En el Perú es complejo nuestro vínculo con la Policía Nacional. Conformada para mantener el orden, a lo largo de su historia los episodios que se recuerdan están vinculados con la violencia, la corrupción y la ineficacia. No existe, hasta la fecha, una investigación sobre la historia completa que implique una revisión crítica de su devenir: comenzó como Guardia Civil en 1872, Augusto B. Leguía le agregó la Guardia Republicana y José Luis Bustamante y Rivero, el Cuerpo de Investigación. Alan García uniría las tres fuerzas en 1988 creando la Policía Nacional del Perú (PNP).
Como si se tratase de un quipu, o quizá de un libro del Antiguo Testamento, la historia de la PNP es narrada en las redes como un largo listado de quienes fueron sus tenientes y coroneles, incluso, por momentos, con espíritu de árbol genealógico, como listados de reyes, con muy pocas de sus obras. En esos relatos oficiales, los ministros de Gobierno y Policía o del Interior no se encuentran vinculados con la historia de la PNP, como si se tratara de unidades separadas, pues ellos eran militares, como el ministro José Zapata Vélez durante el gobierno de Manuel Odría. Se sabe que cada cierto tiempo se produjeron reformas, como la de Zapata Vélez con apoyo de la dictadura de Francisco Franco, pero no existe un estudio de su vínculo con el sistema de persecución, tortura y terror impuesto por Alejandro Esparza Zañartu (el Cayo Mierda de Mario Vargas Llosa) en el cruel Ochenio.
En este siglo, con lo que sí contamos es con un conjunto de especialistas en el tema de seguridad y el Conflicto Armado que han desarrollado investigaciones acerca de la corrupción, sus abusos, o sus vínculos con el narcotráfico. Quizá el estudio más importante y detallado sea el realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en el tomo dedicado a las Fuerzas Armadas (2003). Sobre todo, porque los primeros años del indiferente gobierno de Fernando Belaúnde (1980-1982), se dio un poder desbocado y sin precedentes a la PNP y luego al Ejército Peruano en la lucha contra Sendero Luminoso.
No era la primera vez que ocurría que la PNP cometiera excesos, ya lo había hecho con las primeras huelgas al comenzar el siglo XX, con los levantamientos apristas, con la tragedia del Estadio nacional o peor aún, durante el enfrentamiento contra campesinos cocaleros en Ayacucho durante el gobierno de Morales Bermúdez. Como reacción, se subordinó a la PNP bajo el mandato militar. La situación se repitió cuando en Ayacucho y Huancavelica, debido a las masacres y demás actos violentos y vengativos de la PNP contra Sendero Luminoso y la población inocente, la dirección fue entregada a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa. Con las autoridades locales aterradas y un Fernando Belaúnde incapaz de comprender lo ocurrido, la policía cedió, como en el caso del narcotráfico en Ayacucho, el control de las acciones.
Tras el Informe Final de la CVR, la PNP reconoció que había cometido excesos (jamás acciones sistemáticas como señala el informe). Eran “excesos” pues se trató de decisiones individuales de algunos policías (ante la carencia de políticas desarrolladas por los gobernantes). El Informe no señala que los militares detuvieran la violencia. Atrocidades similares continuaron de la mano con los militares, como el caso de Accomarca (1985).
Ante su subordinación, un grupo de la PNP optó por desarrollar otra estrategia, una de inteligencia que funcionó para capturar a Abimael Guzmán a través de la creación del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN). Tras sus determinantes resultados, por una temporada, la PNP fue respetada y admirada, incluso se anunció una reforma para el año 2001 y se despidió a los investigados por corrupción y violencia. Ese es el relato que recoge el Lugar de la Memoria, que celebra el reemplazo de la fuerza por la inteligencia con la evidencia de las grandes consecuencias que pusieron fin a una guerra y dejaron demasiadas víctimas (que abarca mucho más que personas muertas o desaparecidas).
Pareciera que la PNP siempre ha oscilado entre grandes reformas y grandes delitos. Una suerte de vaivén del que no puede escapar. Por ejemplo, una de las cabezas del GEIN, Benedicto Jiménez, ha sido juzgado como integrante de grandes redes de corrupción estatales una década después. O el admirado Marco Miyashiro, hoy senador, niega que las leyes procrimen lo sean.
Durante el gobierno de Pedro Castillo, las bancadas de Fuerza y Renovación Popular apoyaron la promulgación de una ley que limitaba las causales de destitución del Comandante General de la Policía del Perú. La presidenta Dina Boluarte simplemente la ignoró y destituyó al Comandante cuando se sintió agredida en Ayacucho después de las masacres que provocó al comenzar su mandato. Al último Comandante que ella nombró fue Oscar Arriola, quien sigue en el cargo, un policía que apoya la violencia y la mentira contra la población, y de quien se sospecha acaba de realizar un montaje con el caso del minero trujillano para proyectar una labor eficiente ante el aumento de los crímenes desde que la presidenta Fujimori ha conseguido tener el poder. La actual presidenta afirma que nada puede hacer contra la Ley y que será el Congreso la institución que deba decidir. Por un tema de estabilidad y aceptación, seguramente ocurrirá.
Actualmente, casi todo el país desconfía de la Policía Nacional, la cual se encuentra nuevamente bajo el mando de un ministro militar, un comando Chavín de Huántar que debe presentar en algún momento un plan para enfrentar la crisis en escalada de seguridad nacional. Ojalá sea más ingenioso que lo mostrado en la simplona película peruana que estrenaron este año acerca de su Comando. Hoy, son millones las voces que reclaman un reforma real y profunda de la PNP, pues se percibe a través de los medios e informes como vinculada con la extorsión y las organizaciones criminales, pero que ahora, además, se encuentra protegida bajo un sistema judicial propio. Esa es una de las leyes indudablemente procrimen. Mientras tanto, en otros países se trata de una fuerza y de un sistema de orden y seguridad que resulta ser eficiente y que tiene enfoques mucho más preventivos y de inteligencia que el de disparar y matar, acciones que los obligan a inventar torcidas justificaciones después (un arte del Comandante actual de la PNP). El gobierno de la presidenta no ha señalado hasta la fecha que esto vaya a cambiar, sino que, repitiendo el viejo e ineficaz recurso de trasladar las responsabilidades a los militares, nos anuncia que no responderá. Todos tememos el crecimiento de la violencia que ha arrancado desde que Fuerza Popular pisó Palacio. Y qué irónico que el eslogan del gobierno sea que el Perú Responde. En todo caso, vaya manera de actuar.
