Política Nacional Agraria 2021-2030
Mediante Decreto Supremo 017-2021-Midagri, publicado el 23 de julio en el Diario Oficial El Peruano, se presenta la Política Nacional Agraria 2021-2030 que tiene como objetivo impulsar el desarrollo agrario y rural del país, que incluya a la agricultura, ganadería, acuicultura, agroindustria y a la explotación forestal sostenible, esto desarrollado bajo la rectoría del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
Esta Política Nacional responde a que, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (2012), el número de productores dedicados a la actividad agraria es de 2 260 973, de los cuales 2 213 506 cuentan con tierras y representan una superficie de 38,7 millones de hectáreas. Estas hectáreas se dividen en un 15,8% que se ubica en la costa, el 63,6% en la sierra y el 20,6% en la selva. Además, del total de productores agrarios con tierras, el 97% son productores agrarios de la agricultura familiar y el 3% representa a los agricultores empresariales.
El productor cuenta con los ingresos más bajos. La base técnica par la sustentación de este Plan Nacional reconoce que, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 2018) entre el período 2014-2018, el ingreso per cápita mensual promedio del productor agrario fue el más bajo de toda la economía, el cual alcanzó S/ 650. Además, el 24% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada, por encima de los 4 millones de personas, laboró en la actividad agraria. Adicionalmente, la mayoría de los productores agrarios de la sierra y selva peruana presentan limitaciones en sus capacidades que condicionan su oferta productiva, vinculadas con el acceso y uso de insumo agrario, tecnología, infraestructura agraria, asistencia técnica, entre otros. A su vez, presentan brechas estructurales que dificultan las condiciones para que accedan al mercado y obstaculizan la integración en la cadena de valor de la actividad agraria, las cuales generan un bajo nivel de desarrollo competitivo.
Los problemas a enfrentar. Para el Ejecutivo, los principales problemas a enfrentar son los relacionados a la poca integración de los productores agrarios en la cadena de valor. Existe un reducido número de productores que puede acceder al mercado internacional (0.4 % según INEI 2012), mientras que la gran mayoría lo destina al mercado local, 98.2 %, pese a ello, este grupo de productores no logra, en su mayoría mantenerse por un período prolongado en la cadena de valor, debido a varios requisitos que el mercado pide. Además, los productores agrarios, empiezan a presentar problemas en la oferta, a causa del incremento de costos en su producción, entre otras condiciones, que impacta la sostenibilidad de su participación en la cadena de valor agraria. Asimismo, el inadecuado manejo de los recursos naturales conduce a su degradación, lo que conlleva a la disminución de la productividad, la pérdida de la tierra como activo.
Las acciones. Los servicios que se implementarán agruparán a entidades como AGROIDEAS, AGRORURAL, Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, Sierra y Selva Exportadora y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú. Los lineamientos corresponden a acciones que van desde el mecanismo de apoyo para la articulación de los productores y su diversificación productiva, aumentar sus canales de comercialización, la autorización del uso de la marca “Agricultura Familiar del Perú”, programas de formación empresarial y capacitaciones, y fortalecimiento de las capacidades para el corrector uso de los recursos.
Política Nacional Contra las Drogas al 2030
Si bien el consumo de cocaína en nuestro país es una de las más bajas de la región, esta droga es, casi en la totalidad de su producción usada para abastecer el mercado global. Esto es lo que aumenta la expansión de superficie cultivada con arbusto de hoja de coca y de la producción y comercio ilícito de cocaína en nuestro país. En respuesta, el gobierno en diciembre del 2020 lanzó el Plan Nacional contra la Drogas con miras al 2030 estableciendo marcos de acción del Estado para controlar las actividades asociadas a los cultivos ilícitos, el tráfico ilícito y el consumo de drogas, y así reducir los daños que dichas actividades ocasionan en zonas estratégicas y a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
La nueva Política ha identificado 8 zonas del territorio nacional afectadas por la presencia de actividades vinculadas al Tráfico Ilícito de Drogas: Corredor Amazónico, corredor Nor Amazónico, franja costera, Huallaga, La Convención Kospiñata, Sur Amazónico, Triple Frontera y Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El cultivo de hoja de coca se ha extendido también en Áreas Naturales Protegidas (ANP) y sus Zonas de Amortiguamiento (ZA). Asimismo, las expansiones de los cultivos también afectan a las comunidades nativas.
Las acciones que se tomarán son las vinculadas a mejorar la situación socioeconómica e institucional de las zonas estratégicas de intervención, así como reducir la producción y comercio ilícito de drogas en zonas estratégicas de intervención y, as u vez, reducir el consumo de drogas en grupos vulnerables. Además, uno de los puntos que ha resaltado al respecto el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Fidel Pintado, es que se incluya por primera vez el tema de la modernización de la comercialización de hoja de coca para fines tradicionales e industriales, así como otras innovaciones en este ámbito.
