El gobierno de Keiko Fujimori no ha formulado una orientación estratégica propia para conducir la política exterior peruana, una carencia que también se percibe en otros ámbitos de su gestión. Peor aún, en vez de continuar la tendencia inercial que viene aplicándose en otros sectores —es decir, la de reproducir las orientaciones heredadas de los gobiernos anteriores—, en el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha adoptado un alineamiento estrecho con la política internacional del presidente estadounidense Donald Trump, incluso a costa de romper la tradicional continuidad que ha caracterizado a la política exterior peruana. Este sesgo revela falta de visión estratégica y un marcado cortoplacismo por parte del gobierno y de su canciller, el inexperto Carlos Espá.
Los lineamientos de política exterior brillan por su ausencia en el actual Plan de Gobierno de Fuerza Popular; el discurso de investidura presidencial del 28 de julio último solo contiene un par de lugares comunes; y el discurso presidencial ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 22 de septiembre último, siguió el mismo curso, salpicado por referencias inexplicables a asuntos internos.
Acaso la continuidad más visible es el amor no correspondido del Servicio Diplomático por el fujimorismo: el desprecio del segundo respecto al primero ha vuelto a manifestarse desde el primer día de gestión de Keiko Fujimori, a través del nombramiento de allegados al gobierno como embajadores políticos, y del desplazamiento, en algunos casos, de funcionarios diplomáticos con destacadas fojas de servicios, para reemplazarlos por los afortunados ganadores de la lotería política. Un criterio similar se advierte en la fracasada promoción oficial de la candidatura de Javier González-Olaechea para el cargo de director general de la OIT, pese a los cuestionamientos sobre su desempeño cuando fue funcionario de ese mismo organismo.
El alineamiento con la cambiante política internacional del presidente Trump implica apartarse de la histórica postura de no alineamiento, que en sus distintos matices caracterizó a la política exterior peruana, y supone renunciar a la autonomía estratégica, indispensable de cara a los complejos desafíos planteados por el actual escenario internacional en transición. Este enfoque inmediatista tampoco toma en cuenta los cambios políticos producidos en los Estados Unidos a partir de las elecciones legislativas de medio término, que adelantarán de hecho el período preelectoral con miras a las elecciones presidenciales de noviembre de 2028. Con la masiva derrota del Partido Republicano, el presidente Trump se convierte prematuramente en un “pato rengo” (lame duck), es decir, en un gobernante de poder disminuido.
Además, ese alineamiento de la política exterior peruana resulta contraproducente porque reaviva recelos y sentimientos antiimperialistas que ya habían perdido vigencia; es decir, debilita una relación bilateral que ya es robusta, en vez de contribuir a fortalecerla.
Un factor adicional de cuestionamiento radica en que tal alineamiento entorpece la discusión soberana y pragmática sobre aquello que la presión de la administración Trump precisamente intenta contrarrestar, es decir, la fructífera relación que el Perú viene forjando con China. La autonomía estratégica peruana no es solamente una postura principista, sino que es un imperativo realista propio del arte de la diplomacia, y cobra particular valor frente a las actuales circunstancias del entorno global. China es nuestro principal socio comercial, es fuente de importantes innovaciones tecnológicas, es una de las mayores matrices culturales de la humanidad, y —por si fuera poco— es la segunda potencia económica mundial. A la vez, existen muchos aspectos implicados en la relación del Perú con China que merecen ser discutidos con evidencias, pragmatismo y visión estratégica. En apretada síntesis, China está gobernada por un régimen autocrático y enfrenta serios desafíos macroeconómicos de alcance estratégico, así como un acelerado proceso de declinación demográfica, elementos que constituyen factores de riesgo y hacen aconsejable una interacción cautelosa por parte del Perú. Pero la traducción de ese análisis crítico en política pública se ve entorpecida por las presiones de los Estados Unidos, por las declaraciones poco afortunadas de su embajador, Bernie Navarro, y por la deferencia de nuestro canciller hacia el gobierno para el que trabajó durante 15 años.
