Libertades económicas y democracia en riesgo

Es evidente que las libertades, sobre todo las económicas, son las que generan riqueza y bienestar colectivo. No porque lo crea dogmáticamente, sino porque las cifras, la realidad de los países y la calidad de vida de los ciudadanos, donde estas se han implementado, tienen lo que contrasta objetivamente con lo que se vive en los lugares donde se han negado, lo que se puede verificar sin duda alguna y de manera objetiva e incuestionable. Vinculado a ello, la democracia es la columna vertebral de la economía de mercado, y en respeto a ella estamos todos obligados a acatar los resultados dados por las máximas instancias electorales del país, por más dudosos que estos sean. Estas son las reglas de juego y hay que cumplirlas. Ya hice una crítica antes a la certeza absoluta que pudieron tener, pero lo cierto es que esa discusión ya concluyó con el resultado que todos conocemos.

Sin perjuicio de ello, creo que lo que ha hecho el profesor Castillo, absolutamente influenciado, sino maniatado, y ojalá no obedeciendo, por el Jefe del partido que lo llevó al poder, es sencillamente inaceptable y acredita su absoluta imposibilidad de seguir gobernando el país. Él fue elegido con reglas democráticas que tiene la obligación de respetar. Lo que ha hecho al asumir su gobierno al nombrar como Primer Ministro a una persona investigada por apología del terrorismo, que rinde honores, sin tapujo ni disimulo alguno, a una de sus mártires, que niega abiertamente la dictadura que existe en Cuba y Venezuela, no es un demócrata, sino un enemigo confeso de ella, por decir lo menos, y por tanto no puede moralmente participar en un sistema democrático que busca destruir, sino dinamitar. Por norma expresa, el Sr. Bellido, en su condición de Congresista no podía integrar las Comisiones de Inteligencia, ni de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas en el Congreso de la República, pero ahora como Primer Ministro tiene acceso a toda la información clasificada; lo que es inaceptable e ilegal. Tan ilegal es que ya se ha admitido un Habeas Corpus contra su designación, pues pone en gravísimo riesgo al personal policial y militar, y lo que es mucho más grave la seguridad del Estado, lo que no se puede permitir y muchísimo menos si quien lo hace, incumpliendo normas expresas, es quien está obligado a fortalecerla y asegurarla.

Ya el Defensor del Pueblo se ha dirigido al Presidente recordándole su obligación, incumplida groseramente, de llevar a cabo un control constitucional previo sobre las cualidades y méritos de las personas por él elegidas para el desarrollo de las funciones ministeriales, además de recordarle el principio de la correcta administración pública que debe honrar, el deber que tiene de lucha contra la corrupción, así como de garantizar los derechos humanos y de combatir el terrorismo, todo ello incumplido cerrilmente por el profesor Castillo, exhortándolo a reevaluar las designaciones ministeriales efectuadas, cosa que no va a hacer, pues su conducta acredita su absoluta incapacidad moral para poder dirigir el destino del país.

No es moralmente aceptable designar como Ministro de Trabajo a una persona con vínculos innegables con el Movadef, que fue suspendido de su trabajo; un Ministro de Relaciones Exteriores ex guerrillero y fan del régimen dictatorial de Cuba; un Ministro de Defensa que era sargento de la PNP y lo retiraron del puesto por medidas disciplinarias; una Ministra de MIDIS ex esposa de un terrorista; un Ministro de Cultura, con conductas acreditadas poco civilizadas; por citar sólo algunas de las funestas designaciones efectuadas por el Ejecutivo.

Tampoco es moralmente aceptable la absoluta improvisación de muchos de los ministros y funcionarios designados en altos cargos del Estado, sin calificación, sin experiencia ni preparación alguna, procesados penalmente, con muy serios cuestionamientos, lo que la prensa libre muestra incuestionablemente día a día ante el pavor de todos los ciudadanos del país, lo que además constituye una evidente afectación a la carrera pública por lo que la Contraloría General de la República se ha pronunciado también al respecto como corresponde lo que evidencia la gravísima crisis de gobernabilidad que hoy tenemos.

No sólo ello, este gobierno antidemocrática e ilegalmente (pues incumple la ley) ha estado gobernando a puertas cerradas, en la clandestinidad, sin reflectores, se negó a despachar en Palacio de Gobierno, no permiten prensa en la juramentación (de ministros) ni en la mayoría de actos públicos a los que, por limpidez, tienen derecho acceder. Es una muestra clarísima e inobjetable de un gobierno no democrático que le rehúye a la transparencia, a las reglas que debe respetar y que se burla del sistema que debiera proteger y que evidentemente quiere destruir. Esto, los demócratas, no podemos permitirlo. Por muchísimo menos se ha vacado presidentes, esto que ha hecho el Señor Castillo es imperdonable y pone en gravísimo riesgo nuestra democracia. Por ello el Congreso de la República debiera vacar ya a tan irresponsable gobernante, utilizando, como corresponde, las reglas vigentes. No debe haber duda alguna en impulsar y lograr la vacancia de quién se ha burlado groseramente de sus electores al incumplir sus ofrecimientos, sus obligaciones y su compromiso con el país. La democracia no puede esperar, y hay que actuar de acuerdo a sus reglas. Nuestro Congreso tiene la palabra, no esperemos que sea muy tarde.