Por Claudia Arévalo
Mientras la pandemia arrecia en el país, después de casi año y medio el poder político ha demostrado que sus intereses particulares son mucho más importantes que el bienestar y la necesidad de la gente que lo eligió y a quien se debe. En el parlamento algunos representantes gritan en el pleno que las vacunas no sirven o que cambiarán nuestro ADN; los gobiernos regionales promueven la ivermectina como tratamiento maravilloso, repartiéndolo a sus ciudadanos en plazas y parques, mientras que otros brillan por su ausencia o incompetencia.
El Ministerio de Salud, organismo clave para la respuesta contra la pandemia, ha demostrado su debilidad institucional, promulgando normas técnicas para la compra de medicamentos sin evidencia científica, con un paternalismo sin sentido y cediendo a intereses subalternos. Así, las instancias llamadas a ser el pilar de las políticas públicas para la lucha contra la pandemia se manifiestan como un lastre corrupto e ineficiente, dentro de un Estado débil y deteriorado.
Temo que si esta mezcla explosiva de peleas políticas y debilidad institucional continúan, el terrible estado de nuestra salud pública será imposible de revertir; con 400 muertos diarios hemos sobrepasado en casi un centenar los promedios de la primera ola. Además, cuando escribo esto -sábado 24 de abril – el equipo del Dr. (Ph.D.) Pablo Tsukayama informaba que la posibilidad de que tengamos una variante chilena-peruana, que podría convertirse en una “variant of concern”, es bastante alta, si es que no es ya una realidad.
Además, a pesar de haber comenzado con mucho ímpetu la inmunización contra el Covid-19, hemos tenido severos reveses, no solo por intereses subalternos, sino por el miedo incomprensible de este gobierno al escandalo mediático, y la insistencia de llamarse a si mismos gobierno de transición y emergencia, como si al hacerlo disminuyera su responsabilidad ante la pandemia.
Es incompresible permitir actividades como las de casinos, gimnasios, y otras, y a la vez mantener cerradas las escuelas; o paralizarse ante la posibilidad de hacer cumplir el artículo 82 de la Ley General de Salud, y poner todos los recursos medico asistenciales públicos y privados al servicio de las zonas afectadas por la emergencia sanitaria. No es posible que la gente empeñe sus propiedades o pierda sus ahorros por una cama UCI, o que un balón de oxigeno medicinal cueste 3000 soles o más, y que el gobierno solo observe.
Sabemos que a pesar de tener vacunas comprometidas con otras farmacéuticas, la campaña de vacunación no alcanzará la cobertura deseada, si es que no se concreta la negociación con Synopharm, y se hace cumplir el acuerdo por las 37 millones de dosis faltantes. En un estudio reciente del Dr. Percy Mayta y colegas, en colaboración con el Colegio Médico del Perú, se indica la reducción de la mortalidad en médicos vacunados con el primer lote, lo que prueba que las vacunas de ese laboratorio funcionan.
Aplaudimos desde aquí que, aunque tarde, se haya cambiado de estrategia de inmunización y pasar de una estrategia de plataforma múltiple a una territorial y de riesgo, donde se tenga un padrón unificado; esta es una manera más eficiente de controlar y distribuir los recursos; sin embargo, sin vacunas que cumplan las características logísticas de nuestras cadenas de frío, poco se podrá lograr; las regiones seguirán siendo relegadas a las pocas dosis disponibles y esto hará que el virus siga circulando y mas variantes puedan surgir.
Finalmente, no tenemos certeza de los planes de gobierno de los candidatos que compiten en la segunda vuelta, en cuanto a la lucha contra la pandemia: uno no tiene estrategia alguna, y aunque plantea la vacunación universal y gratuita, no dice cómo la llevarán a cabo. La otra afirma que pondrá a disposición de los privados y la economía social de mercado el abastecimiento de las vacunas; es decir, quien tenga plata se vacunará y el que no la tenga esperará eternamente, si acaso el virus no lo mata antes.
Creo que es mi deber, y el de mis colegas, exigir que el gobierno actúe AHORA; que como primera medida dejen de lado el temor y apliquen el artículo 82 de la Ley General de Salud para una mayor disponibilidad de camas UCI y oxígeno medicinal; en segundo lugar, que levante el bloqueo a Synopharm y cierren las compras de los embarques restantes antes del cambio de mando, para asegurar todas las dosis disponibles de esta y otras farmacéuticas, antes que nuestros inciertos candidatos lleguen a Palacio.
En este momento el gobierno de transición y emergencia tiene en sus manos la posibilidad de dar un giro de 180 grados en su manejo de la pandemia; los exhortamos a que la tomen y piensen primero en la salud de sus compatriotas, pues gracias a la lucha de todos los peruanos que salimos a las calles en noviembre es que llegaron a esta posición; demuestren que son dignos de su mandato y no dejen un triste recuerdo en la historia del país: este es un momento histórico que no admite pusilánimes; además, más vale ser juzgado por actuar rápida y diligentemente, a serlo por acciones tibias en momentos de urgencia.
Bien dicho!