EL REINDULTO EN LA CUADRATURA DEL CÍRCULO

Si el fujimorismo hubiera tenido la voluntad para que su líder histórico, Alberto Fujimori, esté en su casa, rodeado por su familia y con mejor calidad de vida, hace por lo menos 5 años lo hubieran logrado. Desde el año 2017, varios parlamentarios, algunos de ellos fujimoristas, presentaron proyectos de ley para legislar que las personas detenidas, mayores de edad, por arriba de los 80 años y con la mitad de la pena cumplida, puedan cumplir su pena con prisión domiciliaria. Pero, por orden de Keiko Fujimori, se bloqueó esa iniciativa, pese a que en esos años la bancada de Fuerza Popular, tenía una holgada mayoría parlamentaria.

La razón de tan errático comportamiento, radica en que la cúpula fujimorista y su propio líder histórico, quieren que, por la vía del Tribunal Constitucional (TC), exista una decisión jurídica del más alto nivel que les permita una vía argumental para señalar que Alberto Fujimori es inocente, trayéndose abajo todos los procesos judiciales que con reiterada consistencia, el debido proceso y pruebas, terminaron en contundentes sentencias judiciales en la Corte Suprema y en la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A ese propósito es que se han prestado tres magistrados del TC y su actual presidente, Augusto Ferrero, con voto dirimente, para con una acrobática sentencia, cuyo texto hasta ahora no conocemos, hayan aprobado un reindulto del expresidente, el que fue cuestionado por la CIDH y la propia Corte Suprema, hace más de tres años, lo cual obligó a Fujimori a regresar a la cárcel y, por la cual, hay otros procesos judiciales colaterales, entre ellos el propio, Kenji Fujimori. En los próximos días Fujimori puede salir nuevamente en libertad, pero es casi seguro que, por decisión de la CIDH, tenga que regresar al fundo Barbadillo, nuevamente preso, por exclusiva responsabilidad del fujimorismo y sus acólitos defensores legales. Recuérdese que, ya anteriormente, la defensa legal del ex presidente presentó tres habeas corpus, pero todos fueron rechazados con los mismos argumentos, pero parece que no escarmientan.

Algunos han planteado otras salidas para que el ex presidente este en casa con su familia, como ocurre con la posibilidad de presentar un Habeas Corpus Correctivo, figura legal garantista que por razones de salud daría lugar a que el TC, dicte una sentencia en favor de una prisión domiciliaria, por razones de salud y edad. Pero, el entorno fujimorista y el veterano líder del fujimorismo no lo quieren presentar. Otros han invocado al ex presidente a pedir perdón a las víctimas, allanando el camino para un indulto en nuevas condiciones y muy favorables para la imagen del fujimorismo, pero, tampoco lo quieren hacer. La razón de tan obstinada actitud radica en el propósito de producir un salto de garrocha en todo el sistema judicial, lograr la impunidad, sin pedir perdón a nadie y sin reconocer la violación a los derechos humanos y varios casos de corrupción, que el propio Alberto Fujimori, reconoció haber cometido en los tribunales de justicia.

Afortunadamente, el sistema judicial peruano y el latinoamericano tiene mucha consistencia jurisprudencial, casuística y doctrinaria para bloquear ese nefasto propósito fujimorista, al cual se han prestado, si pudor, tres magistrados del TC. El meollo de la cuestión estriba en que la improcedencia del indulto clásico de Fujimori e incluso una eventual decisión de gracia presidencial, tiene sustento en la propia Sentencia del 7 de abril del 2009, que condeno al expresidente por delitos de Homicidio calificado, asesinato, bajo la circunstancia agravante de alevosía y Secuestro agravado. Ambos delitos, según la CIDH son considerados de la lesa humanidad, razón por lo cual no procede un indulto por razones humanitarias o por perdón de la pena. Ese es el fundamento central por el cual la CIDH, el 30 de mayo del 2018, en su fundamento 68, señaló que una decisión presidencial para el caso Fujimori, era inaplicable, por el carácter de ambas penas, obligando a la Corte Suprema del Perú a emitir un pronunciamiento sobre la validez del indulto dado por PPK y, que, como sabemos, una sala de la máxima instancia del Poder Judicial, ratifico su carácter ilegal.

