerárquica, vertical y urbana. Las estructuras coloniales sostenidas en la República excluyente, crearon ciudadanos de primer nivel en espacios urbanos y ciudadanos de segunda y tercera categoría en zonas periurbanas y rurales. Se estableció una ciudadanía activa en el centro y otra subordinada y pasiva en la periferia. Incluso, hasta la reforma agraria de 1969, el campesinado vivía sometido a relaciones de dominación y servidumbre, que el municipio también reproducía.
A ello sumemos estructuras ideológicas y culturales discriminadoras. El antropólogo José Coronel recuerda haber conocido a catedráticas, hijas de hacendados, que llamaban despectivamente «cholos» a campesinos que vivían apenas a diez minutos del centro histórico donde ellas residían. Como explica, «cuanto más cerca están de los barrios pobres, quieren distanciarse más, para que no las confundan».
Autoritarismo institucional
A la herencia gamonal -servidumbre, jerarquía, dominación- hay que sumarle las secuelas del conflicto armado interno -desconfianza, ruptura del tejido social- y el autoritarismo fujimorista -concentración del poder, debilitamiento institucional, prácticas verticales-. Estos legados se expresan en estructuras y prácticas institucionalizadas en espacios como: la escuela, familia, policía, municipio, otros. Allí persisten la exclusión, el verticalismo, el maltrato, reproduciéndose jerarquías ciudadanas donde unos mandan y otros obedecen (Strocka, 2008).
Ahora bien, ese entramado social contribuye a reproducir la desinstitucionalización, el caudillismo, la ausencia de políticas de largo plazo, el clientelismo político y el patrimonialismo económico, generando «poca legitimidad de las autoridades públicas» (Huber et al., 2003). Y en relación a los municipios, Huber señala que es urgente institucionalizarlos, pues son percibidos como la extensión del alcalde. No son colectividades. Son entidades que responden al alcalde, y antes respondían al gamonal.
Exclusión municipal
Los campesinos que llegaban a la ciudad, huyendo de la pobreza o la violencia, iniciaban sus procesos de organización dentro de una «cadena de jerarquizaciones sociales locales», en la que ser poblador barrial significaba ocupar el último eslabón (Henríquez y Arnillas, 2014). Estas relaciones de desigualdad se reproducen entre autoridades municipales y la población. Son relaciones asimétricas, verticales y antidemocráticas, en las que el reconocimiento y atención dependerían de la posición política, económica y social de las personas.
Así lo expresa Leonor Martínez, exdirigente del Consejo de Coordinación Local (CCL) de Huamanga, al recordar que alcaldes y gerentes «no escuchaban, sino solamente a las personas que van de saco y corbata». En cambio, quienes venían del pueblo, «sencillos, que van hasta con nuestras ojotitas, no nos atienden». Para ella, esto ocurría porque «somos de baja condición. Así, creo que hasta ahora (2021) existe ese trato». Su conclusión es contundente: «el trato debe ser igual para todos» (Ospina, 2024).
Limitaciones del marco legal municipal
Estas relaciones de dominación entre autoridades y ciudadanía se reproducen en las estructuras legales que regulan la participación vecinal. La Ley Orgánica de Municipalidades, N.º 27972, de 2003, establece límites para crear municipios democráticos y participativos. Así, el CCL es consultivo y no vinculante, por lo que las decisiones concertadas no tienen carácter obligatorio para las autoridades. Además, éstas tienen mayor peso (60%) y la sociedad civil (40%). Así, la norma legitima la desigualdad.
Hatun Rimanakuy, fábrica de ciudadanía y democracia
Se requiere una reforma que equilibre las relaciones de poder. No para restar atribuciones a las autoridades, sino para generar espacios participativos vinculantes que produzcan ciudadanía y democracia. La igualdad ciudadana es lírica. Es legal, pero no real. Mecanismos como el Hatun Rimanakuy, HR, fabrican ciudadanos plenos que se reconocen como iguales, más allá de sus diferencias económicas, políticas, educativas y sociales. Estos mecanismos, como señala Sinesio López (1998), liberan al poblador de ser un «objeto sometido al poder» y lo convierten en «sujeto y titular legítimo del poder», capaz de contribuir a crear una nueva sociedad.
Espacios como el HR y otros, producen igualdad efectiva ante la ley y frente a la autoridad. Son ejemplos de participación que, como una revolución democrática, transforman las relaciones tradicionales entre autoridades y ciudadanos. Y es que la democracia no se construye sólo cambiando a quienes gobiernan, sino revolucionando las relaciones de poder entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, con espacios resolutivos y democráticos como el HR.
