La semana pasada, el Congreso dio un paso en contra de la institucionalidad al aprobar un texto que afecta de forma directa el proceso de elecciones regionales y municipales en curso. No debería sorprendernos, porque sabemos que los partidos se resisten casi siempre y casi todos a ser regulados, pero es preocupante porque destruye elementos sustanciales de nuestra ya frágil democracia.
Sin contar con dictamen previo, la presidenta de la comisión de Constitución, Patricia Juárez, presentó ante el pleno del jueves 10 un texto que vulnera la intangibilidad de las normas electorales, protege a los partidos sin presencia nacional y otorga mecanismos para escapar de la paridad de género. La propuesta fue aprobada con 82 votos de la mayoría de grupos parlamentarios. Esa misma noche, la autógrafa de ley fue enviada por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, al presidente de la República.
Lo aprobado pretende obligar a la autoridad electoral a recibir padrones de afiliados presentados por fuera del reglamento, con lo cual se favorecería a partidos con nombre propio.
Ese era el tema en debate, pero la mayoría parlamentaria aprovechó para introducir “excepciones” que flexibilizan las reglas. En concreto, el Congreso ha aprobado que no hay sanción para los partidos políticos que no presenten listas electorales en tres quintas partes de circunscripciones regionales, la mitad de provinciales y un tercio de distritales. La ley vigente –aprobada en el marco de la reforma política- señala que el partido que no compita en dicho porcentaje de circunscripciones en elecciones regionales y municipales pierde su inscripción; el Congreso acaba de decidir que si no cumplen con ello no les pasa nada. En pocas palabras, si el partido decide competir solo en una o dos de las circunscripciones y no en el resto del país, mantendrá su condición de organización política nacional. Una fantasía, un engaño, un “cascarón”.
Lo mismo para los movimientos regionales: la obligación de presentar candidaturas en dos tercios de provincias y distritos podría ser omitida sin sanción alguna.
Curiosa manera de protegerse de los partidos que, ante sus debilidades para competir con éxito en regiones, provincias y distritos, dejan los espacios para movimientos regionales que –intermitentes como son- aparecen y desaparecen en cada elección. Caudillos regionales sin sustento partidario deben estar celebrando, mientras las pocas bases partidarias lamentarán perder la posibilidad de al menos competir electoralmente porque a las cúpulas capitalinas les parece que es mejor no arriesgar. Curiosa y perniciosa manera de razonar, porque los y las líderes regionales volverán a escoger un movimiento y dejarán el partido al que apoyaron en las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Pero el texto aprobado en el Congreso trae una consecuencia más que ni siquiera fue debatida: el impacto negativo sobre la paridad horizontal.
Como hemos visto, la ley actual establece que un partido debe presentar candidaturas al menos en tres quintos de gobiernos regionales y agrega que la mitad deben ser mujeres candidatas a gobernadora y la mitad hombres candidatos a gobernador. Al eliminar el requisito de competencia en al menos 15 regiones, los partidos se ven “liberados” de la obligación de postular al menos siete mujeres como candidatas a gobernadoras regionales. Lo más probable es que la mayoría de partidos decidan competir solo en Lima Metropolitana y unas cuantas regiones más, con lo cual los sitios para las candidaturas de mujeres a los más altos cargos políticos regionales se verán sustancialmente disminuidos. La campaña electoral seguirá siendo masculina y las mujeres seguirán cuesta arriba en la política.
El gobierno del presidente Pedro Castillo debería observar la autógrafa de ley y devolverla al Congreso con la expectativa de que este ejerza su función legislativa con mayor seriedad.