Sanciones administrativas. El vicecontralor de gestión estratégica e integridad pública de la Contraloría, Humberto Ramírez, explicó para Canal N que fueron dos años tres meses en el que la institución no pudo procesar a ningún funcionario debido a la sentencia del Tribunal Constitucional.
El TC había imposibilitado en abril del 2019 que no se pueda procesar las responsabilidad de más de 13 mil funcionarios públicos por actos de corrupción.
Ramírez precisó que en este periodo han detectado más de 13 300 funcionarios públicos que han incurrido en responsabilidad administrativa (corrupción) desde abril de 2019 hasta julio del presente año.
Además, en ese lapso el Estado peruano habría perdido al menos 22 millones de soles.
«Las leyes rigen de acá para adelante. Recién a partir del 21 de julio vamos a procesar las responsabilidades de hechos que se cometan desde el momento. Antes le va a corresponder a cada una de las entidades y al Ministerio Público determinar si hay o no responsabilidades«, añadió.
El vicecontralor señaló que pese a que estas personas no han podido ser sancionadas aparecen en todos los informes de control que figuran en la pagina web de la Contraloría. Esto ante la posibilidad de que alguna entidad del Estado que desee contratar a estas personas puedan saber de su situación actual.
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