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martes, diciembre 7, 2021

La Constitución, las reformas y los primeros 100 días

Transcurridos los primeros 100 días del gobierno, es posible hacer un primer balance de lo avanzado, lo anunciado y lo que se vendría en torno a la Constitución y el marco institucional y de derechos que ella construye.

 

Como primer tema, al haber sido tema central durante la campaña, el cambio constitucional. En su primer Mensaje a la Nación, el Presidente anunció que el gobierno presentaría un proyecto de reforma constitucional que apruebe el Congreso, y que habilite expresamente a convocar una Asamblea Constituyente[1]. Escenario difícil por los votos requeridos con la conformación actual del Congreso.

 

Posteriormente, en el discurso de la reforma total de la Constitución fue omitido de la presentación del primer Presidente del Consejo de Ministros, y ha sido señalado como un tema importante aunque no prioritario por la actual Presidenta del Consejo de Ministros.

 

En paralelo, Perú Libre presentó proyectos normativos para reformar la Constitución vía Asamblea Constituyente (Proyectos Nº 00174/2021-CR y Nº 00274/2021-CR), pero también promovió dos iniciativas en proceso de recolección de firmas. Si se logran las firmas requeridas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), encargado de convocar a referéndum, deberá decidir si es viable una consulta ciudadana para reformar de manera directa la Constitución, interpretación de la regulación actual en la que no todos los especialistas coincidimos.

 

Con todo ello, resulta de pronóstico reservado saber qué pasará con la Asamblea Constituyente: ¿Se formalizará un proyecto por el gobierno? De hacerlo, no parece muy probable que consiga los votos en el Congreso. ¿La alternativa será la iniciativa ciudadana? Para ello, primero, tienen que conseguirse las firmas requeridas (10% del electorado nacional) y, luego, el JNE convocar al referéndum. Pero ello no implica que se apruebe y podría no conseguir la mayoría de la votación. Paralelamente, además, mientras otra iniciativa recolecta firmas para prohibir expresamente cambiar la Constitución vía Asamblea Constituyente.

 

De otro lado, la cuestión de confianza sigue en agenda. No solo porque el gobierno ya ha debido pasar por dos presentaciones de su política de gobierno ante el Congreso (“confianza obligatoria”) [2], ambas con respuestas favorables (la última, con 68 votos a favor, 56 en contra y 1 abstención, de 127 congresistas presentes), sino también porque el Congreso ha aprobado una ley que limita la cuestión de confianza que puede pedir el Poder Ejecutivo (“confianza facultativa”): solo por temas vinculados directamente con la política de gobierno, y únicamente permite una negación expresa, yendo más allá del texto expreso de la Constitución[3] y contra la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC)[4]. El gobierno observó la norma, pero esta fue finalmente aprobada por insistencia por el Congreso, y ahora se encuentra en trámite una demanda que cuestiona su constitucionalidad, recientemente admitida por el TC.

 

También ha sido una época de contrarreformas (aprobadas o anunciadas): la contrarreforma política, por la que se ha suspendido la exigencia de democratizar la selección de candidaturas de los partidos (que probablemente seguirá siendo por delegados, manejada por las cúpulas partidarias, con posiciones definidas por mayores aportes financieros, y con poca participación de los propios afiliados). De igual modo, se anuncian retrocesos en la reforma educativa (eliminando las evaluaciones docentes antes que revisarlas) y de transporte (prórroga de concesiones de empresas entre las que prima la informalidad y condiciones inadecuadas del servicio, y cooptación de las autoridades de control: la Autoridad de Transporte Urbano -ATU- y SUTRAN). En general, el Ejecutivo había sido más bien un defensor de este tipo de reformas, pero ahora se alía con las fuerzas políticas que promueven el debilitamiento de las reglas y del control de su cumplimiento.

 

Y también algunas medidas de discutible constitucionalidad, como la intervención de las Fuerzas Armadas en el orden interno en Lima y Callao por 30 días. Esta decisión fue adoptada por dos Ministerios (Interior y Defensa) sin que sea debatido por el Consejo de Ministros. Ello pese a que, según la Constitución y los estándares internacionales, es la Policía la encargada de resguardar el orden interno, salvo que se acredite que está sobrepasada su capacidad (tiene que sustentarse), además de la probada ineficacia del apoyo de los militares a la policía, por su formación y finalidad distinta, que ha llevado en la experiencia de varios países a abusos y violencia, sin con ello lograr medidas eficientes contra la criminalidad y con mayores efectos negativos en quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad, a quienes debería protegerse en mayor medida.

 

En suma, desde un enfoque constitucional, es posible resumir estos 100 días con la incertidumbre sobre el cambio de la Constitución, la confianza concedida al Ejecutivo pero limitada hacia el futuro, las preocupantes e injustificadas contrarreformas anunciadas y algunas medidas de discutible constitucionalidad con potencial efecto negativo en los derechos. Esperaremos a los próximos 100 días para evaluar el rumbo emprendido por el gobierno frente a la Constitución y la institucionalidad.

[1] Un mecanismo similar al empleado en Chile, pero que en dicho país fue producto de una sostenida protesta ciudadana (reprimida violentamente, cabe agregar), que obligó a promover esta modificación constitucional en noviembre de 2019, como parte de la agenda exigida por la ciudadanía, y que derivó en el inicio de un proceso que pasó por definir el mecanismo (Convención Constituyente), los integrantes de dicha Convención y el inicio de la redacción del nuevo texto constitucional.

[2] Artículo 130 de la Constitución.

[3] Artículo 132 de la Constitución.

[4] STC 006-2018-AI/PC y STC 006-2019-CC/TC.

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