La incorporación del Perú al llamado Escudo de las Américas es un claro ejemplo del cortoplacismo y de la falta de visión estratégica que impregnan ahora nuestra relación con los Estados Unidos. Esta iniciativa adolece de falta de claridad institucional, en lo formal y en lo sustancial, y responde a una orientación unilateral y a un expansivo marco temático fijados en función de las prioridades del gobierno de Donald Trump. El Escudo de las Américas promueve además la espuria noción de “soberanía hemisférica”, que es manifiestamente contraria a nuestro interés nacional y a nuestro orden constitucional (arts. 43º y 54º de la Carta Política). Todo este enjambre de imprecisiones e imposiciones imperiales pone en riesgo los eventuales beneficios de tal iniciativa en materia de cooperación militar, policial, de seguridad regional, de inteligencia y de lucha contra las organizaciones criminales transnacionales que operan en nuestros países, e incluso podría erosionar la ejecución de los acuerdos preexistentes en esos ámbitos. Asimismo, sus objetivos declarados se ven contradichos por los reiterados perdones concedidos por el presidente Trump a personas condenadas por su participación en grandes operaciones de crimen transnacional (indulto a Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico; o a Changpeng Zhao, por incumplimientos de normas contra el lavado), es decir, precisamente aquellas que el Escudo de las Américas declara combatir.
Otra expresión de la orientación que el canciller Espá viene imprimiendo a Torre Tagle son las recientes abstenciones peruanas en votaciones de especial significación política durante el actual período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
El 17 de septiembre de 2026, la Asamblea General aprobó, por 152 votos a favor, 3 en contra (Estados Unidos, Israel y Paraguay) y 4 abstenciones (Colombia, Honduras, Panamá y el Perú), la resolución A/RES/81/1, sobre la “Participación del Estado de Palestina durante el octogésimo primer período de sesiones”. La decisión autorizó la participación mediante una declaración pregrabada del presidente Mahmoud Abbas, ante la imposibilidad de hacerlo en persona, debido a que los Estados Unidos le negaron la visa. La abstención peruana marcó una ruptura con la tradicional postura de nuestro país en favor de la libre determinación del pueblo palestino, mantenida desde hace 79 años, es decir, desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181 (II), de 1947. Y puede entenderse como una convalidación del veto de hecho que los Estados Unidos, como país sede, ejerce sobre quiénes pueden o no participar en las sesiones del máximo órgano de las Naciones Unidas. La conducta del gobierno de Trump implica una clara trasgresión de las obligaciones previstas en las secciones 11 a 13 del Acuerdo de Sede de 1947 entre los Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas.
Igualmente, el 28 de octubre, el Perú fue uno de los 25 países que se abstuvieron en la votación de la Asamblea General sobre la resolución que exige el levantamiento del embargo de los Estados Unidos contra Cuba, aprobada por 130 votos a favor y 17 en contra. El Perú había votado a favor en años anteriores. Cabe anotar que el respaldo a esta resolución, que se adopta cada año, ha venido declinando: en 2024, la votación fue de 187 a favor, 2 en contra (Estados Unidos e Israel) y una abstención (Moldova); y en 2025 fue de 165 a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. Ciertamente, el régimen de Cuba amerita categórica condena, pero abstenerse frente al embargo implica convalidar un grave precedente contrario al derecho internacional, pues consagra la aplicación de leyes de Estados Unidos fuera de su jurisdicción, y dentro de la de otro Estado, en perjuicio de empresas, ciudadanos y transacciones.
Otro tanto puede decirse sobre la gratuita ruptura de relaciones diplomáticas con Irán, anunciada por nuestra cancillería el 1 de septiembre último: su único efecto ha sido el de ahondar el aislamiento internacional de nuestro país.
Con todo, este análisis sería incompleto si no reconociera también aciertos. Es justo saludar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con México, que repara la ruptura decidida en noviembre de 2025 durante la gestión del excanciller Hugo de Zela. Igualmente auspicioso es el anuncio de la reanudación progresiva de relaciones diplomáticas plenas con Venezuela, medida indispensable para gestionar eficazmente la presencia en nuestro territorio de alrededor de 1.6 millones de ciudadanos de ese hermano país, y para contribuir a su proceso de recuperación democrática. Pero en ambos casos, la implementación por parte de la cancillería peruana viene siendo lenta y lánguida.
En suma, una política exterior necesita brújula: objetivos de largo plazo, consensos internos y un Servicio Diplomático profesional que les dé continuidad. Recuperarla supone volver a la autonomía estratégica que por décadas sirvió bien al Perú: cooperar estrechamente con los Estados Unidos y con China sin subordinarse a ninguno, y decidir cada voto en los foros multilaterales a partir de los principios y los intereses nacionales, no de alineamientos coyunturales.