“La primera Política Nacional incorpora este importante asunto en la agenda pública con la finalidad de reivindicar a los miles de productores y consumidores que la utilizan para fines lícitos…Hemos pasado de tener estrategias a contar con una primera Política Nacional Contra las Drogas, que tiene una mirada de largo plazo, y que, sobre la base de la evidencia científica, orienta el esfuerzo del Estado hacia un objetivo común, que es proteger a los ciudadanos más vulnerables en todos los niveles y en sus territorios”, dijo Pintado.
Estos primeros planes, según nos compartió el especialista en gestión pública, Vlado Castañeda, “responden a un periodo de tiempo para delinear ciertas políticas públicas en materias de interés para la sociedad; como gestión de riesgos de desastres; lucha contra las drogas; en favor del adulto mayor; en favor de las personas con discapacidad; para las niñas, niños y adolescentes; en materia agraria; en materia de vivienda, urbanismos y desarrollo urbano sostenible; y en relación al empleo decente. Esto son aspectos de interés para lo que será, la política general del gobierno entrante”, precisa Castañeda, enumerando algunos de los otros planes que detallaremos a lo largo del informe y que deben estar dentro del radar del próximo gobierno a puertas de su juramentación.
Política Nacional del Ambiente al 2030
Con fecha del 25 de julio se aprobó la Política Nacional del Ambiente (PNA), la cual busca impulsar el cuidado de la naturaleza y de los ecosistemas, así como de sus bienes y servicios, promoviendo acciones frente al cambio climático, la reducción de la deforestación y contaminación, y para fortalecer la gobernanza y la educación a fin de mejorar desempeño ambiental del país. Este documento cataloga como problema público la disminución de los bienes y servicios que provienen de los ecosistemas y que afectan el desarrollo de las personas y la sostenibilidad ambiental. Esto se hace visible al detallar, a raíz del mal uso de los recursos y daño al ecosistema, se afecta los medios de vida de la población, principalmente de las comunidades amazónicas, andinas y costeras, que es consecuencia de la pérdida de los servicios que proporcionan los suelos, los ríos, los lagos, entre otros ecosistemas. Además, el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), que es consecuencia de actividades ambientalmente no sostenibles como deforestación, quema de bosques, uso indiscriminado de combustibles fósiles, entre otros. Esto produce enfermedades que, según recogen el reporte del Ministerio de Salud en el 2018, se muestran en los más de un millón de casos de enfermedades diarreicas agudas (EDAs), o el millón cien mil casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) a nivel nacional el mismo año, ambos como consecuencia de la contaminación del aire o del agua.
Problemas a enfrentar. Las acciones que se determinarán van direccionar a enfrentar los problemas derivados de la deforestación de los bosques y ecosistemas. De acuerdo con la información del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, la pérdida acumulada de bosques en nuestro país entre el periodo comprendido del año 2001 al 2018, alcanzó 2 284 889 hectáreas, siendo San Martín y Loreto los departamentos que más perdieron cobertura boscosa. El bosque remanente al 2018 a nivel nacional es de 68 422 585 hectáreas.
Combatir, asimismo, las actividades ilegales e informales de aprovechamiento de la biodiversidad biológica (más de 1500 delitos según INEI), enfrentarlas altas tasas de emisiones de gases contaminantes y la inadecuada gestión de residuos sólidos, así como la precaución de posibles riesgos e impactos de originen natural a raíz del cambio climático.
En resumen y según declaraciones públicas del viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro: “La política nacional del ambiente permitirá orientar las acciones e inversiones ambientales y climáticas de las diversas entidades que conforman el sistema nacional de gestión ambiental, para atender las prioridades ambientales a nivel nacional y territorial”.
Política Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo al 2030
Mediante su publicación el 24 de julio se crea el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene como instancias al Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONSSAT), de alcance nacional, y a los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo (CORSSAT), de alcance regional.
Este plan se inició con la identificación del problema público del desarrollo limitado de la seguridad y salud en el trabajo. En los últimos 8 años, según indica el texto, la accidentabilidad laboral en el país se incrementó inicialmente de 10 a 29 accidentes de trabajo por cada 10 mil personas expuestas a estos en entidades empleadoras formales (del año 2011 al año 2012)
En el año 2018, por cada 10 mil expuestos a accidentes de trabajo en entidades empleadoras de 1 a 19 trabajadores el nivel de accidentabilidad laboral llegó a 19; en empresas de 20 a 100 trabajadores, esta fue 31; y en entidades empleadoras de 101 a más trabajadores, llegó a ser 43.
