Lo que en el Perú llamamos crisis – palabra estrecha para la magnitud del fenómeno- ha ingresado a una etapa más implosiva y determinante. Un agitado remolino se traga a los actores, que son cada vez más voceros que actores; esa es la implosión. Lo determinante es la imposibilidad del retorno. En el juego de debilidades, dos poderes muy exhaustos y con el agua en las narices tienen pocos recursos para ahogar al otro y salvarse.
El Congreso tiene gran parte de esos recursos. Allí se produjo en las últimas semanas un realineamiento al parecer definitivo. El Congreso tiene una nueva mayoría más claramente opositora y destituyente que la anterior. El centro parlamentario ha sido depredado desde dentro y fuera y se ha transformado en un grupo reducido y pragmático cuya alma son los tránsfugas y los “niños” de AP. La derecha en el Congreso se ha fortalecido, Fuerza Popular asume para efectos prácticos el liderazgo legislativo y la conducción de comisiones fundamentales (Constitución, Agraria, Fiscalización y Economía), y es probable -tuits a la vista- que exista un acuerdo destituyente y post destituyente entre APP, Fuerza Popular y Avanza País.
Hay un nuevo mapa parlamentario. En él, las derechas reúnen por lo menos a 63 legisladores, las izquierdas 37, y el centro pragmático cerca de 30. La reciente decisión del Plenario de Acción Popular, que ordena a sus 14 legisladores votar por retirar a Castillo del poder, podría ampliar la coalición destituyente.
En el mapa institucional, la oposición está más cerca de alcanzar los 87 votos para vacar a Castillo y parece haber superado los 66 votos para destituirlo e inhabilitarlo por las otras causales que se alegan. La decisión política y los votos están a la espera de tres variables, la comunidad internacional, la opinión/respuesta del pueblo y la intervención judicial. El fantasma del 9 de noviembre de 2020, una comunidad internacional vigilante -con gobiernos que la derecha peruana agrede cada día- y un sistema judicial que se ha enfrentado al Congreso varias veces en los últimos meses, planean sobre un asunto que no es de votos, exclusivamente.
Algunas pistas indican que los destituyentes podrían intentar una salida en tres fases: 1) destitución de la vicepresidenta Boluarte; 2) destitución o suspensión de Castillo, de acuerdo al menú de 87 o 66 votos; y 3) convocatoria a elecciones presidenciales y reforma del sistema electoral con cambios de fondo en la ONPE y JNE.
La búsqueda de los 87 votos en caso la alternativa fuese la vacancia, ayudada por nuestro historial de mociones de vacancia, es lineal y, como en noviembre del año 2020, el problema es el qué y el cómo y no solo el que se va. Importan mucho los que vienen y los que se quedan.
En cambio, les será mucho más desafiante escoger la causal para retirar a Castillo del poder con 66 votos: 1) destitución e inhabilitación por traición a la patria; 2) destitución e inhabilitación por obstrucción a la justicia; o 3) destitución e inhabilitación por denuncia de la Fiscal de la Nación. Es probable que a los destituyentes les convenga una causa que provenga de la Fiscalía antes que una nacida en el Congreso.
Castillo conserva algunos recursos; está aislado, pero no está solo. Despliega una defensa “desde abajo” con éxito relativo. Sus principales aliados son sus adversarios más extremos y su clasismo capitalino. Le acaban de regalar un sonado triunfo internacional: el veto parlamentario a su viaje a Colombia a la toma de cargo de Petro ha activado a la OEA y a varios presidentes de la región.
En la actual política oficialista cabe un lugar destacado a los Consejos de Ministros Descentralizados, el discurso contra la élite opositora, la crítica de regiones a Lima, los nuevos pedidos de convocatoria a una asamblea constituyente y el cierre del Congreso. Será la forma de activar la cruzada nacional anunciada recientemente. Esa política no se puede servir del relanzamiento del cambio, porque Castillo desde su mensaje del 28 de julio ha virado más a la derecha.
Hay un nuevo mapa institucional, pero el mapa social es el mismo. Las cifras a favor y en contra de Castillo y el Congreso se mueven poco desde marzo. Los dos poderes son bastante desaprobados, pero no se advierte grandes movimientos sociales que intenten ponerles fin.
La dinámica entre representación ilegítima y desaprobación pasiva en el caso de Castillo podría ser explicada por algunos datos nuevos que aporta la reciente encuesta del IEP (7 agosto).
De acuerdo a estos datos, Castillo genera especialmente cuatro emociones: incertidumbre (34%), cólera (23%), esperanza (17%) y miedo (11%). En este cuadro, no sorprende que los bajos registros de la cólera y el miedo no estén a la altura del activo odio contra Castillo en los medios nacionales y en las redes sociales.
Sin embargo, el dato duro es otro: hay más incertidumbre en Lima (42%), en los jóvenes (42%), en los sectores A/B (47%) y C (42%), entre los interesados en la política (41%) y en quienes se asumen de centro (43%). En cambio, la incertidumbre es menor entre los pobres (23%) y fuera de Lima. Tu incertidumbre no es igual que la mía.
Por otro lado, en la misma encuesta, los bajos registros de la cólera y la esperanza vuelven a indicar que la polarización del país es engañosa si no es analizada junto a otro fenómeno de tratamiento más complejo, la fragmentación.
Una sociedad con emociones repartidas y desiguales dialoga intersubjetivamente con la crisis. No es un país radicalizado a favor de alguna opción disruptiva y es más sabio que sus elites. En el mapa social actual, la opción para esta etapa sigue siendo el adelanto electoral (65%), pero los peruanos son más sinceros: el 42% cree que este adelanto sería mejor, el 30% que sería igual y el 17% que sería peor. No hay razón para juntar “mejor” con “igual”, o “igual” con “peor”, pero sí es posible apreciar la convicción de que la crisis será larga y que las elecciones por sí mismas -peor aún sin reformas- no serán una salida milagrosa.
La cuestión democrática de esta hora es más amplia de lo que se supone. Forman parte de ella la decisión sobre la presidencia, pero forman parte de esa misma cuestión democrática las serias acusaciones contra Castillo. Eso no lo entiende un sector de la izquierda que ignora la corrupción y el abandono del cambio por parte de Castillo como elementos de este contexto.
El institucionalismo vacío de ese sector de la izquierda se corresponde con la ética antidemocrática de un sector de la derecha que quiere desalojar a Castillo sin que importen los medios, 87 votos, 66 votos, mayoría simple o golpe de Estado. Ambos extremos, no obstante, pidieron en 2017-2018 la vacancia de PPK por menos acusaciones que las de ahora. Eduardo Dargent, al llamarlos demócratas precarios, ha marcado con un fierro caliente a ese segmento de la clase política.
El mapa institucional y el mapa social representan por ahora dos mundos que apenas se tocan. La representación, el sueño de Locke, no será suficiente para formar una salida a esta fase de la crisis. Será necesario que se exprese activamente la voluntad general, el sueño de Rousseau. No obstante, dudo que la voluntad general se mueva solo por el incentivo institucional. El paradigma neoliberal está escondido en los pliegues del paradigma democrático.
