El Congreso 2016 – 2021 concluye sin haber podido elegir a los reemplazantes del Tribunal Constitucional que en este periodo cumplieron su mandato. Tal como muchos señalamos reiteradamente, serias irregularidades viciaron el proceso y el Congreso cierra nada menos que con una indagación fiscal abierta ante la resistencia de la mayoría parlamentaria a acatar una orden judicial para suspender la elección.
Los nuevos magistrados constitucionales tendrán que ser elegidos por el Congreso que ha de instalarse en los próximos días. Para no repetir los vicios del reciente proceso, se han esbozado diversas alternativas que Javier A. De Belaunde ha reseñado bastante bien.(1)
La del TC no es la única elección bajo responsabilidad de los nuevos congresistas. En los próximos meses vence también el periodo del actual Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, y toca elegir a su sucesor para los próximos cinco años.
Lo mismo ocurre con los directores del Banco Central de Reserva. De los siete miembros del BCR, cuatro son designados por la presidencia de la República, incluyendo a su presidente, y tres son elegidos por el Congreso. El virtual presidente Pedro Castillo ha anunciado su interés en que Julio Velarde se mantenga al frente de este organismo, aunque no se ha manifestado sobre la continuidad o cambio de los otros tres cuya designación depende de él. Tampoco hemos escuchado opiniones de los líderes de los nuevos grupos parlamentarios sobre los tres directores que les corresponde elegir.
No podemos –ni debemos- olvidar que ya en alguna oportunidad no muy lejana se pretendió un reparto entre las bancadas parlamentarias de una forma bastante burda: cada bancada –según su peso político- podía “colocar” un miembro del TC, un director del BCR y al Defensor del Pueblo.
Si intentara repetirse una estrategia como aquella tendríamos once puestos para distribuir entre las bancadas, un escenario propicio para una “repartija”. Ese es el escenario que debemos evitar a toda costa, por el bien de la institucionalidad democrática y el óptimo cumplimiento de las funciones de tan importantes organismos constitucionales autónomos.
La incertidumbre sobre la correlación de fuerzas y acuerdos entre bancadas en el Congreso incrementa el riesgo y es motivo para reforzar la alerta, vigilancia activa y propuesta por parte de los organismos especializados de la sociedad civil y de la ciudadanía en general. Sobran razones para pensar en cambios constitucionales y legales que garanticen una elección pública, transparente y meritocrática de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, de los directores del Banco Central de Reserva y del Defensor del Pueblo.
De las alternativas formuladas con relación a los magistrados y magistradas constitucionales, me inclino por la que propone encargar la selección de postulantes a la Junta Nacional de Justicia y mantener sólo la elección a cargo del Congreso de la República. Esta misma fórmula podría aplicarse para la elección del Defensor del Pueblo. Es cierto que la Junta Nacional de Justicia ha ido a paso lento con la selección de nuevos fiscales supremos tras la destitución de Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Luis Arce, pero al mismo tiempo hay que reconocer que precisamente en estos casos ha mostrado eficacia y autonomía; la JNJ requiere de mayores recursos profesionales para cumplir sus tareas de forma oportuna, más aún si se concreta el encargo de seleccionar postulantes al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo.
En el caso de los directores del Banco Central de Reserva puede pensarse en una figura parecida: una comisión especial que proponga candidatos ante el Congreso para evitar que la elección se politice como ocurrió, por ejemplo, con la elección del señor Rafael Rey, quien no sólo fue elegido sin contar con cualidades profesionales para tan alta y especializada función, sino que además se ha dedicado a hacer política olvidando la independencia que debe mostrar todo director del BCR.
Si el virtual presidente Pedro Castillo tiene previsto proponer reformas constitucionales desde el inicio de su mandato, las referidas a la elección de estos altos funcionarios debería ser una de las prioritarias. Más allá de las intenciones del señor Castillo, los grupos parlamentarios representados en el nuevo Congreso están plenamente habilitados para formular propuestas en la dirección aquí esbozada. Sería una buena manera de iniciar la nueva gestión parlamentaria.
1. https://peru21.pe/opinion/opinion-javier-alonso-de-belaunde-quien-deberia-nombrar-al-tc-noticia/
