Por Erick Iriarte
La lectura de los planes de gobierno de Fuerza Popular y de Perú Libre en torno a los temas digitales nos refleja que ambos no han tomado en consideración la Política 35 del Acuerdo Nacional sobre un Perú Digital, una política de Estado aprobada en 2017 y que indica de especial manera que el Estado: “diseñará las políticas y la regulación en materia de sociedad de la información y del conocimiento teniendo como base los principios de internet libre, abierto, neutro y para todos”
El plan de Pedro Castillo aborda lo que denomina la soberanía tecnológica de esta manera: “Soberanía tecnológica digital. EEUU nos ha impuesto una dependencia tecnológica digital, manifestada en el control sobre nuestro Estado o exclusión del mismo, por razones económicas y geopolíticas que siguen cimentando nuestra condición neocolonial”.
Si, además, lo unimos con otros postulados de su plan de gobierno, se enfoca en que la tecnología que utilizamos (Internet entre ellas, con las redes sociales (como YouTube, Twitter, Facebook), las redes de comunicación (como WhatsApp, Skype o Zoom), y las redes de información (como los cientos de paginas web que van desde la enseñanza al divertimento), generan una dependencia tecnológica. Entendemos que el plan es “liberarnos de dicho yugo” y construir un desarrollo tecnológico propio. Desde software hasta plataformas tecnológicas, no queda claro es qué ocurrirá mientras tanto. ¿Pasaremos a consumir software y aplicaciones de otros países que no sean USA? ¿No consumiremos nada foráneo, aunque menciona el mismo plan que Rusia Today y Telesur se debería consumir? ¿Quién y como se determinará que tecnología podemos consumir/usar l@s peruan@s?
Del lado de enfrente, el plan de Keiko Fujimori plantea el uso de la tecnología como instrumento para la educación (mejorando la conectividad de escuelas), de transparencia activa (aunque no dice cómo se usarán las tecnologías para ello), de cierre de brecha digital (aunque solo se enfoca en la conectividad más no en el desarrollo de capacidades para el uso de las redes), de procesos judiciales (que aunque ya existe el expediente digital busca universalizarlo), y de mejorar los procesos administrativos mediante el uso de la tecnología. Asimismo, el plan indica: “a. Implementar la Red 5G. b. Incrementar el presupuesto del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones FITEL. c. Crear un régimen especial que acelere la ejecución y aprobación de proyectos en telecomunicaciones”.
Las dos visiones planteadas son dispares, siendo que lo planteado por Fuerza Popular, de cumplirse, tiene mayor cercanía con la Política 35 del Acuerdo Nacional, mientras que la propuesta de Perú Libre se queda en la parte política de la lucha ideológica y deja más preguntas que respuestas. Pero algo que debe plantearse es cómo hacer que ningún peruano o peruana quede excluido de la construcción de un Perú Digital, que además debe respetar todos los derechos humanos, de manera especial la libertad de expresión y de acceso a la información, sin vulneración ni censura ni control previo por parte del Estado. Quien ponga sobre la mesa el respeto irrestricto de Internet, de acuerdo con lo expresado en el Acuerdo Nacional, sin duda tendrá mi voto.