Objetivos prioritarios. Se propone la instauración de una cultura de prevención de riesgos en el entorno laboral, así como mejorar las condiciones de seguridad y salud en el entorno laboral de los trabajadores. Esto bajo una fiscalización por parte de la SUNAFIL a fin de incrementar las tasas de cumplimiento de la normativa en el sector privado y público. El listado de acciones por objetivo la puede ubicar en el siguiente enlace. Normas Legales.
Sobre las medidas enfocadas a la salud del trabajador, y de la sociedad en general, Vlado Castañeda precisó que se cumplió con la transición política visto el reconocimiento internacional que ha tenido el proceso electoral y avanzó en la emergencia dejando un sector salud mejor encaminado. “ Ahora esperemos que esto continúe en el próximo gobierno y se adicione ello con tareas asociadas a la lucha contra pobreza, la inseguridad alimentaria y temas anteriores como la inseguridad ciudadana y la potenciación de los derechos y oportunidades de todos y todas los peruanos; fomentando un esfuerzo conjunto de la sociedad y promoción de los diferentes espacios interés, en lo económico (por ejemplo volviendo a la senda de crecimiento) y en lo social (por ejemplo mejorando nuestro capital humano, potenciando la educación en todos sus niveles)”.
Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres
El pasado 26 de julio se publicó en el diario oficial El Peruano la aprobación de la Estrategia Nacional “Mujeres libres de violencia”, esto teniendo presente que la violencia contra las mujeres constituye un grave problema público que vulnera su derecho al pleno desarrollo como seres humanos y su derecho a la igualdad, es por ello que se ha considerado reforzar las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, mediante la erradicación de sus causas en todos los niveles del Estado y de la sociedad.
Es así que este plan busca reducir la violencia hacia las mujeres, a través de la implementación de medidas de prevención de la violencia contra las mujeres en favor de la ciudadanía y su principal atención en el nivel primario, para así evitar que se repitan otros episodios de violencia contra las mujeres.
Esta prevención primaria será manejada estratégicamente bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y todas las entidades que forman parte del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, así como de la participación de los diversos sectores, niveles de gobierno, de la sociedad civil y de la comunidad en general.
Es así que se otorga al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el plazo de 45 días de publicado este decreto (hasta 8 de septiembre) para emitir los instrumentos normativos correspondientes para la implementación, el seguimiento y la evaluación de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres “Mujeres libres de violencia”.
Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y Política de Lenguas Originarias
El Ministerio de Cultura aprobó el viernes 16 de julio la actualización de la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad (PNLOTI) mediante el Decreto Supremo N° 12- 2021- MC. Su finalidad es la de impulsar servicios públicos en lengua indígena hacia los hablantes, reducir la discriminación por el uso de la lengua indígena, incrementar la trasmisión intergeneracional de las lenguas; así como incrementar su dominio oral y escrito para los hablantes.
Se tiene una proyección, hacia el año 2040, que, 7 de cada 10 hablantes de lenguas originarias, puedan ejercer plenamente sus derechos lingüísticos en todo el territorio nacional, entre otros ejercicios plenos de una ciudadanía diversa. Por lo tanto, esta política beneficia a los más de 4.4 millones de los hablantes de alguna de las 48 lenguas indígenas del Perú, junto a la población de las 37 lenguas extintas.
La implementación de la política involucrará a todos los sectores y a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas a través de la Comisión Multisectorial encargada de proponer, realizar el seguimiento y fiscalizar la implementación de las medidas y acciones estratégicas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas u originarios.
Al respecto, el Grupo Interdisciplinario de Familias compartió que en nuestro país existen 48 lenguas originarias, las cuales están agrupadas en 19 familias lingüísticas y son medios de comunicación de 55 pueblos indígenas u originarios. De ellas, siete están en peligro de extinción ya que solo tienen hablantes mayores que son muy pocos. “Por ello es de suma importancia que, a través de la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad y la “Política de Educación Intercultural Bilingüe (EIB)”, se garantice los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas u originarias”.
Asimismo, el pasado 15 de julio se oficializó la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo con mira hacia el 2030. Aquí, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento estará a cargo de la rectoría de esta política que será la hoja de ruta que oriente y articule las acciones, esfuerzos y recursos de los tres niveles del gobierno hacia el año 2030. Los problemas a enfrentar son los catalogados en el siguiente cuadro:
Ante ello, se busca garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades y centros poblados del país a través de una planificación urbana y territorial que tome en cuenta la sostenibilidad del suelo en las ciudades. Además, se plantea incrementar el acceso a una vivienda adecuada en las ciudades y centros poblados del país priorizando a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social.