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lunes, abril 22, 2024

Por la vía democrática

La teoría de la democracia sostiene que ésta se hace fuerte cuando logra resolver sus crisis mediante los mecanismos establecidos por ella misma.

 

La actual crisis política en el Perú provocada por la resistencia a reconocer los ajustados resultados de las recientes elecciones presidenciales -pese a que aún no han sido oficialmente proclamados- ha puesto en jaque la capacidad de nuestras instituciones democráticas para hacerle frente y resolverla de forma oportuna y eficaz. No tengo duda de que hay actores políticos interesados en que lleguemos al 28 de julio sin presidente de la República para el periodo 2021 – 2026; hay quienes incluso han hecho evidente su pretensión de que se produzca esa situación para que el presidente del Congreso asuma la presidencia de la República y convoque a nuevas elecciones.

 

Los partidarios de Pedro Castillo (Perú Libre) como los de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) tienen pleno derecho a exigir que los resultados finales sean proclamados tras un transparente, objetivo e imparcial proceso de evaluación de los recursos presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones luego de que la ONPE anunciara que es Pedro Castillo el candidato que obtuvo la mayoría de votos válidos. Es un derecho que nos asiste a todos, lo que nadie puede hacer es abusar del derecho.

 

La pretensión de Fuerza Popular de anular los votos de aproximadamente 800 mesas de votación se cayó rápidamente por deficiencias en la presentación de la mayoría de solicitudes. Los jurados electorales especiales declararon inadmisibles o improcedentes las solicitudes de anulación de mesas de votación; algunas han sido apeladas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Cuando el JNE declaró por mayoría improcedentes las diez primeras apelaciones, el fiscal Luis Arce –representante del Ministerio Público ante el Pleno del JNE- “declinó” a seguir formando parte del mismo. La conducta de Arce no fue una “bomba” como algunos políticos se apuraron en calificarla; en menos de 24 horas, la presidencia del JNE interpretó correctamente la declinación como una renuncia –prohibida, además, por la ley en medio de un proceso electoral- decidió su suspensión y pidió al Ministerio Público acreditar al suplente, pedido atendido de forma inmediata por la Fiscal de la Nación; en ambos casos primó el criterio de que el proceso electoral no puede detenerse. Dos días después, el fiscal Rodríguez Monteza juramentó como reemplazante de Arce ante el JNE, con lo cual éste volvió a tener quórum para continuar con su tarea.

 

La conducta de Luis Arce provocó que se le inicie un procedimiento disciplinario inmediato en la Junta Nacional de Justicia – JNJ, procedimiento que se suma al que ya arrastraba por sus vínculos con el ex juez supremo César Hinostroza, presunto líder de la organización criminal “los cuellos blancos”. La JNJ acaba de comunicar a Arce que se le aplicaría la sanción de DESTITUCIÓN del cargo de fiscal.

 

Casi en simultáneo, una sala constitucional del poder judicial declaró improcedente la acción de amparo presentada por el ex juez supremo Javier Villa Stein mediante la cual solicitaba la anulación de la segunda vuelta electoral. Esta decisión judicial, que puede ser apelada, deja en claro que la pretensión de Villa Stein carece de pruebas y de sustento en la legislación y la jurisprudencia.

 

Pocos días antes, otra sala de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró inadmisible la acción de habeas data presentada por la personera legal del partido Fuerza Popular para que se le proporcione copia de la lista de electores por cada mesa de votación. Aunque la decisión judicial alude a formalidades subsanables, se trata de un pedido que vulneraría los derechos de protección de datos personales.

 

Por su parte, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que la elección del juez supremo Jorge Salas Arenas como presidente del Jurado Nacional de Elecciones se realizó de forma “impecable”; esto ante los ataques de los cuales Salas Arena ha sido objeto y el infundado e inconstitucional pedido de su remoción.

 

Es imposible dejar de señalar que ante la carta que decenas de militares en retiro dirigieron a los jefes de las fuerzas armadas para que intervengan en el proceso electoral, éstos se han mantenido dentro del marco constitucional. Han tocado, sin respuesta, las puertas de los cuarteles.

 

Reitero que hay quienes pretenden impedir que el 28 de julio se produzca el cambio de mandato presidencial que establece la Constitución. La actual crisis política no ha terminado y no es posible predecir con certeza su desenlace, pero las instituciones democráticas vienen mostrando que –en medio de su fragilidad- la democracia peruana puede ser capaz de resolver su crisis por la vía democrática.

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