Es muy útil en ese sentido citar textualmente la sentencia de la CIDH en su fundamento 68: “corresponderá a las autoridades nacionales analizar si el ordenamiento jurídico peruano prevé otras medidas que, sin implicar un perdón de la pena por el Ejecutivo, permitan proteger la vida e integridad de Alberto Fujimori, condenado por graves violaciones a los derechos humanos, en caso de que realmente su situación de salud y condiciones de detención pongan en peligro su vida. Se debe ponderar cuál es la medida más acorde al respeto al principio de proporcionalidad y al derecho de acceso a la justicia de las víctimas”. Más claro, ni el agua. Para el caso Fujimori no puede haber indulto por perdón de la pena.

Incluso, en el caso hipotético que un magistrado de la Corte Suprema o del propio TC, realice una motivación de una sentencia para hacer posible que el presidente de la república pueda tomar la decisión de aprobar un indulto humanitario o por razones de salud, tampoco lo podrían hacer porque no tendrían el sustento, aquel que solo podría basarse en una ley aprobada por el Congreso de la República. Dicho de otra manera, los magistrados del TC, se han inmiscuido en un terreno jurídico muy pantanoso, casi al filo de un acto de prevaricato.

Los tres magistrados del TC, que votaron a favor del cuestionado reindulto, sabían de los alcances de la decisión de la CIDH y de la propia Corte Suprema, pero han optado por una decisión jalada de los cabellos, con el puro interés de favorecer ilegalmente a Fujimori. Pero, no solo eso, sino rompiendo la línea de tratamiento jurisprudencial del cuestionado indulto, que ratificó la Corte Suprema el año 2018, han asumido una competencia que le pertenece a esa máxima instancia del poder judicial, toda vez que la decisión señalada por la corte internacional quedaba en manos de los jueces supremos. Todo estudiante de derecho, de los primeros ciclos sabe que, si el TC declara nulo un recurso de amparo o un habeas corpus no es para emitir un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo, sino obliga a una nueva decisión, pero de parte del poder judicial. En todo caso, si el fundamento para tamaña decisión del TC, es que el reindulto es procedente, por razones de salud o humanitarias, tampoco procede porque el Habeas Corpus, presentado por el ciudadano, Gregorio Parco Alarcón, no se basa en ese fundamento, sino en otros.  Y como sabemos, ningún magistrado puede pronunciarse sobre algo que no figura en la pretensión de la referida demanda o recurso. En ese extremo la decisión del TC, hasta donde se conoce carece de debida motivación.

La decisión del TC, por otro lado, deja en mal pie a la imagen del Perú a nivel internacional y ya forma parte de la crisis del sistema peruano, ahí donde los magistrados del poder judicial y, en este caso, el TC, muestran muy poca independencia del poder político y se dejan llevar por otro tipo de intereses. Nadie discute que, en cualquier tribunal, pueda haber jueces conservadores, liberales, de izquierda o de otra tendencia y que en determinadas circunstancias pueda haber cambios en la correlación de fuerzas en una u otra instancia. Lo que no se puede aceptar es que un magistrado pisotee los elementales fundamentos del derecho, la jurisprudencia y la doctrina jurídica. Peor aún, no existe ningún precedente por el cual se toma una decisión en el Tribunal Constitucional, pero recién en tramo de más de varios 10 días, recién los ciudadanos podamos tener acceso a la sentencia correspondiente. Quizás, debe ser porque los magistrados en mayoría del TC, tienen muchas dificultades para una debida motivación de la sentencia, aquella que seguramente será rechazada por la CIDH. Ninguno de ello da la cara en los medios de comunicación para sustentar y defender los motivos de esa cuestionable sentencia.

Flaco favor le habrán hecho los magistrados del TC, mentores de esa decisión, cuando logren poner en libertad a Fujimori en los próximos días, pero luego, semanas después por una casi segura decisión de la CIDH en contra, la justicia peruana se vea obligada a volver a encarcelar al sentenciado ex presidente. No creo que ese errático comportamiento tenga algo de humanitario y le haga bien a su salud.