Por Susel Paredes, Congresista de la República
El proyecto de Ley de Adelanto de elecciones no es sólo una propuesta del congreso y de algunos colegas con quienes compartimos el mismo objetivo, también recoge el clamor de miles de peruanos, de colectivos que incluso vienen recolectando firmas en apoyo de una propuesta ciudadana análoga.
Se trata de una fórmula plenamente constitucional, pues, en el pasado, se aplicó para salir de la crisis política originada a partir de la revelación de la sistemática corrupción que penetró los más altos niveles del gobierno en la década de los años 90.
En concreto, el proyecto plantea adelantar las elecciones generales y, a su vez, el término del mandato presidencial, y el de congresistas y representantes ante el parlamento andino al 28 y 26 de julio de 2023 respectivamente. Su implementación, para consolidar su viabilidad y legitimidad, requerirá del voto de 66 congresistas y una consulta popular a través de referéndum. Es decir, superar la crisis política adelantando el término de un gobierno de gestión deficiente y con graves acusaciones de corrupción, pero también de un congreso incapaz de ponerle freno, o lo que es peor, sin respaldo o apoyo popular para hacerlo unilateralmente.
Las responsabilidades del gobierno y la amenaza de una insostenible mala gestión
Con 69 ministros designados en 13 meses, ¿qué estabilidad podemos tener? Y los cambios no son el único problema, también lo son la calidad de funcionarios, decisiones erráticas y las públicas denuncias de corrupción y obstrucción a la justicia que pesan sobre el gobierno. Lamentablemente, los impactos de esa mala gestión han sido muy altos.
Por ejemplo, las amenazas a la seguridad ciudadana se asocian a los sucesivos cambios de ministros del Interior, siete en un año, y de cinco comandantes generales de la PNP; las amenazas a la seguridad alimentaria, a las frustradas compras de urea para afrontar la escasez de fertilizantes; y, las amenazas a la seguridad sanitaria, al vencimiento inminente de millones de vacunas para la Covid-19 no utilizadas. Así también, la corrupción en los sectores de Transportes y Vivienda, se asocia a la permanencia de dos ministros, Juan Silva y Geiner Alvarado, actualmente investigados por ser parte de una organización criminal que involucraría al propio jefe de Estado, sus familiares y su entorno más cercano. Sólo el caso Silva es un ejemplo de la ineptitud del gobierno, y la inacción del Congreso, pues yo misma cuestioné su designación desde agosto de 2021, pero ni uno ni otro reaccionaron del mismo modo ni oportunamente. Todas estas razones, entre otras, hacen que la permanencia del gobierno sea cada día más insostenible.
El Congreso, su incapacidad de hacer frente a la crisis y la falta de respaldo popular
Pese a todo, el presidente tiene 29% de aprobación, y, por el contrario, el Congreso baja a 6.5% con tendencia a la baja, lo que exige pensar en alternativas que guarden sintonía con la ciudadanía, toda vez que decidir un recorte de periodo presidencial, no sólo requiere tener justificación sino también respaldo popular. Esa misma razón, niega toda posibilidad a una salida política a través de la vacancia, la misma que, por impopular, podría generar un escenario de violencia absolutamente perjudicial para el país.
Hacia un Adelanto de elecciones con reformas
Teniendo una aprobación por los suelos, pero con la convicción de que la razón está de su parte, esto es, que la incapacidad del gobierno puede afectar gravemente el bienestar de la población y la estabilidad y desarrollo del país, este congreso debe ser doblemente consciente de que sólo esa razón y no su paupérrima aprobación, es su principal respaldo, y ello le exige buscar una salida a la crisis que el electorado respalde, aunque ese costo, por el bien del país, sea dar un paso al costado. Pero esa salida, y eso es igual de importante, debe ir acompañada de las reformas que garanticen una elección con alternativas que eviten el escenario nefasto de la segunda vuelta electoral de 2021. Es decir, debemos salir de la crisis y crear los cerrojos constitucionales y legales que impidan repetirla.
En adelante, previo debate y propuesta de una línea de tiempo viable para encaminar el proceso, corresponde a la Comisión de Constitución y Reglamento dictaminar y proponer ante el pleno del congreso el proyecto de ley. Luego de obtener un mínimo de 66 votos, la propuesta deberá someterse a consulta popular vía referéndum antes de fin de año. El pueblo elige, el pueblo decide.
