Por Renzo Vidal
Durante el régimen del joven y aún inexperto Luis XIV, el “Rey Sol” y quien se perpetuaría como monarca por más de 70 años, comienzan una serie de sublevaciones de los nobles contra el poder real. Así, su primer ministro y cardenal Jules Mazarino, un hábil diplomático religioso, recurriría a los arrestos contra parlamentarios para reducir conatos de insurgencia, sin los resultados esperados y detonando luego en la guerra civil de La Fronda.
Acabada esta, un Luis XIV más cuajado y triunfante se dirige hacia al parlamento acudiendo con su mejor traje de caza, con vara en mano y con voz enérgica los señala y les pronuncia su célebre frase: ¡El Estado, soy yo!
Eran tiempos de absolutismo en Francia, donde el poder se dedicaba a magnificar a los regentes desde el Palacio de Versalles, mientras que París poco a poco se hundía en un periodo de miseria y caos. Un reinado así, generaba en Luis XIV una desconfianza plena hacia casi todos sus colaboradores, heredándolos de las administraciones anteriores y manteniéndolos en sus cargos. Tal fue su desconfianza que después de la muerte de Mazarino, nunca hubo otro primer ministro.
Las sociedades evolucionan en el tiempo, pasando de una monarquía, colonia, para luego emerger la democracia en muchos de los países del orbe como forma de elegir a sus representantes en los poderes del Estado. Si bien ésta fue generada desde la antigua Grecia en el siglo IV a.C. donde Pericles o Alcibíades reunían a los atenienses en el monte Pnyx, cerca de la Acrópolis para pronunciar famosos discursos sobre los valores que presidían la vida de los ciudadanos, la democracia se ve debilitada e incapaz de generar los beneficios sociales que requieren los que se encuentran convencidos de que es la mejor forma de convivencia.
Entonces, tras ese posible debilitamiento de la democracia ¿qué beneficios económicos trae consigo perpetuarse en el poder? Ni uno.
Hay evidencias de que en el largo plazo las economías se destruyen por la implementación de una política de instituciones extractivas, ligadas a los dictadores o utilizando eufemismos como el de simples autócratas que solo benefician a un puñado de personas que gobiernan con una visión cortoplacista, a diferencia de una política con instituciones inclusivas donde se establece una economía de mercado, pluralista y con visión de largo plazo, ligados a la transición de poderes.
Si se observa en las últimas décadas, las economías latinoamericanas no han estado exentas a dicho debilitamiento y de la perpetuidad en el poder de presidentes elegidos democráticamente. El caso más emblemático de abuso del poder es el que vive Venezuela, con un gobierno que viene perennizándose desde hace más de veinte años sin la capacidad para fortalecer sus instituciones políticas, anclándose solamente la institucionalidad extractiva en ellas.
Los datos estadísticos proporcionados por el Fondo Monetario Internacional sobre el PBI per cápita en términos reales lo corroboran. Desde 1980 al 2020 Venezuela mostró una tasa de crecimiento anual de -3.4% en promedio. Es decir, si se retrocede casi cuarenta años, los ingresos por per cápita eran cuatro veces más de lo que actualmente percibe un ciudadano venezolano. Un rotundo fracaso como modelo económico, con instituciones extractivas y con una política de perpetuidad infinita.
En ese período de análisis, los gobiernos latinoamericanos que duraron más de diez años como únicos gobernantes y que acariciaron la posibilidad de no alternancia de poderes, se encuentran Bolivia con 0.7%, Argentina con 0.2%, Ecuador con 0.5%, Perú con 1%, Uruguay con 1.6% y Chile con 2.4%. Mientras que en la orilla de la alternancia democrática estuvieron Brasil con 0.5% y Colombia con 1.6%, respectivamente. Por lo tanto, no somos ajenos a una democracia frágil que puede ser vulnerada hacia adelante.
Perú se encuentra en el camino de la alternancia de poderes desde hace aproximadamente veinte años y cuyo modelo económico ha permitido reducir la pobreza considerablemente en las todas las regiones. ¿Se desea un Perú con mayores ingresos? Pues se debería practicar la forma de generar políticas institucionales inclusivas y no extractivas, donde el Estado genere oportunidades para aquellos ciudadanos que realmente la necesitan hacia adelante. El Estado, somos todos.