La Misión de las Naciones Unidas en Venezuela concluyó que la justicia de la dictadura de Nicolás Maduro facilitó la persecución y tortura a los opositores y fue un factor clave en el encubrimiento de estos crímenes.
El documento presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU señala también que “el Estado no adoptó medidas concretas para remediar las violaciones de derechos humanos”. Por el contrario, el “sistema ha jugado un papel significativo en represión de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos”. El durísimo documento de 212 página es elocuente. En él la palabra “tortura” se contabiliza 214 veces, mientras que los términos “violencia sexual”, 34 oportunidades.
En Pata Amarilla hacemos un recuento de algunos puntos más impactantes de la forma en la que ejercía la justicia del gobierno de Maduro.
1 – Los jueces del régimen cambiaban las fechas de los expedientes judiciales para poder encubrir a las fuerzas policiales, paramilitares o de inteligencia que participaban de operativos contra opositores y sometían a sus víctimas a torturas.
2 – Los magistrados no actuaban ante denuncias formales de desapariciones forzadas o actos de torturas.
“En algunos de los casos examinados, estas irregularidades fueron relatadas a las Juezas y los Jueces de Control, sin recibir respuesta. Esto incluye el caso de Franklin Caldera, quien declaró ante el Juzgado Cuarto de Control del Terrorismo en su primera comparecencia que el 11 de febrero de 2021 fue secuestrado en Colombia supuestamente por miembros de la DGCIM y posteriormente fue interrogado y torturado durante unos 12 días, tiempo durante el cual no proveyó información oficialmente su paradero”, se lee en el informe.
3 – Los jueces y fiscales del régimen tampoco investigaban casos de violencia sexual contra detenidos. Incluso, tras las denuncias de tormentos, obligaban a los detenidos ilegalmente a permanecer bajo la custodia de sus torturadores en centros clandestinos.
4 – El documento de la Misión de las Naciones Unidas también detalló cómo algunos de los presos políticos no habían hecho las pertinentes denuncias por no contar con la suficiente confianza en el poder judicial de Maduro y Saab.
“Varias víctimas, testigos, abogadas y abogados dijeron a la Misión que otras personas imputadas no denunciaron la tortura ante las autoridades judiciales, ya sea por miedo o por falta de confianza en la respuesta judicial. Esto se ha omitido especialmente durante las audiencias de presentación, cuando la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual, habían ocurrido recientemente”, se observa en el informe.
5 – Los jueces y fiscales daban vía libre a los agentes de inteligencia para actuar. Para ello, permitió que se abusara de la figura de prisión preventiva para arbitrariamente se dispusiera de la libertad de los perseguidos. Además, hicieron caso omiso a las evidencias de tortura, aún cuando las víctimas se presentaban ante ellos.
Finalmente, la ONU hace responsables en gran medida a fiscales y jueces por no haber impedido los tormentos y atropellos a las víctimas y haber sido parte del mismo engranaje represivo.
“La Misión tiene motivos razonables para creer que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en represión Estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos. Los efectos del deterioro del Estado de Derecho se propagan más allá de los directamente afectados, repercuten en toda la sociedad”.
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