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sábado, mayo 18, 2024

La planilla del Estado no es un botín

El recurso humano del Estado, a través del diseño e implementación de políticas públicas, se organiza para cumplir con su fin último y constitucional de proveer servicios de calidad al ciudadano. Esto es, desde el Poder Ejecutivo: educación y salud, entre otros; desde el Poder Judicial: justicia oportuna y predecible; y, desde el Poder Legislativo: legislación y fiscalización orientados al desarrollo económico, político y social del país.  Entender e impulsar con éxito todo lo anterior es primordial para legitimar al Estado y todo sistema democrático, y los ciudadanos y la sociedad civil se encuentran obligados a exigir ello pues es su derecho.

 

Menos del 1% de la planilla del Estado en el Perú corresponde a ministros, personal con cargos directivos, puestos de confianza, personal técnico en puestos clave, altamente calificados, con grados de maestría y/o doctorados completos. Es el personal estratégico del Estado y deberían de ser siempre personal competente para esos puestos y contar con una ética y moral incuestionables. Buscando asegurar ello, existe normativa vigente que determina los requisitos para esos puestos. La falta a esa normativa resulta en sanciones administrativas y las entidades públicas están llamadas además a velar por su cumplimiento.

 

Resulta preocupante entonces el avance visto en la designación de miembros del gabinete ministerial y de personal en puestos clave con procesos y cuestionamientos vinculados al terrorismo y otros delitos; que no cumplen con las capacidades técnicas requeridas; y que presentan deplorables faltas a la ética y la moral. Ello es inadmisible y la ciudadanía y sociedad civil deben reclamar cambios urgentes porque es su derecho. Lo deben hacer también todos los funcionarios públicos y denunciar estas faltas administrativas. El Congreso debe ejercer su función de control político. Asimismo, entidades autónomas como la Contraloría General de la Republica y la Defensoría del Pueblo, como han hecho recientemente con sendos comunicados, llamando la atención sobre el incumplimiento de la Constitución y las normas, y el derecho legítimo de los ciudadanos a que se respeten los derechos humanos, se prevenga la corrupción y a recibir mejores servicios públicos.

 

No se trata de una reacción conservadora al origen regional o característica de cualquier otra índole de estos miembros designados; todo lo contrario, que el Ejecutivo haya usado ese argumento para defender estas decisiones al conformar su equipo no hace más que mandar mensajes errados: ¿Son acaso estas personas una representación de los profesionales de las regiones? ¡claro que no! ¿no importan las capacidades técnicas acaso para alcanzar esas posiciones clave en el sector público? ¡claro que sí importan! ¿No habrá acaso mayor riesgo de corrupción? ¡Sin duda! Existen un sinnúmero de profesionales probos y técnicamente capaces en regiones, y normativa para impedir designaciones indebidas en estos puestos claves. Debe preguntarse el Ejecutivo por qué ha fallado en convocar profesionales que cumplan con estos requisitos.

 

Debe reflexionar el Ejecutivo que la planilla del Estado no es un botín, mucho menos en la designación del personal clave para el funcionamiento del Estado. Los efectos serán terribles. El ciudadano al que se debe el Estado recibirá peores servicios públicos en medio de la peor pandemia de nuestra historia reciente. Es realmente preocupante.

 

Las consecuencias serán más graves aún con un Ejecutivo que se especula se prepara para aprobar como uno de sus primeros decretos de urgencia la reducción de las remuneraciones de ese personal clave, como si eso fuera lo más urgente, en lugar de enfocarse en mejorar los servicios de salud y la atención de la pandemia; y la reactivación económica y la generación de empleo, que es lo que realmente demandan los ciudadanos. Mensajes errados nuevamente, ¿es que acaso no existe el riesgo de que ninguno de los recientemente designados cuente con mejores alternativas laborales? Cuando un profesional cuenta con las competencias necesarias es demandado en el mercado laboral y cambia de trabajo ante mejores ofertas, evaluando las condiciones laborales, incluida la remuneración. Es lo que ocurrirá con el personal clave del Ejecutivo que sí cuenta con las capacidades técnicas, muchos de ellos vienen de esforzadas jornadas afrontando la pandemia desde sus competencias y se irán o los sacarán antes como ya está ocurriendo. Así, la reducción de remuneraciones solo exacerbará los efectos negativos de la designación de un equipo técnico que carece de competencias adecuadas para el puesto; es decir, una peor provisión de servicios públicos al ciudadano. Habremos perdido como país, y en el sector público, conocimiento y capacidades, y sin duda lo poco de meritocracia que tenemos implementado. ¿A cambio de qué? Los afectados serán solo los ciudadanos. Ciudadanos, exijan su derecho a mejores servicios públicos, se necesita al mejor equipo técnico en los puestos clave para ello y afrontar los enormes retos de la pandemia y la reactivación económica. El país no está para perder el tiempo con nombramientos que luego se dejan sin efecto ni para insistir en posiciones que no son de consenso.

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