La enorme cantidad de plata que los candidatos a la presidencia, especialmente Keiko Fujimori y sus asesores políticos, han ofrecido a los pobladores pobres del Perú para ganar el voto necesario que les permita ganar estas elecciones, ya resulta no solo exagerada, sino abrumadora.
Por cierto, no es que la mayoría de la población no requiera de ese auxilio inmediato de contar con dinero para comprar los alimentos necesarios o gastar en servicios básicos. Evidentemente, se requiere de una ayuda extraordinaria proveniente del Estado para paliar (no necesariamente salir) la enorme tragedia que viven miles de hogares peruanos. El tema de fondo es que siendo un país con enormes carencias sociales, con un déficit de infraestructuras, con proyectos paralizados, pero, sobre todo con graves y profundos conflictos sociales, nos debe llevar a pensar si todos estos problemas se resuelven con la entrega de dinero; más aún, sin que se explique por un lado el costo económico que tendrá esas promesas, y, por otro, las condiciones políticas de esa entrega.
Para empezar, cabe precisar, que la gran mayoría de los conflictos que vive el país, son generados no por la falta de dinero, sino por la exigencia de las poblaciones originarias y las comunidades campesinas de ser considerados en la toma de decisiones sobre los proyectos de inversión que afectan su territorio y modo de vida, así como en la necesaria y obligatoria inclusión de la consulta ciudadana, en la exigencia del cumplimiento de compromisos tanto de las empresas como del Estado.
Quizá pocos recuerden, pero durante la dictadura de Fujimori, los programas sociales que debieron servir para el alivio a la pobreza de las poblaciones rurales y urbanas, fueron usados como un enorme aparato de clientelaje sobre los cuales el fujimorismo cimentó su dictadura. Nada garantiza que hoy, nuevamente, la hija del dictador vuelva a usar esas mismas prácticas, sobre todo porque los mismos personajes que estuvieron vinculados a ese aparato de clientelaje están ahora activos en el equipo de la señora Fujimori. La consecuencia más nefasta del clientelaje a través de los programas sociales ha sido la destrucción de ciudadanía en los sectores popular: las familias pobres fueron usadas para la movilización de apoyo al presidente; y éste fue elevado a la categoría de “benefactor”; los ciudadanos fueron rebajados a nivel de “usuario” de un programa social; y así…
Lo que no se toma en cuenta en esta enorme lista de promesas de entrega de dinero es quién pagará el costo de esos programas. La señora Keiko, y sus asesores económicos la tienen clara: nos vamos a endeudar hasta en un 40% de nuestro PBI. Deuda, por supuesto, que tendremos que devolver con intereses que van a crecer con el tiempo. Pero el modelo económico que ha generado precisamente esas condiciones de pobreza y desigualdad en el país se mantiene; vale decir los que se beneficiaron de ese modelo, seguirán gozando de sus beneficios.
Es cierto que para salir de esta terrible crisis se requiere de un gran esfuerzo del Estado para recuperar la economía de las familias peruanas; pero también se requiere cambios políticos que permitan salir de la crisis mejorando las desigualdades en que se encuentran las familias pobres de las zonas rurales y urbanas; pero también que los pueblos sean considerados como actores protagónicos en las decisiones sobre los proyectos de inversión en sus zonas, y con el consentimiento informado y la respectiva consulta ciudadana.
Se requiere dinero, claro sí; pero también y, sobre todo, construir un país de ciudadanos con derechos humanos y sociales.