Con la expresión ¡Yo tampoco le entiendo! la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, conminó al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, a dejar el quechua y hablar en castellano durante su presentación ante el Pleno del Congreso el pasado 26 de agosto.
La espontánea sinceridad de la presidenta del parlamento resulta reveladora de una seria debilidad de nuestra clase política: la dificultad para entender a amplios sectores de la población, y no me refiero sólo a quienes tienen como lengua materna el quechua, el aymara o alguna de las 47 lenguas originarias del Perú. La falta de entendimiento no se debe únicamente al desconocimiento de las lenguas, es mucho más compleja y va en la línea del distanciamiento entre representantes y representados que afecta a nuestra democracia.
Tanto el Congreso, como el Gobierno y los partidos políticos arrastran elevados niveles de desconfianza por parte de la ciudadanía, además de ser percibidas como instituciones corruptas o proclives a la corrupción, según los estudios de diversas encuestadoras a lo largo de los últimos años.
El Congreso ha ensayado diversas formas para ejercer de forma eficaz su función de representación. En algún momento se realizaron plenos descentralizados, se instalaron oficinas desconcentradas y finalmente se instauró la semana de representación. No obstante, en muchos casos los y las congresistas cumplen la semana de representación en las capitales departamentales y –salvo excepciones- se desplazan muy poco por sus provincias, distritos y comunidades[1]; incluso hay denuncias sobre congresistas que habrían falseado información para hacer creer que cumplían con actividades de representación.
Pienso que es posible revisar el funcionamiento del Congreso, sus comisiones y las sesiones plenarias. La fórmula actual “obliga” a los congresistas a mudarse a Lima para poder participar en sesiones de comisiones y del Pleno convocadas diariamente durante tres semanas consecutivas. En perspectiva comparada, hay parlamentos que concentran la labor de comisiones y plenos en una o dos semanas, de forma tal que al menos la mitad del mes los parlamentarios deben y pueden permanecer en las circunscripciones a las que representan.
Pero la función de representación no es una actividad más; representar supone también consultar las iniciativas legislativas con los sectores sociales involucrados antes de que sean presentadas; la idea es desterrar los proyectos de ley elaborados sólo en el escritorio y más aún bajo la presión de grupos de interés. Lo mismo aplica para las acciones de control. La calidad de la representación ha de ser entendida como transversal al conjunto de la labor parlamentaria.
Asumir esta forma de trabajo requiere acuerdos entre portavoces de bancadas y reformas en el reglamento del Congreso de tal forma que, por ejemplo, dar cuenta de las consultas realizadas sea un requisito para la admisión de un proyecto de ley, de la invitación a un ministro o de una moción de interpelación. El reglamento requiere también mayores precisiones para que contar con intérpretes en lenguas originarias no sea una excepción. Lo mismo con relación a la presentación de iniciativas legislativas; está fresca todavía la experiencia de la ex congresista ayacuchana Tania Pariona que tuvo que batallar para que se le acepte un proyecto de ley presentado en quechua, su lengua materna.
No pretendo desconocer que los congresistas no tienen mandato imperativo, intento encontrar un equilibrio que dé el lugar que corresponde a la tan debilitada representación; no olvidemos que con el voto no termina el deber ni el derecho ciudadano, por el contrario, con el voto se genera un vínculo que ha de ser cultivado a lo largo del periodo para que representantes y representados podamos entendernos mejor.
El desafío de representar políticamente la diversidad de nuestro país es también para el poder ejecutivo. El actual gabinete no refleja diversidad, menos aún paridad entre hombres y mujeres: de 19 ministros sólo dos son mujeres. Hemos avanzado bastante con la instauración de la paridad y alternancia de género en las listas electorales. Continuar en esta perspectiva de justicia e inclusión debería comprender la conformación del gabinete ministerial y, en general, en los diversos ámbitos de la gestión pública y de los poderes del Estado[2]. Es tiempo de avanzar hacia la reserva de escaños para pueblos originarios de la Amazonía en la composición del Congreso. Medidas de esta naturaleza harían que el debate generado a partir de la intervención en quechua del ministro Bellido pase de ser una anécdota y se traduzca en política pública para un país pluricultural como el nuestro.
Ojo que tampoco es mi intención resaltar la figura del muy cuestionado presidente del Consejo de Ministros; si bien las palabras iniciales en quechua del ministro Bellido motivaron importantes reacciones, su mensaje ante el Congreso no tuvo una sola alusión a políticas de interculturalidad.
Avancemos hacia una democracia efectivamente representativa en la cual todos y todas podamos entendernos.
[1] Al respecto, puede consultarse los reportes de la asociación civil Transparencia en su portal web
[2] La actual presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, ha dado un paso importante para lograr paridad en las salas de la Corte Suprema.
