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martes, mayo 17, 2022

CAPACIDAD DE GOBIERNO

El presidente Pedro Castillo confesó y reconoció, en las entrevistas que concedió, que no estuvo preparado para gobernar y que está aprendiendo a hacerlo. Esto ya lo sabíamos desde la segunda vuelta, no es ninguna novedad. Hay que decirlo, además, que ninguno de los presidentes anteriores lo estuvo y lo que aprendieron rápido fue robar y terminaron donde están, salvo error u omisión.

El gran problema político de nuestro tiempo es la capacidad de gobierno lo que es un problema mundial, no del segundo o tercer mundo, tal como lo señala Carlos Matus (2008) en su libro “El Líder sin Estado Mayor”.

Es el caso del gobierno de Pedro Castillo, que tiene el problema de capacidad de gobierno, tanto personales como institucionales. El tema de las capacidades de gobierno es ya un tema harto discutido en la literatura internacional. Spinelli (2012) nos precisa que las capacidades de gobierno personales (experiencia, liderazgo y conocimiento) y las capacidades de gobierno institucionales (capital organizativo disponible) están en relación con lo político y las políticas.

Este problema se da tanto en los ministerios como en los gobiernos regionales y municipales. No es de ahora, se ha producido en todos los gobiernos que fueron y en toda América Latina. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), organismo intergubernamental a la cual pertenece el Perú, ha realizado amplio estudio sobre ello desde el 2009 y ha propuesto el Fortalecimiento del Alto Gobierno, lo cual ya es una tendencia en los gobierno contemporáneos.

En el Perú la oficina presidencial se denomina Despacho Presidencial, tal como lo establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Es un nombre tradicional que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, no es un lugar donde atiende el presidente a sus visitantes o funcionarios, como son propiamente los “despachos”. Hoy en día a las oficinas del presidente se le denomina Oficina del Gobernante, Alta Dirección Pública (ADP) o Centro de Gobierno (CdeG).

Estamos hablando de un conjunto de funcionarios de primera línea de las administraciones gubernamentales que actúa en su rol de “vaso comunicante” entre las esferas políticas y la burocracia. Son los responsables de gestionar estratégica y operativamente una organización estatal y su entorno político (Zuvanic, 2016).

Recientemente el Despacho Presidencial, estuvo a cargo de un maestro de secundaria que tuvo que renunciar por inconducta funcional y para que se haga cargo de la secretaria general el presidente tuvo que modificar el ROF ya que no cumplía con el perfil profesional. Obviamente, el soporte técnico-político fue cero, muy por el contrario, dañó la figura presidencial. No se le puede pedir peras al olmo.

El Despacho Presidencial tiene 322 empleados, como se puede observar en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), cerca del 96% están dedicados a labores administrativas y operativas. Diríamos que tiene un exceso de personal que debería reducirse a la mitad. Entendemos que sucesivas administraciones han contribuido a su crecimiento indiscriminado.

El Despacho Presidencial, conforme lo establece el artículo 9 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), es la unidad responsable de la asistencia técnica y administrativa de la Presidencia de la República para el cumplimiento de sus competencias y funciones. Dice “asistencia técnica”, no “asistencia política” y ahí está el problema. Su ROF establece las funciones generales, estructura orgánica, así como sus relaciones entre los órganos que la integran y su vinculación con las entidades públicas y privadas. El error esta, también, en la concepción y diseño del ROF en donde se establece su organización y funciones.

Tenemos una oficina del presidente mal diseñada y débil en sus capacidades, incapaz de brindar el soporte técnico-político al presidente para la toma de decisiones de gobierno ya que privilegió el aspecto administrativo-operativo sobre lo técnico-político. Débil para conducir a su gabinete ministerial. Pareciera que fue diseñada para tener un presidente disminuido para la conducción de gobierno o que la Presidencia del Consejo de Ministros, que a partir de la LOPE es un ministerio, tuviera todo el control y manejo de gobierno. Se podría sostener que es suficiente con lo que pueda aportar la PCM en este sentido, el problema es que el presidente, conforme el artículo 8 de la LOPE es jefe de Estado y jefe del Poder Ejecutivo. En consecuencia, no puede estar sujeto a las determinaciones de la PCM, sino al revés.

Las oficinas de los gobernantes en América Latina, dice Matus, están en general mal diseñadas y son débiles en sus capacidades. Precisa, son débiles tanto en el diseño organizativo como en sus métodos de trabajo. El Despacho Presidencial actual es una muestra de ello.

Las medidas correctivas para ello pasan por crear un CdeG en lugar de la unidad denominada Despacho Presidencial con el objeto de proveer un apoyo y asesoramiento técnico y político directo a la máxima autoridad política en la cumbre del Poder Ejecutivo. Ello implica un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) para la nueva unidad. Sus funciones básicas deben ser dos: generar certidumbre de que el gobierno puede gobernar y lograr que el gobierno, como un todo, genere resultados valiosos para la sociedad y que efectivamente sean percibidos como tales (Cunill y Fernández, 2011). Asimismo, se requiere la racionalización del personal, reduciendo el exceso y mejorando su asignación para una eficiente y eficaz gestión.

El CdeG como unidad de soporte a la gestión de gobierno debe organizarse en tres principales áreas: 1. Área de asesoría política y gestión de gobierno. 2. Área administrativa y legal como soporte a lo anterior. 3. Área de comunicación de gobierno. Son estas áreas las que requieren ser dotadas de personal altamente calificado y con experiencia en la administración pública y en la gestión política.

Los objetivos del CdeG son: a. Asistir a la Presidencia en la gestión de la gobernabilidad en una situación de crisis económica, social y política producto de la pandemia y debilidad institucional y política del sistema político. b. Gestión de la política general de gobierno 2021-2026. c. Evitar el aislamiento político y debilitamiento del presidente frente a la derecha política y los poderes fácticos que no aceptan un gobierno de izquierda. d. Dotar de capacidad de respuesta política del presidente frente a los acontecimientos políticos. e. Resolver las posibles crisis políticas que se presenten mediante estrategias de contención y de reparación de la imagen del presidente. f. Enfrentar la resistencia al gobierno formulando y poniendo la agenda política, así como desarrollando un sistema de alianzas estratégicas políticas, sociales y gremiales alrededor de esta agenda política.

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