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viernes, octubre 7, 2022

Inventario institucional: elecciones, democracia y controles

Por Gerardo Távara

Si se mantiene la tendencia de las últimas encuestas –IPSOS, Datum, IEP y CPI- el próximo presidente de la República será el señor Pedro Castillo. Aunque las distancias con la señora Keiko Fujimori son significativas, todavía es alto el porcentaje de indecisos y personas que afirman que no votarían ni por Castillo ni por Fujimori o no piensan votar[1]; ambos candidatos generan dudas, temores y resistencias en buena parte legítimas. El desafío mayor parece estar en el giro que la señora Fujimori pueda hacer en su estrategia de campaña.

No me detendré en el análisis electoral, quiero más bien llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer los controles institucionales necesarios para resguardar la democracia cualquiera sea el nuevo presidente o presidente de la República.

De un lado, es fundamental lograr claridad sobre las alianzas y coaliciones que puedan conformarse en el nuevo Congreso. Salvo el anuncio de Nuevo Perú de apoyar la elección de Castillo, no hay otros pronunciamientos oficiales; aunque es previsible que los parlamentarios de Avanza País y Renovación Popular –cuyos candidatos fueron H. De soto y R. López Aliaga, respectivamente- se alineen con el fujimorismo, a quienes podrían seguir también APP y un sector de AP. No lo sabemos. Pero será muy importante quién logre la presidencia del Congreso y la estrategia que desde allí se adopte frente al Ejecutivo. Ojalá no se reproduzca una política obstruccionista y que los mecanismos de control y contrapeso propios de la democracia se apliquen de forma responsable. Al respecto, tengo la sensación de que extrañaremos un bloque de centro con la suficiente consistencia para terciar y lograr equilibrio en el parlamento.

Por otro lado, corresponde estar alertas frente a la intención del actual Congreso que ha reconstituido la comisión seleccionadora para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional en el escaso tiempo que les queda. La “nueva” comisión –sin participación del Frente Amplio y el Partido Morado- ha decidido ignorar las deficiencias que paralizaron el proceso en octubre del 2020 y continuar adelante, una decisión que no nos llevará a buen puerto y supone un serio riesgo para la institucionalidad democrática. Recordemos que el TC, actualmente presidido por Marianella Ledesma, es el máximo órgano de control constitucional y que fue precisamente un intento de “repartija” lo que provocó la disolución del Congreso el año 2019. Toca desplegar los mayores esfuerzos para que el nuevo TC sea producto de un concurso efectivamente transparente y meritocrático, requisitos que el actual proceso no garantiza y que abonan en favor de dejar la decisión para que el Congreso que ha de instalarse en julio del 2021 reinicie el concurso desde cero.

El nuevo Congreso tendrá que elegir, además, al reemplazante de Walter Gutiérrez en la Defensoría del Pueblo, cuyo mandato vence en setiembre de 2021.

Tras las acertadas decisiones de la Junta Nacional de Justicia de destituir a Pedro Chávarry y Tomás Gálvez por sus vínculos con “los cuellos blancos”, es necesario reconstituir la Junta de Fiscales Supremos, máximo órgano del Ministerio Púbico y por el que pasan las principales decisiones en materia de investigación de los casos de corrupción que afectan gravemente al país e involucran a líderes políticos de todo el espectro y del empresariado[2]. La Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos ha de solicitar a la JNJ la pronta selección de fiscales supremos titulares que reemplacen a los destituidos de forma tal que la Junta de Fiscales Supremos se complete y refuerce sus muy importantes funciones en la lucha contra la corrupción.

Un requerimiento similar es el de la Corte Suprema de Justicia que preside Elvia Barrios y que cuenta con apenas 13 jueces titulares y 37 provisionales. La selección corresponde también a la Junta Nacional de Justicia[3].

Resulta fundamental que los candidatos Castillo y Fujimori den muestras claras de que respetarán de forma absoluta la autonomía del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia y que les dotarán de los recursos necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones.

Mis últimas líneas para señalar que una de las tareas que corresponden a la sociedad civil en el actual contexto es defender –con la misma decisión ya mostrada- la autonomía de los poderes del Estado y, en especial, de los organismos de control democrático.

[1] Por encima del 30% en todos los sondeos.

[2] Están pendientes los casos de los fiscales supremos Rodríguez Monteza y Arce Córdova.

[3] La JNJ estaría por iniciar el concurso para la selección de seis jueces supremos.

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