En campaña sobran soluciones, equipos, planes y decisiones que solo esperan el resultado electoral. Al llegar al Gobierno, empiezan las excusas: nos dejaron un Estado desastroso; faltan facultades, recursos, normas y tiempo. Algunas dificultades pueden ser reales; otras debieron conocerse antes de prometer resolverlas desde el primer día. Por eso, a los cien días del gobierno de Keiko Fujimori, la pregunta es inevitable: ¿hay capacidad para gobernar?
Gobernar exige conocer el Estado para tomar decisiones efectivas; no consiste en pararse ante una cámara para hacer anuncios que no se traducen en resultados. Esa distancia entre ofrecer y ejecutar es la que define estos primeros cien días.
Las responsabilidades que la Constitución asigna a la presidenta rigen desde la juramentación. La delegación de facultades legislativas añade instrumentos, pero no condiciona la obligación de gobernar. El artículo 118 le encarga dirigir la política general del Gobierno y velar por el orden interno; el artículo 44 impone al Estado el deber de proteger a la población frente a las amenazas contra su seguridad.
Durante semanas, el Ejecutivo reclamó facultades para atender problemas urgentes. Una vez aprobada la delegación, el premier anunció que necesitaría entre diez y doce días para tener listos los primeros decretos legislativos. ¿Cuánto se había avanzado mientras se exigía celeridad al Parlamento? Si la urgencia justificaba acelerar la delegación, también debía tener un Gobierno con normas listas para enfrentarla.
Por otro lado, no todo problema se resuelve con un decreto legislativo. Frente a El Niño, una intervención puede estar detenida por falta de financiamiento, por un expediente incompleto o por problemas de contratación, y cada traba exige una respuesta distinta. Para las medidas extraordinarias en materia económica y financiera, la Constitución ya contempla los decretos de urgencia, sujetos a requisitos y control.
El crédito suplementario aprobado por el Congreso ofrece otra prueba. Conseguir recursos importa, pero convertirlos a tiempo en protección, infraestructura y servicios exige preparación. El artículo 77 vincula la asignación presupuestal con las necesidades sociales básicas, la eficiencia y la descentralización. Por eso hay que seguir el dinero hasta su destino: qué prioridades financia, quién ejecutará las intervenciones y cuándo podrán verificarse los resultados.
En seguridad, la capacidad se mide también por la correspondencia entre el problema y la respuesta. La Constitución permite que, durante el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno si así lo dispone la presidenta. Pero el despliegue militar no reemplaza la investigación policial, la inteligencia ni la construcción ni valoración de pruebas que sostienen una acusación. Su pertinencia debe evaluarse por resultados y con respeto de los derechos fundamentales. No podemos normalizar la excepción, el gobierno debe explicar qué está corrigiendo con ella.
El viaje a El Salvador merece igual examen. Conocer experiencias extranjeras puede dejar aprendizajes, siempre que se comprendan las diferencias institucionales y sociales entre ambos países. Demostrar su utilidad exige explicar qué se aprendió y cómo se aplicará. La frivolidad aparece cuando los videos ocupan más espacio que la explicación de los resultados.
El anuncio de traer el modelo salvadoreño de telemedicina a nuestro país es desconcertante. La Ley Marco de Telesalud se publicó en 2016. Al 14 de marzo de 2026, el Minsa reportaba 3076 establecimientos interconectados y más de 9,5 millones de atenciones desde 2023. EsSalud, por su parte, registró 1.609.073 atenciones en telemedicina durante 2025. Por su parte, las PIAS ya acercaban especialistas a poblaciones amazónicas y del lago Titicaca en 2017: el Minsa documentó 44 pacientes atendidos por telemedicina en Loreto y seis atenciones en Puno, estas últimas conectadas con el Hospital Cayetano Heredia de Lima. En 2021, el Instituto Nacional Materno Perinatal también documentó una teleconsulta con ecografía desde la PIAS Lago Titicaca.
Lo que debe hacer el Gobierno es identificar qué funciona, qué falta, cómo ampliará la cobertura, cómo mejorará la conectividad y cómo garantizará la atención oportuna. Presentar como descubrimiento lo que el propio Estado ya viene haciendo revela una falla de diagnóstico, desconocimiento de la realidad y carencia de equipos preparados que la ayuden a no naufragar.
Es verdad, que cien días no bastan, pero sí son suficientes para observar cómo se decide, a quién se designa, qué se prioriza y cómo se corrigen los errores.
