El aparentemente «reciente» descenso de la fecundidad y de los nacimientos en el Perú viene generando un creciente interés en medios de prensa, de la academia y analistas. No se trata de una situación únicamente peruana, sino que ya es de alcance global, con matices propios de cada país.
Hombres y mujeres continúan decidiendo postergar la oportunidad y cantidad de hijos, aunque siga siendo una opción más viable para los estratos medios y altos, con más posibilidades de planificarlos.
Décadas atrás, las vacunaciones y el saneamiento evitaron muertes tempranas, y la urbanización y la educación expandieron oportunidades. En buena cuenta explican nuestra decreciente fecundidad y mayor esperanza de vida en todas las edades, rasgos de nuestra demografía, rápidamente cambiante. Y a los que la política pareciera indiferente.
Como resultado, a la par de tendencias que llevan establecidas más de medio siglo, la cantidad de hijos que en promedio tiene una mujer al final de sus años reproductivos, antes de los 50 años, continúa en sostenido descenso desde inicios de los años sesenta, en que cada mujer a esa edad en promedio tenía 7 hijos. Al 2025, se ha reducido a 1,7 (2,5 en el quintil más pobre, 1,3 en el más rico), que hasta antes de la pandemia por la COVID-19 se preveía ocurriera el año 2050. Así mismo, desde fines de los años ochenta, viene disminuyendo la cantidad anual de nacimientos después de siglos de estar en ascenso (desde el XVIII), tendencia que se prevé no revertirá, según vemos por estos años.
Según los resultados censales del año 2025, los menores de un año fueron aproximadamente 200 mil menos que los cerca de 540 mil proyectados para ese mismo año a partir de los resultados censales del 2017. Nivel también previsto que ocurriera a mediados de siglo.
A esa tendencia anual de nacimientos en descenso contribuye la cantidad de peruanos y peruanas que, al emigrar, tienen hijos fuera del país. En el último tercio de siglo ha emigrado cerca del 10% de nuestra población, de las que en el caso de las mujeres, al menos un tercio lo ha hecho en edades con mayor fecundidad (20 a 34 años).
Por ello, es necesario ubicarlas en un horizonte de largo, mediano y corto plazo. Lo que viene llamando esa atención es una tendencia exacerbada a partir de la pandemia de la COVID-19. Que, entre sus múltiples impactos, más allá de la salud individual o colectiva, también inciden sobre la conformación de los hogares y en los roles de sus integrantes, que cambian según la edad de sus integrantes. Cuidar niños pequeños o adultos mayores o personas con discapacidad no supone los mismos tiempos ni esfuerzos, en especial para las mujeres de estratos medios y bajos. Disminuyen los nacimientos, sí; pero también aumenta la esperanza de vida en todos los tramos de edad. Pasados sus años reproductivos, y cuando sus hijos empiezan a independizarse, crecientemente las mujeres cuidan a sus padres o abuelos. No lo hacían así, a esa misma edad, sus madres o abuelas porque la supervivencia era menor.
Por otro lado, un año antes de la pandemia, un tercio de hogares era jefaturado por una mujer; al 2025, ya son cerca de dos de cada cinco, casi el doble de hace un cuarto de siglo. Obviamente, se generan nuevas tensiones, necesidades y demandas, a las que las políticas vigentes no vienen respondiendo, ni son parte de la agenda del Legislativo o del Ejecutivo. Inequidades de género y de la posibilidad de ejercer derechos, en un contexto de carencia de políticas de cuidado efectivas a gran escala.
Según la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado, y con información de hace más de una década, el cuidado de niños y adultos mayores que realizaban hombres y mujeres representaban, respectivamente, el 1,6% y el 3,6% del PBI del año 2010. Al 2024, en que se ha actualizado la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), el PBI del Perú se había duplicado, mientras disminuía la fecundidad y aumentaba la supervivencia de la población adulta mayor. Conservadoramente, ese trabajo no remunerado cada año equivaldría a cinco veces el costo de la flotilla de aviones que tanto empeño puso en adquirir el congreso anterior. Tras más de una década, sobre la base de la ENUT del 2024 urge actualizar dicha Cuenta Satélite, incorporando los cambios demográficos registrados desde entonces, no solo a nivel nacional, sino también según la heterogénea tipología de los hogares y territorios.
Para afrontar los desafíos, y aprovechar las oportunidades generadas por los acelerados cambios demográficos en curso se debe empezar por establecer espacios de diálogo entre investigadores y generadores de políticas con usuarios, reales y potenciales, de la rica información generada en el país, desde registros administrativos, encuestas especializadas, y los resultados censales del 2025. El costo de no hacerlo, y de no sustentar políticas públicas acordes a esas dinámicas ni del enfoque de derechos, ya lo vienen asumiendo los hogares, en general con una doble carga sobre las mujeres que sobre los hombres, limitando así sus oportunidades.
Sin ser la única explicación, urge ver en estas y otras desigualdades normalizadas, un desafío para generar políticas e intervenciones más equitativas, y no convertir, una vez más, la disminución de los nacimientos en motivo de alarma para inducir, o limitar, la reproducción al margen de los derechos. Sin superar cabalmente barreras que aún afrontan, las mujeres de estratos más educados y de mayor riqueza llevan décadas decidiendo más cuándo tener a sus hijos. Más rezagadas en el tiempo, las más pobres y con menor educación empiezan a acortar brechas respecto de sus expectativas reproductivas, no obstante seguir careciendo de servicios de calidad acordes a su necesidad, mientras dedican más tiempo a los cuidados.
El inequitativo ejercicio del derecho a decidir libre e informadamente cuándo y cuántos hijos tener, sigue siendo una fuente de desigualdad. El reciente interés en el tema debiera poner por delante la posibilidad de ejercer efectivamente ese derecho, considerando no solo el trabajo productivo, sino también el reproductivo.
