Con el triunfo de Gustavo Petro y el ascenso de la izquierda al poder en Colombia por primera vez en su historia, se discute si estamos ante una “nueva ola roja” o un “nuevo giro a la izquierda” en Sudamérica. En el mapa, sin embargo, surgen muchos problemas cuando se trata de categorizar al gobierno de Pedro Castillo ¿Está más cerca de Bolsonaro o más cerca de Lula? Antes de responder esta pregunta es importante entender qué significó el giro a la izquierda desde el punto de vista de las políticas públicas.
El giro a la izquierda se solía dividir en una “izquierda moderada” y una “izquierda radical”. Esta clasificación basada en el ámbito discursivo y en los procesos constituyentes que implementaron los últimos, era simplista y arbitraria dada la diversidad de los distintos regímenes. En Bolivia era la primera vez que un indígena ganaba una elección en un país de mayoría indígena. En Brasil por primera vez ganaba un sindicalista en un país gobernado históricamente por élites militares e intelectuales. Los cambios que impulsaban gobiernos moderados y radicales eran notorios pues buscaban alternativas a las políticas neoliberales que habían reducido el rol del estado y fueron incapaces de implementar políticas de inclusión social. Son dos características generales, obviamente con matices, que puede encontrarse en todos los casos: una política económica anti-neoliberal y, por lo tanto, la formulación de instituciones desarrollistas (“una nueva industrialización”, especialmente en Brasil, Argentina, Ecuador) y políticas de inclusión social y redistribución. Por otro lado, estos regímenes también se caracterizaron por la promoción de derechos sociales y culturales bajo premisas de mayor participación social, como el presupuesto participativo en Brasil o el reconocimiento de las naciones indígenas en Ecuador y Bolivia. Los estados buscaban pasar de ser neoliberales a post-neoliberales y desarrollistas; en los casos de Bolivia y Ecuador pasaban de ser meramente multiculturales a ser plurinacionales. Totalmente ajenos a este cuadro quedaron Colombia y Perú pues incluso Chile bajo Bachelet se consideró de la “izquierda moderada”.
Un tema fundamental es que la cuestión ambiental no estaba realmente en el centro de las preocupaciones de estos gobiernos, por más que algunos adornaban sus discursos con el tema. Más bien, se intensificó la extracción de recursos (el llamado “neo-extractivismo”) y los mega proyectos de infraestructura asociados, en el contexto del boom de las materias primas. Este boom brindó estabilidad económica y crecimiento, permitiendo financiar programas sociales ambiciosos, la renegociación de tributos con empresas mineras y petroleras, y el reflote de industrias estratégicas. Se dice que el nuevo giro a la izquierda no sería tal pues hoy se trata de gobiernos débiles sin mayorías parlamentarias y productos de una precariedad institucional que viene de años atrás[1]. Pero cuando el giro surgió hace más de una década la inestabilidad era generalizada en países como Ecuador, Bolivia y Argentina y gobiernos como el de Correa no llegaron con mayoría (de hecho, llegó sin bancada). Es decir, los procesos sociales no son fácilmente explicables en términos de patrones causales, sino que están sujetos a múltiples dinámicas de poder. Ahora se discute si la mayor vulnerabilidad de los nuevos gobiernos de izquierda pueda derivar de la ausencia de un boom de las materias primas y una inflación global que los tiene a todos contra la pared. Sin embargo, la crisis del petróleo y del suministro de pesticidas y alimentos deberían abrir nuevas oportunidades para una transición ecológica post-petróleo y la implementación de instituciones de soberanía alimentaria. Estas medidas, sin embargo, requieren de gobiernos fuertes, innovadores, con legitimidad social y con capacidad de negociar con empresas y sociedad civil. Una utopía si se piensa en el Perú.
¿Dónde se ubica entonces ideológicamente “el gobierno del pueblo”?
Para responder esta pregunta es fundamental comprender qué es la izquierda hoy. La redistribución económica y los derechos de la clase trabajadora siguen siendo fundamentales en el ideario marxista, pero a ello también se unen las luchas ecológicas e identitarias. Bolivia y Ecuador ya incluían al menos discursivamente estas luchas en sus constituciones, planes y políticas. Hoy esta agenda está en el proyecto de nueva constitución chilena y en los discursos del presidente electo colombiano Gustavo Petro. Los regímenes de izquierda que surgieron hace más de una década, además, lograron concretar una articulación política básica que les ayudó a implementar, con sus matices y limitaciones, proyectos de país. Un esfuerzo de articulación que se observa, al menos de forma inicial, en las actuales experiencias chilena y colombiana. No fue fácil ayer y no será fácil hoy, por supuesto, debido a varias tensiones intrínsecas (por ejemplo, enfatizar la agenda ecológica implica menos dependencia en la extracción de recursos naturales y mayores estándares sociales y ambientales, lo que puede conllevar a menores ingresos para financiar programas sociales).
Ni Perú Libre ni Pedro Castillo levantan ninguna de las banderas de izquierda de hoy, ni sus dilemas ni sus preocupaciones. Asimilar la izquierda a discursos exclusivamente estatistas y llamados a la “nacionalización”, como los de Perú Libre, es obviar al menos 60 años de evolución en la agenda izquierdista. La noción de soberanía económica nació cuando los países del llamado tercer mundo, en el contexto de la descolonización de África, exigieron el respeto de sus recursos naturales y el cese de la explotación indiscriminada por potencias coloniales y empresas transnacionales. Con el surgimiento de empresas estratégicas públicas y estándares ambientales se observa que la naturaleza es igualmente devastada por el propio estado. Marxismo sin ecologismo es mero capitalismo de estado.
