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domingo, octubre 17, 2021

Alertas congresales

Nuestra atención está centrada en la elección. Y mientras ello pasa, el Congreso viene impulsando una serie de iniciativas que están pasando desapercibidas.

Primero, los intentos de reformas constitucionales. Como el tiempo que queda es insuficiente para votarlas en dos ciclos sucesivos (“legislaturas”), aprobaron crear un cuarto periodo o legislatura, para tener, con ello, las dos votaciones que exige el artículo 206 de la Constitución, si el Congreso quiere aprobar estos cambios constitucionales por sí solo (sin referéndum). Sin embargo, cuando se inició con la primera propuesta en debate -sobre la cuestión de confianza- esta no logró ser aprobada con la votación suficiente para usar este mecanismo de reforma (un mínimo de 87 votos). Solo consiguió 80 votos. Pese a este rechazo, luego se ha comenzado a impulsar una ley “que precisa el uso de la cuestión de confianza”, que, en la práctica, plantea que el Congreso interprete la Constitución vía una ley. También la agenda del Pleno de mañana trae nuevamente a debate las reformas constitucionales sobre bicameralidad y para permitir la reelección en los gobiernos regionales y locales.

Al margen de estar a favor o en contra de las modificaciones concretas, todo cambio de la Constitución exige un amplio debate. No aprobaciones rápidas y sin deliberación. Mucho menos si lo que se plantea cambiar son temas de la mayor importancia y que han sido el centro de las relaciones Poder Ejecutivo-Poder Legislativo y de la crisis política de los últimos cinco años (como la cuestión de confianza). O materias que implican una reforma trascendental en la estructura del Parlamento, que pasaría de tener una cámara a dos. Este solo cambio exige también definir una serie de cuestiones como los requisitos, el modo de elección en cada cámara (con representación por departamentos y/o carácter nacional), las funciones de cada una y cómo se interrelacionan (especialmente en el procedimiento legislativo, pero también en el control político, elección de altos cargos, entre otros). Y de igual modo si se quiere promover un cambio que impactará en las elecciones regionales y municipales del próximo año y permitirá, de aprobarse, que quienes están en funciones vuelvan a postular, pese a que ello no ha sido casi objeto de análisis recientemente.

De otro lado, el Congreso viene impulsando la selección de magistrados del Tribunal Constitucional. Durante este procedimiento, se excluyó a postulantes sin razones válidas y se detectaron otra serie de irregularidades y, aunque luego de las marchas de noviembre último, las bancadas se comprometieron a detenerlo, ahora sigue en curso, con entrevistas ya realizadas a los/as postulantes y con una muy próxima votación en el Pleno del Congreso. Uno puede coincidir o discrepar con sus decisiones, pero no puede dejar de reconocer el importante rol del Tribunal Constitucional como árbitro ante diversas controversias, incluso aquellas que han enfrentado al Congreso y al Poder Ejecutivo, en su mayoría resueltas por estas vías constitucionales. Elegir a los mejores candidatos/as, quienes vayan a defender la supremacía la Constitución y defender derechos, y no a intereses privados o políticos. Una tarea que debe confiarse al Congreso nuevo, y no al saliente, como han advertido algunas organizaciones.

En medio de todo ello, otra alerta respecto del accionar parlamentario es que hoy se debate la moción de censura presentada contra la Mesa Directiva del Congreso, la que, según la propia agenda del Pleno, se sustenta en que “su gestión no cumple con la defensa del fuero parlamentario afectando el equilibrio de poderes”. En un contexto post electoral aún no definido, y a menos de un mes de dejar sus funciones, cambiar la Mesa Directiva del Congreso es un factor de inestabilidad que no debería prosperar. Hay que recordar, además, que durante el mes de mayo se buscó, de igual modo, la censura de la Mesa Directiva e incluso se impulsó la censura del Presidente de la República (esto último con solicitud anterior en el mes de abril).

Estos intentos previos no consiguieron los votos requeridos ni siquiera para su admisión, pero no deja de preocupar que en vez de sumar esfuerzos para una transición ordenada hacia las nuevas autoridades, se pretenda nuevamente salidas intempestivas sin mayor fundamento. Los dos ejemplos que se esgrimen para sustentar esta moción no tienen asidero. En lo primero, se alega la supuesta falta de “una posición adecuada en defensa del parlamento” frente a la denuncia del Presidente de la Comisión de Constitución frente a la convocatoria del Presidente de la República que considera llevó a “frustrar el debate de las reformas constitucionales”. Esta circunstancia se refiere únicamente a una reunión sostenida entre el titular del Poder Ejecutivo y el de la comisión que impulsaba estas reformas. El que las reformas constitucionales prosperen o no depende únicamente de los congresistas, según decidan votar o no favorablemente a ellas. Ni la Mesa Directiva del Congreso ni el Presidente de la República pueden responder por ello; y el Ejecutivo no puede “frustrar” debate alguno porque no interviene en su agenda, debate o votación. Lo segundo, que tiene que ver con la supuesta demora en la remisión de una autógrafa referida a la posible adquisición de vacunas por gobiernos regionales y empresas privadas, no parece razón suficiente para remover una Mesa Directiva, incluso cuando ahora la norma ya es ley (Ley Nº 31225).

En este contexto, lo que nos toca hacer es estar alertas frente a las acciones del Congreso y exigir a nuestros representantes que decidan en beneficio del país, y no de intereses particulares. La responsabilidad de nuestros autoridades será determinante en este periodo de transición para no afectar a nuestras instituciones, porque estos y otros intentos pueden afectarlas de manera grave y a largo plazo.

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