Ya han pasado 100 días de gobierno y, más que una desilusión —porque no necesariamente todos tenían expectativas respecto al gobierno actual—, lo que se percibe es un gobierno sin propósito y sin visión. No se siente que existan objetivos claros ni una dirección definida sobre el propósito de cada política, lo que se quiere hacer y hacia dónde se pretende conducir el país.
Por ejemplo, en el caso de la inseguridad ciudadana y las extorsiones, no tenemos una estrategia clara para combatirlas. A pesar de que la presidenta Keiko Fujimori presentó su gobierno como una gestión con capacidad y experiencia, hasta el momento no ha demostrado tener la capacidad de brindar a la ciudadanía respuestas concretas frente a uno de los problemas que más afectan su vida cotidiana. Incluso, lo ocurrido durante su visita a El Salvador y las declaraciones del presidente Nayib Bukele dejaron en evidencia que no basta con tomar como referencia un modelo de seguridad si no se tiene claridad sobre cómo adaptarlo a la realidad peruana. Entonces, ¿cuál es realmente la estrategia del Gobierno para enfrentar la inseguridad?
Cada día se percibe una situación más complicada y no parece que el Gobierno esté tomando con plan y estrategia los problemas públicos urgentes. Esto también se refleja en la aceptación ciudadana y en la creciente distancia entre las expectativas de la población y la respuesta de sus autoridades. Pero creo que el problema va más allá de la gestión gubernamental, Keiko Fujimori recibió un país con un régimen democrático debilitado, con instituciones que han perdido legitimidad y con contrapesos cada vez más cuestionados, pero, no podemos dejar de mencionar que su propia bancada ha sido parte de este proceso de debilitamiento institucional. Por tanto, sus acciones no parecen estar orientadas a revertir esta situación, sino que contribuyen a seguir debilitando la democracia.
Y es que la democracia no se debilita únicamente cuando se interrumpen los gobiernos o se desconoce el resultado de las elecciones; también ocurre cuando, desde el propio poder, se van debilitando las instituciones, se reduce la capacidad de fiscalización y se normalizan decisiones que afectan el equilibrio de poderes. En ese sentido, podemos tener elecciones y autoridades elegidas democráticamente, pero eso no significa necesariamente que tengamos una verdadera democracia.
Como planteaba Guillermo O’Donnell, uno de los problemas de las democracias latinoamericanas es la debilidad de los mecanismos de control entre las propias instituciones del Estado. Cuando estos mecanismos no funcionan adecuadamente, se generan espacios donde las autoridades pueden ejercer el poder sin una fiscalización efectiva. Esto termina afectando no solo la institucionalidad, sino también la confianza de la ciudadanía en el Estado.
Por otro lado, tampoco podemos dejar de lado la crisis de representación política que arrastra el país. Como señalaba Julio Cotler, los problemas de desigualdad y la debilidad de los partidos políticos han sido parte de las dificultades históricas para construir una democracia representativa. El crecimiento económico, por sí solo, no ha sido suficiente para resolver estas brechas ni para fortalecer las instituciones, hoy seguimos teniendo una ciudadanía que no encuentra en sus representantes una respuesta a sus demandas y que, cada vez más, se distancia de la política.
Por eso, estos primeros 100 días no deberían evaluarse únicamente por las medidas anunciadas o por los resultados inmediatos de la gestión. También deberíamos preguntarnos qué está haciendo este gobierno para fortalecer las instituciones y recuperar la confianza de la ciudadanía. Porque no se puede hablar de recuperar el orden si, al mismo tiempo, se sigue debilitando el Estado de derecho.
