A pocos días de la elección más polarizada de la historia, marcada por un doble 6 (6 del 6) que a algunos supersticiosos atemoriza, llegó la lluvia de promesas en debates y plazas.
Promesas que nos recuerdan precisamente a esa clase política que se quiere cambiar, la que promete y nunca cumple. O aquella para la que el prometer solo es el medio para lograr sus fines o mantener su estatus. Y claro, juegan con la gente, con sus expectativas, con sus necesidades y su pobreza. Con esa gente a la que solo les interesa mantener en la ignorancia y no sacarla de ella ni de la pobreza para seguir con el método recurrente del prometer sin cumplir en cada proceso electoral.
Hecha la modificación a la ley de organizaciones políticas, hecho el reglamento, hecha la trampa. Con la modificación no se pueden dar regalos por un monto superior a 0.3% de la UIT durante la campaña. Pues no hay problema con ello, ahora el mecanismo es el de las promesas. Y la que está de moda es la de entregar dinero. Promesa que tiene sus límites puesto que está también sancionada o con multa o exclusión dependiendo de la reiteración de la conducta o el monto de lo ofrecido (más de 2 UIT) y siempre que sea con recursos del candidato o de la organización política. Y he ahí la trampa de la norma. Primero, por la posibilidad de dar una segunda oportunidad para corregir loa andado. Segundo, en el caso específico de la promesa a futuro condicionarla a que el dinero sea del candidato. Pero si nadie promete a futuro de su bolsillo, eso no se ve. Una vez cumplido el objetivo obviamente serán las arcas públicas las que paguen.
Esta disposición hace que ahora los intérpretes de la ley digan que una clara dádiva, como es el ofrecer repartir, de salir elegida, dinero del canon minero, no lo sea y su exclusión no sea posible. Nosotros sí entendemos, que cualquier promesa de entregar dinero en un futuro merece la exclusión porque implica en sí misma un mecanismo de distorsión de la voluntad popular.
Pero no es la única promesa suculenta con la que nos encontramos, también la que otorga 10 mil soles a los deudos de fallecidos por COVID. Ahí va otro ofrecimiento a futuro. Que ahora al no tener un respaldo de caja se ha convertido en un crédito a futuro que no haría sino perjudicar a quienes ya tienen una economía afectada por la pandemia.
Por otro lado está la publicidad encubierta en los medios de comunicación que ahora por ley solo pueden difundir la que contrata la ONPE, y sin embargo hacen uso de menciones, opiniones de sus trabajadores, líderes de opinión y figuras públicas, usando frases de campaña vinculadas a una candidata para hacer publicidad e inducir el voto en un determinado sentido. Lo mismo sucede con las empresas que infunden el temor entre sus empleados bajo comunicados, charlas y otras formas de inducción prohibidas por ley.
Y aún hay más, como no son suficientes las promesas y las publicidades, nos han hecho juramentos de respeto a la democracia e Instituciones que serían imposibles en escenarios con candidatos sin antecedentes dictatoriales. El mundo al revés.
Pero por si esto fuera poco, ni el Jurado Nacional de Elecciones, ni la ONPE, ni la fiscalía, ni quien lleve nombre de autoridad, fiscalizan o denuncian o sancionan estas conductas antidemocráticas. ¡Qué mal estamos!
En síntesis enfrentamos una elección en donde no se respeta la voluntad, se pretende coactarla, dirigirla, manipularla, en función a determinados intereses, fobias y prejuicios de ignorancia. En suma, el reino de la capital vs. las provincias, historia de nunca acabar.
El Perú llegando a 200 años sin pasar por ellos.