Un primer paso importante, pero insuficiente (I)

Informe de la Comisión sobre el Gas Natural

Por: Marusia Ruiz Caro

El informe de la Comisión Multisectorial para la Masificación del Gas Natural es un avance después de los anuncios generales de los primeros meses del Gobierno. Hoy se tiene un documento estructurado, que presenta las estrategias para alcanzar el objetivo de extender los beneficios de las abundantes reservas de gas natural del país a la mayor cantidad posible de hogares, comercios, industrias y al transporte en los distintos territorios.

Es necesario lograr un consenso social y político para consolidar este objetivo como una política de Estado. Como toda propuesta es perfectible y puede ser complementada mediante un diálogo abierto con la ciudadanía. Haber publicado una versión preliminar del documento y dar tres días para recibir aportes no favorece esta necesaria ruta. El informe debe promover un amplio debate, sin paralizar la acción gubernamental.

Replanteando el camino para la masificación

El documento ratifica que la masificación es un aspecto prioritario para el Gobierno. Se constata la baja cobertura del servicio de gas natural en el país, su alta concentración en Lima, Callao e Ica, además de los altos precios del gas fuera de Lima y el estancamiento del uso del gas natural vehicular.

Se propone establecer una tarifa única para el gas natural en todo el país, siguiendo las experiencias exitosas de países vecinos. El sustento detallado de la propuesta, sus costos y financiamiento se incluyen en el proyecto de ley de impulso a la masificación que presentó el Ejecutivo al Congreso el 10 de noviembre y que no ha pasado de la mesa de partes de la Comisión de Energía y Minas.

Se plantea reforzar el uso de los recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para ampliar la infraestructura de distribución y subsidiar los costos de conversión al gas en los hogares y en el transporte. En Lima, esta política ha demostrado que es esencial para avanzar en la masificación y lo es mucho más en regiones de menor desarrollo económico.

El informe nos recuerda que el Estado tiene la obligación constitucional de asegurar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Este mandato es el sustento de las acciones que está tomando el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en relación con la masificación del gas, en el contexto del fracaso de los sucesivos intentos de utilizar las asociaciones público-privadas (APP) como mecanismo para brindar el servicio público de distribución de gas natural en las regiones de la sierra centro y sur.

Para impulsar los proyectos de masificación en estas regiones, el Gobierno aprobó a inicios de enero un decreto supremo que considera dos tipos de concesiones: las convencionales y las temporales, con empresas estatales ―a través de encargos especiales― o privadas que estuvieran interesadas en construir la infraestructura y operar el sistema de distribución con recursos del FISE.

Es muy criticable que el Congreso no priorice desde hace casi tres meses el proyecto de ley para impulsar la masificación. Peor aún es el desinterés que muestran los representantes de las regiones excluidas del acceso al gas.

Sitgas: una apuesta por el sur

El informe recoge la evaluación de la consultora Mott MacDonald y respalda el proyecto Sitgas, siguiendo el trazo del que fuera el gasoducto surperuano, como la mejor opción para hacer realidad la masificación en el sur, tanto desde el punto de vista económico como de la seguridad energética del país. En ese sentido propone que se declare el proyecto de interés nacional.

En cuanto a las reservas para el proyecto, el informe se señala que el Minem cuenta con la certificación de la consultora DeGolyer & MacNaughton sobre la disponibilidad de gas. La empresa ha concluido que existen recursos recuperables en los lotes 56, 57, 58 y 88 de Camisea para abastecer de gas natural a Sitgas durante los treinta años del proyecto.

En el documento se presentan cuatro modalidades para desarrollar el proyecto: ejecución directa por el Estado peruano, contrato Estado-Estado, APP con recursos públicos y APP autofinanciada. Las dos primeras modalidades demandan montos de financiamiento y plazos de ejecución significativamente menores. Los tiempos se reducirían más si, como sugiere la Comisión, se evalúa la viabilidad de incorporar al proyecto los bienes dejados por el consorcio que inició el proyecto del gasoducto surperuano (GSP). Si se resolviera de manera favorable esta posibilidad, el gasoducto podría estar operativo en 2024 para Cusco, 2025 para Apurímac y Puno y 2026 para Arequipa, Moquegua y Tacna.

Una ausencia del informe es que la Comisión no recomienda la que considera la mejor alternativa para desarrollar el proyecto, lo cual retrasa la toma de decisiones en el Estado para hacer realidad Sitgas.

En el informe se recomienda crear una comisión que dé seguimiento a la ejecución de Sitgas, haga propuestas y defina los bienes del GSP que se incorporarían al proyecto, los negocie y suscriba los acuerdos que se requieran. Sin embargo, la Comisión no delinea las características de esta nueva comisión: sus integrantes, vigencia o el marco legal que sustentaría el tipo de facultades que necesitaría tener. Tampoco se indica la relación con la institucionalidad existente, el rol de Perupetro y del propio Minem en el proceso.

Ni en el informe ni en las funciones que se asignan a la nueva comisión se menciona la indispensable coordinación con la Procuraduría sobre los acuerdos con Odebrecht y la inclusión de esta empresa y de Enagás en la investigación por delitos de corrupción vinculados a la adjudicación del GSP. Esta situación, al igual que las demandas planteadas al Perú por Odebrecht y Enagás ante el Ciadi, podrían determinar la viabilidad o no de incorporar los activos a Sitgas o plantear otro tipo de dificultades.

Son temas complejos que es imprescindible enfrentar para avanzar con el proyecto. Los tres Gobiernos anteriores evadieron su responsabilidad. Autorizaron gastos para cuidar los bienes del GSP sin ningún norte, permitieron el avance de los recursos en el Ciadi y dejaron que Mott se tomara tres años y medio para hacer el estudio. Por eso es importante que el Gobierno termine de dar forma a la propuesta de relanzamiento de Sitgas.