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domingo, octubre 17, 2021

Maravi y la inocencia

De todos los argumentos que los defensores del gobierno brindan en redes sociales para defender la permanencia del controvertido ministro de Trabajo Iber Maraví en su cargo, quizás el más atendible se puede resumir en lo siguiente: tenemos una Policía que, durante mucho tiempo, se ha dedicado a criminalizar todo lo que es izquierda y, como se probó durante el periodo de violencia, atestados policiales enteros eran hechos sobre la base de premisas falsas o declaraciones incriminatorias cuya solidez no fue demostrada. La existencia de más de 1000 inocentes liberados durante los gobiernos de Fujimori, Toledo y Paniagua es la prueba de ello.

 

Ciertamente, lo dicho en el párrafo anterior no deja de ser cierto. Durante buena parte del periodo de violencia, la Policía no sabía a que enemigo se enfrentaba y vinculaba, sin mayor base, a cualquier militante de izquierda radical – e incluso, de los sectores más moderados – con Sendero Luminoso. Y sí, esas prácticas han continuado durante los veinte años siguientes al fin del conflicto armado interno frente a movimientos sociales o movilizaciones de protesta, prácticas que han generado una natural desconfianza de estos sectores frente al accionar policial, cuestión incrementada por lo ocurrido en noviembre de 2020, en las marchas que lograron la dimisión de Manuel Merino.

 

Asimismo, también es cierto que la legislación vinculada a las normas de arrepentimiento, dictada durante el periodo de Fujimori, sin mayores controles, fue utilizada en muchos casos para implicar a personas inocentes con vínculos diversos con la subversión. Y que, sobre la base de su conocimiento de las cárceles, el sacerdote Hubert Lanssiers logró convencer al Estado de la necesidad de conformar una comisión ad hoc para atender este problema. También es cierto que, cada vez que se ha querido utilizar políticamente al terrorismo como arma contra la izquierda y gobiernos de centro, se ha estigmatizado a los inocentes liberados en tres administraciones distintas.

 

¿Este es el caso del ministro Maraví? Las investigaciones presentadas por el periodista Ángel Páez – alguien a quien sería inconcebible colocarle el apelativo de “peón del fujimorismo” – van en un rumbo muy claro. Hay indicios que apuntan a que el señor Maraví no solo fue investigado policialmente, sino también por el Ministerio Público, habiendo sido declarado como “no habido” en dicha indagación. Si bien es cierto que nunca recayó una sentencia penal en su contra y que los hechos que se le imputan han prescrito – en aplicación de la legislación sobre terrorismo vigente en 1981 -, el ministro no ha sido claro en precisar qué hacía en Ayacucho al inicio del periodo de violencia y si es que tuvo algún tipo de cercanía con una agrupación que generó el mayor conflicto vivido por nuestro país en toda su historia. Todo personaje público, más aún si ocupa el cargo de ministro, debe rendir cuentas sobre sus actos.

 

El gobierno debe entender que el dolor causado por Sendero Luminoso no cicatriza y que tener personajes que no han tenido claros deslindes con lo ocurrido durante dos décadas de violencia no solo son inaceptables en la política peruana sino que, como ha señalado el historiador Orin Starn: “No poder hablar claro sobre Sendero es algo novedoso en la política peruana. Ese no poder decir que Sendero fue un movimiento que causó mucha destrucción, mucha muerte, que no se esté dispuesto a condenar, eso es una novedad que crea muchas dudas”.

 

No ser transparente sobre el pasado ya es suficiente motivo para dejar de ser ministro. Más aún cuando el único acto resaltante de la labor del señor Maraví ha sido reconocer formalmente al sindicato del que él y el presidente de la República formaban parte.

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