Al comienzo del gobierno de Castillo, con la incursión de políticos y técnicos de izquierda progresista había posibilidad e interés en hacer reformas. La reforma tributaria buscaba mayor justicia social a través de la redistribución. El primer canciller Héctor Bejar anunció la suscripción del Acuerdo de Escazú para proteger a los defensores y defensoras ambientales y profundizar la participación ciudadana en materia ambiental. Se nombró a Víctor Mayta, primer indígena campesino a la cabeza del Ministerio de Agricultura y se anunció la segunda reforma agraria. Se comenzaron a gestionar los conflictos mineros con un enfoque de derechos humanos, evitando la represión. Todo eso quedó en el olvido apenas unos meses después en que el gobierno rompe con la izquierda progresista y Perú Libre asume varias carteras con personas que no tenían mayor mérito que tener afiliación partidaria. Perú Libre demostró al frente del Ejecutivo y en el Congreso incapacidad para gobernar y una posición ultra conservadora y anti-regulatoria en todos los temas posibles, desde ambiente, salud, educación, transportes hasta reforma política. En todo ello y más coincide con los partidos conservadores y de extrema derecha.
Competencia de conservadurismos
Pero un análisis básico busca imponerse señalando que el gobierno y Perú Libre son de “izquierda conservadora”. Con miras a futuras elecciones en donde podrían usar al gobierno como excusa para denigrar a cualquier proyecto izquierdista, la derecha liberal se empecina en esta discusión ideológica. Pero no se puede caer en el simplismo de privilegiar los discursos antes que los actos políticos. Si vamos a hacer análisis solo sobre lo que proclaman los políticos y no sobre sus actos, el segundo gobierno de Alan García habría sido una social democracia y no un neoliberalismo conservador. Y si analizamos hoy los actos de gobierno de Castillo y los votos de Perú Libre es claro que está mucho más cerca de Bolsonaro que de Lula. Una vez que Castillo rompe la coalición no ha habido ninguna iniciativa desde el Ejecutivo y el Congreso que pueda denominarse de izquierda. Y la ruptura entre Castillo y Perú Libre no cambiará este escenario. Castillo ha demostrado desinterés o incapacidad para plantear una agenda orgánica más allá de la mera sobrevivencia política. Sin Perú Libre, es muy probable que el reacomodo implique alguna alianza con cualquier partido que le asegure cierta estabilidad y eso, en nuestro Congreso, implica grupos conservadores. En la práctica, entonces, quien gobierna no es Castillo, son esos grupetes de congresistas que entraron con vehículos electorales y que no tienen más lealtad que a sus financistas y redes patrimonialistas.
Lo que tenemos es una competencia entre bloques conservadores por influenciar y/o tomar el poder. Un conservadurismo que representa a las élites clasistas y racistas que tienen representación en partidos como Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular; y un conservadurismo racializado de Castillo, Perú Libre y congresistas de provincia de distintas bancadas, que dicen representar “al pueblo” pero que en realidad reivindican el capitalismo más primordial donde redes de mercaderes buscan continuar lucrando de la falta de legalidad y derechos mínimos. Ambos bloques son conservadores en el sentido más fundacional del término: buscan defender un status quo sin reforma política y retroceder en lo poco avanzado en capacidad regulatoria del estado. Esto implica en clave reaccionaria retornar al total control patrimonialista anti-regulatorio (en educación y transportes, por ejemplo). Aun así Perú Libre busque legitimarse con el discurso de nueva constitución, lo cierto es que no tienen una agenda orgánica sobre el tipo de estado y sociedad que buscaría con ese proceso más allá del viejo estatismo y soberanía económica como supuesta solución a todos los problemas. Es evidente que para ellos se trata de un eslogan para reclutar adeptos antes que una agenda seria para construir país.
Para buscar soluciones verdaderas lo primero es comprender ante qué realidad estamos. La ciudadanía se encuentra entre dos conservadurismos, en todo el sentido de la palabra, en términos sociales, económicos y políticos; con la única diferencia que son conservadurismos de los de arriba y de los de abajo. A modo de simplificación, unos nunca se hicieron problemas con el Club de la Construcción, los megaproyectos de Odebrecht, la corrupción de alto vuelo y cuello blanco; y otros hacen lo propio con la pequeña y mediana corrupción como Puente Tarata y las prebendas a transportistas informales.
¿Y el mea culpa de la izquierda?
Muchos critican a la izquierda progresista por el solo hecho de aceptar formar parte de la coalición inicial de gobierno con Perú Libre y sus líderes cuestionados. No comparto esa crítica desde la superioridad moral de algunos que no entienden que la política también implica negociar, transar y ceder, obviamente dentro de principios básicos. En la primera etapa de este gobierno había espacio para construir un frente que, con sus contradicciones internas, pudo haber funcionado si todos hubiesen asumido su responsabilidad. La principal crítica a la izquierda es que hoy, cuando son claros los intereses que gobiernan y la falta total de escrúpulos y parámetros éticos para mantener el poder, algunos persistan en que “puede reflotarse el gobierno”. Esa posición denota falta total de brújula, o peor, ceguera moral y en última instancia, un suicidio político. Lo que toca a la izquierda es construir alternativas viables no coquetear con quienes no tienen ningún interés programático más que su supervivencia política y judicial.
[1] Martín Tanaka ¿Nuevo giro a la izquierda? : https://iep.org.pe/noticias/columna-nuevo-giro-a-la-izquierda-por-martin-tanaka/