El rol ciudadano en un sistema democrático no solo se trata de escoger a la representación política mediante elecciones generales, su papel va más allá de ello. Lo más crucial que debemos recordar en el contexto actual es que la ciudadanía tiene un rol fiscalizador y tiene el derecho de exigir la rendición de cuentas de sus representados; estos elementos son claves en la teoría de la representación y permiten el fortalecimiento de la democracia. Para hacerlo realidad, el Estado debe ir generando/garantizando mecanismos de participación ciudadana que permitan la fiscalización y el control de sus acciones.
Teniendo en cuenta ello, ¿Cuál viene siendo el escenario político actual? Actualmente, a solo 8 meses de haber tomado la dirección del país, el gobierno actual ha demostrado su baja capacidad para generar una atmósfera de legitimidad. En primer lugar, comunicacionalmente no pudo mantener el voto duro con el cual ganó las elecciones; esa caída de imagen comunicacional se ve reflejado en la desaprobación actual (Según los recientes resultados de IPSOS, la desaprobación hacia al Ejecutivo es de 66%). En materia de gestión pública, se ha visto un buen desenvolvimiento en el tema de la vacunación, pero no se demuestra un desarrollo en otras materias prioritarias (educación, reactivación económica). Por ejemplo, el retorno a clases, según cifras del UNICEF a diciembre de 2021, solo 20% de las escuelas llegó a la apertura semipresencial, esto es crítico a diferencia de otros países de la región: Chile (52%) o Argentina (14%). Al no ser una de las agendas prioritarias del ejecutivo, a pesar de mencionarse consecutivamente en los 4 discursos de investidura, ha generado incertidumbre este retorno a clases. Es cierto que la Covid-19 es un reto para los países del mundo, pero justamente las experiencias de otras regiones en materia de educación básica, debieron ser un pilar de referencia.
Otro punto débil del ejecutivo, aparte del elemento comunicacional y de la gestión, es la transparencia. Ante los recientes testimonios sobre presuntos casos de corrupción en el entorno de Castillo y las respuestas de los actores que se contradicen, se generó un clima de desconfianza ciudadana y se evidencian pocos mecanismos de transparencia para responder ante estos elementos que salen a la luz; la capacidad de rendir cuentas de este gobierno es nula.
Ante este contexto crítico, la institución que representa el contrapeso de poderes, es decir el Congreso de la República, tiene la obligación de ser el actor que fiscalice las acciones del ejecutivo; no obstante, sus acciones mediáticas se han basado en discursos de vacancia sin dar a luz a acciones claras que beneficien al país y obligue al ejecutivo a ser más transparente en sus acciones. Eso se desglosa en ese 70% de desaprobación hacia el congreso, la opinión ciudadana no ve acción en materia fiscalizadora y se cansa de los proyectos vacadores; mecanismo que ha ido gastando a la ciudadanía desde los cuatro gobiernos pasados.
Esto reluce la crisis de representación de los poderes del Estado (ejecutivo y legislativo); que viene creciendo, generando inclusive propuestas ciudadanas solicitando que en esta segunda legislatura se apruebe el adelanto de las elecciones congresales y presidenciales. No obstante, a la fecha ya se le dio la confianza al gabinete Torres y no se ve luz verde de esta propuesta dentro del Congreso.
Mientras avanza este contexto crítico, la confianza ciudadana se va debilitando y mientras menos se prioricen los mecanismos de fiscalización y control, el entorno social va a ir erosionándose. ¿Quién realmente nos representa? ¿Quién vela nuestras prioridades para el desarrollo del país? Preguntas muy difíciles de responder y si los actores (congreso y ejecutivo) no escuchan las voces de la opinión pública se pone en riesgo la legitimidad del poder.