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jueves, octubre 6, 2022

El gas al servicio del desarrollo nacional inclusivo y sostenible

Frente al planteamiento del Gobierno de producir un cambio significativo en la política implementada desde hace casi dos décadas en relación con el gas de Camisea, asistimos a una campaña que busca confundir el concepto de nacionalización con el de estatización o expropiación, así como a vender la imagen de que las empresas que forman el consorcio que explota el lote 56, dedicado exclusivamente a la exportación, aportan un nivel récord en regalías e impuestos.

 

Estos discursos no se toman el trabajo de analizar el contenido de la propuesta planteada desde la campaña de la segunda vuelta, que ha cobrado forma en los documentos presentados por el presidente en su mensaje a la nación y por los dos presidentes del Consejo de Ministros en sus mensajes de investidura, por Guido Bellido antes y por Mirtha Vásquez después. Asimismo, en la Política General de Gobierno.

 

El primer objetivo de la propuesta es avanzar de manera sustantiva en la masificación del gas natural en los cinco años de Gobierno, priorizando el sur y el centro del país. Luego de quince años de fracasos en las licitaciones hechas para el sector privado, se ha tomado la decisión, demandada desde hace años por los sectores progresistas, de encargar a Petroperú la responsabilidad de avanzar en este objetivo estratégico para mejorar la calidad de vida de la población, en especial de la más vulnerable.

 

En este contexto constatamos que los mismos que se opusieron al fortalecimiento de nuestra principal empresa pública y rechazaron todo intento de ampliar su presencia en el sector hidrocarburos, hoy afirman que el limitado avance de la masificación y la concentración de las conexiones en la costa es responsabilidad del Estado. Algunos de los promotores de la gran inversión petrolera, hoy se visten con ropaje ambientalista para oponerse a este componente de la reforma energética.

 

Asimismo, el Gobierno ha anunciado la culminación del gasoducto al sur del país. A diferencia de lo que sucede en otros países de la región, casi tres décadas después de iniciada la explotación del gas de Camisea, solo contamos con dos gasoductos que siguen el mismo recorrido. Uno tiene como prioridad el abastecimiento del mercado metropolitano y el otro la exportación.

 

La decisión de construir el gasoducto que abastezca al sur del país no solo tiene un alto contenido reivindicativo y social para la macrorregión, es también una oportunidad para avanzar en la transformación productiva de este espacio. La corrupción frenó este proyecto y la timidez de los Gobiernos de transición impidió su relanzamiento. Seguramente escucharemos muy pronto los mismos argumentos de falta de mercado e incluso de reservas, y agregarán de manera farisea la corrupción, luego de décadas de negar su evidente existencia en los contratos de exportación del gas.

 

La propuesta del Gobierno tiene otros dos ejes importantes. Por un lado, se plantea la necesidad de avanzar de manera sostenida y viable hacia el cambio de la matriz energética, para lo cual el gas es un excelente sustituto del petróleo y sus derivados. Este aspecto es clave, ya que el tránsito hacia las energías renovables es un proceso que tomará varias décadas.  Finalmente, y en la medida que se busca el incremento del consumo del gas, se buscará ampliar las reservas de gas natural.

 

La nueva política incluye la renegociación del contrato con Pluspetrol por el lote 56, con el objetivo de mejorar la participación del Estado en los ingresos generados por la exportación. Para ello es necesario modificar la modalidad acordada en el contrato para determinar las regalías, las cuales se reducen significativamente porque se le carga al Estado un conjunto de costos fijados de manera arbitraria, tal como lo ha establecido la Contraloría, que no puede controlar porque se generan en contratos entre privados, varios de los cuales comparten accionariado en las distintas etapas entre la extracción del gas y la venta final en el exterior.

 

Es importante avanzar en la nacionalización del gas, en el sentido de ampliar su aprovechamiento por amplios sectores de la población, y tener la disposición de integrar las propuestas que surjan de un debate serio y sin tergiversaciones ideológicas de quienes apuestan por la continuidad de una política que está lejos de ser ventajosa para el desarrollo nacional y la reducción de la desigualdad.

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