Las cifras del INEI indican que en pocos meses se elevó a 30.1% la pobreza monetaria en el Perú. El aumento de 9,9% implica que alrededor de 3 millones de peruanos son nuevos pobres, una caída inédita del empleo y de medios de vida por el volumen y rapídez Ahora más que nunca se demanda política ágiles, sostenibles y eficaces para crear empleo e inserar a los perauanos al mercado.
El trabajo realizado varios años desde la gestión pública promoviendo el empleo para distintos grupos vulnerables, nos dejan lecciones aprendidas. Para empezar, nuestro país no tiene una estrategia en empleo para promover a todos por igual. No todos están visibilizados de la misma forma; cada grupo posee sus particularidades por el tipo de vulnerabilidad que experimentan, el territorio en el que se encuentran, la edad que tienen, la circunstancia que atraviesan, de modo que desde las diferencias se deben formular estrategias a medida para la empleabilidad.
¿Qué significa ser vulnerable? Este es un concepto cambiante, distinto a los conocidos conceptos de pobres y no pobres. Esta condición puede encontrarse en distintos individuos, grupos o comunidades, y en cada uno adopta formas distintas. La vulnerabilidad social es integral, impacta en todos los ámbitos de la vida de las personas. Para la CEPAL, la vulnerabilidad social es progresiva y acumulativa, que lleva a nuevos problemas y a una vulnerabilidad cada vez mayor, siendo lor ello cíclica. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) -en el informe “Vulnerabilidades, más allá de la Pobreza” de mayo del 2020- señala que en el Perú, 5,8 millones de hogares son vulnerables (65%) y que poseen por lo menos un tipo de vulnerabilidad; en números, 6 de cada 10 hogares en el Perú son vulnerables teniendo en cuenta que en el año 2018, el Perú registró un total de 9,009,968 de hogares. Para el PNUD, los tipos de vulnerabilidades más frecuentes en nuestro país son vulnerabilidad laboral (34.3%) ulnerabilidad financiera (30.1%) y vulnerabilidad alimentaria (21.2%).
Por otro lado, la vulnerabilidad laboral como concepto tampoco está definida por el INEI o por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE); sin embargo, los colectivos a los que nos referimos como vulnerables y que son parte de la PEA están distribuidos por edades, es decir, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, o por condiciones o situaciones particulares, como grupos étnicos, población en situación de discapacidad, víctimas de violencia, población rural, población en situación de pobreza o pobreza extrema, mujeres víctimas de violencia, personas víctimas de la violencia política entre 1980-2000, personas en cárcel, grupos LGBTI, migrantes, desplazados, personas en trabajo forzoso y víctimas de trata, entre otros.
En la experiencia de capacitar a estos colectivos para acceder a un empleo formal, encontramos el desconocimiento de los usuarios de los servicios públicos de empleo a los que podrían acceder; no se conoce la gratuidad de los mismos, no saben dónde buscarlos o cómo participar. Desde las instituciones públicas no se articulan esfuerzos pata buscar a los usuarios o beneficiarios, además de que no poseen presupuesto para estas acciones, y no siempre tienen una información actualizada. Luego, no todas las dependencias vinculadas poseen traductores de lenguas originarias, o hacen partícipes a las familias de los usuarios en los casos en que la discapacidad requiere¡a trabajar con la persona y su familia, o no todas realizan trabajos previos de atención psicológica y salud para víctimas de violencia y trata antes de capacitarlos para el empleo, u organizan métodos ágiles para la capacitación dependiendo de la edad del grupo a atender.
Las empresas que pueden brindar oportunidades de empleo no tienen información clara o a tiempo para el conocimiento del Estado, de modo que ubiquen a los grupos vulnerables antes del inicio de los procesos de reclutamiento. Tampoco capacitan a su recurso humano con una visión inclusiva y diversa que se manifieste en ajustes razonables de acuerdo al público vulnerable que pasará una entrevista de trabajo.
Esta situación se agrava si entre las instituciones públicas, los presupuestos son desiguales y sin proporción, lo que se agravó con la pandemia. Las oportunidades de empleo o de capacitación en centros de formación para el empleo, institutos y/o universidades han virado hacia la virtualidad, alejando más a potenciales beneficiarios de la posibilidad de acceder a capacitaciones por carencia de habilidades tecnológicas, más aún si en sus territorios no existe una buena conectividad o si no poseen aparatos tecnológicos, o si los tienen no saben como usarlos, o que por la falta de capacidad económica no les es posible adquirir la cantidad de megas necesarios para recibir un curso.
Existe indiferencia para abordar una real política pública de empleo que atienda a los distintos grupos vulnerables. Los esfuerzos realizados por el Ejecutivo no bastan. Se necesita que el proceso de descentralización de los servicios públicos de empleo encargados a los gobiernos regionales se acelere para adelantar los resultados; ellas, las regiones, son los gestoras de sus territorios y precisan de enfoque, multicultural, diverso, con pertinencia y calidad los servicios de empleo.
Los grupos vulnerables están en todo el país; las regiones deben asumir un rol protagónico en la promoción del empleo. Por un lado, legalmente poseen competencias para promover el empleo, pero no las ejercen por falta planes, presupuestos y recurso humano calificado. Sin duda las personas en vulnerabilidad se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos sean conculcados; de allí la obligación del Estado de protegerlos, defenderlos, promoverlos y buscar la innovación de las estrategias para su inclusión plena a un trabajo formal. Sin ello, la reactivación y lucha contra la pobreza tendrá retrasos o no será inclusiva.
¡Reflexión muy importante en estos momentos!